MONTEVIDEO – Cuando las fuerzas especiales estadounidenses capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa en una residencia presidencial de Caracas el 3 de enero, matando al menos a 24 agentes de seguridad venezolanos y 32 agentes de inteligencia cubanos en el proceso, muchos en la oposición venezolana se atrevieron a albergar brevemente la esperanza.
Especularon que la intervención podría finalmente traer la transición democrática frustrada cuando Maduro se atrincheró en el poder tras perder las elecciones de julio de 2024.
Pero en cuestión de horas, esas esperanzas se vieron frustradas.
el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos ahora «dirigiría» Venezuela y la vicepresidenta Delcy Rodríguez prestó juramento para sustituir a Maduro como presidenta encargada.
La soberanía de Venezuela había sido violada dos veces: primero por un régimen autoritario que usurpó la voluntad popular y luego por una potencia externa que violó deliberadamente el derecho internacional.
Una intervención cínica
Bajo el mandato de Trump, Estados Unidos ha abandonado cualquier pretensión de promover la democracia. Trump envolvió la intervención en la retórica de las operaciones antinarcóticos, mientras se deleitaba abiertamente con las reservas de petróleo, los yacimientos de tierras raras y las oportunidades de inversión de Venezuela.
Dejó claro en repetidas ocasiones que la hegemonía regional de Estados Unidos es la prioridad número uno.
Su desprecio por el derecho de los venezolanos a la autodeterminación era explícito: cuando se le preguntó por la líder de la oposición María Corina Machado, Trump la descartó por carecer de «respeto» y «capacidad de liderazgo».
El mensaje al movimiento democrático venezolano era claro: vuestra lucha no importa, solo importan nuestros intereses.
Irónicamente, la intervención estadounidense logró lo que años de propaganda de Maduro no consiguieron, dando un impulso a la retórica antiimperialista.
Durante décadas, los regímenes autoritarios latinoamericanos han justificado la represión señalando la amenaza de la intervención estadounidense, aunque se tratara en gran medida de una queja histórica.
Ya no es así: Trump ha dado a todos los dictadores latinoamericanos la justificación perfecta para continuar con su régimen autoritario.
La respuesta global ha sido igualmente reveladora. Los defensores más acérrimos de la soberanía nacional son potencias autoritarias como China, Irán y Rusia: Estados que violan habitualmente los derechos de sus ciudadanos expresaron su «solidaridad con el pueblo de Venezuela» y se posicionaron como defensores del derecho internacional.
Al violar descaradamente un principio fundamental del orden internacional posterior a 1945, Trump hizo que los líderes de algunos de los regímenes más represivos del mundo parecieran los adultos de la sala.
Y en toda América Latina, el debate político ha cambiado drásticamente: la cuestión ya no es cómo restaurar la democracia en Venezuela, sino cómo evitar la próxima aventura militar de Estados Unidos en América Latina.
El autoritarismo continúa
Mientras tanto, el régimen autoritario de Venezuela permanece intacto. Maduro puede estar en una cárcel y ante un tribunal de Nueva York, pero las estructuras que lo mantuvieron en el poder —el ejército corrupto, la inteligencia cubana infiltrada, las redes clientelares y el aparato represivo— siguen sin cambios.
Es probable que Rodríguez intente ganar tiempo, alegando que Maduro podría regresar en cualquier momento para evitar convocar elecciones, mientras negocia discretamente acuerdos petroleros con empresas estadounidenses y reafirma el control autoritario.
Tanto para Rodríguez como para Trump, la democracia parece un obstáculo inconveniente para la extracción de recursos.
Para la sociedad civil venezolana, esto plantea verdaderos dilemas.
Al tomar posesión de su cargo, Rodríguez denunció la operación que la puso al mando y prometió que Venezuela «nunca más sería una colonia de ningún imperio».
Se ha envuelto en la bandera, enmarcando la continuidad del régimen como una postura patriótica contra el imperialismo occidental, y ahora puede tachar fácilmente a los activistas de la oposición que llevan mucho tiempo exigiendo presión internacional en favor de la democracia como traidores que colaboran con potencias extranjeras.
Esto a pesar de ser una miembro del régimen que acogió a la inteligencia cubana, a los mercaderes de petróleo iraníes y a los asesores militares rusos, y que ahora está negociando acuerdos petroleros con Estados Unidos y cruzando su propia línea roja al prometer cambios legales para permitir la inversión privada.
Una solución venezolana para Venezuela
Pero puede que haya algunas grietas en el régimen. Con la marcha de Maduro, las fricciones dentro del partido gobernante se han hecho evidentes. Por ejemplo, ha habido desacuerdos evidentes sobre cómo manejar la presión para liberar a los más de 800 presos políticos de Venezuela, aunque Rodríguez anunció una amnistía general el 30 de enero.
Esto puede brindar oportunidades que el movimiento democrático puede aprovechar.
Es el momento de que la oposición democrática recupere la narrativa. Inmediatamente después de la intervención, las familias de los presos políticos organizaron vigilias frente a los centros de detención, exigiendo liberaciones que el gobierno hasta ahora solo ha cumplido parcialmente.
La sociedad civil debe amplificar estas voces, dejando claro que cualquier acuerdo de transición requiere el desmantelamiento del aparato represivo, y no solo un cambio de caras en la cúpula.
Una amplia coalición de organizaciones de la sociedad civil ha presentado diez reivindicaciones que trazan el camino hacia la transición democrática.
Piden la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, el desmantelamiento de los grupos armados irregulares, el acceso sin restricciones de los observadores de derechos humanos y la ayuda humanitaria y, lo que es más importante, unas elecciones presidenciales libres y justas con observadores internacionales.
Estas reivindicaciones merecen el respaldo internacional, no como condiciones para los contratos petroleros, sino como requisitos no negociables para cualquier gobierno que pretenda representar a Venezuela.
Las fuerzas democráticas de Venezuela pueden aceptar la marginación mientras Trump y Rodríguez se reparten los recursos de su país, o aprovechar este momento caótico para impulsar una agenda democrática genuinamente venezolana.
Eso significa rechazar tanto el autoritarismo de Maduro como la intervención de Trump, e insistir en que cualquier legitimidad que reclame el gobierno de Rodríguez debe provenir de los votantes venezolanos, no de las fuerzas armadas estadounidenses ni de los contratos petroleros.
Sin embargo, cualquier oportunidad puede estar cerrándose rápidamente. La pregunta es si el movimiento democrático venezolano podrá aprovecharla para construir el país por el que ha luchado, o si seguirá siendo un mero espectador mientras otros deciden su destino.
Inés M. Pousadela es especialista sénior en Investigación de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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