RÍO DE JANEIRO – El Supremo Tribunal Federal, que vivió el auge de su poder y prestigio en 2025, al condenar el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y seis generales por intento de golpe de Estado, enfrenta ahora una crisis que vuelve más vulnerable la democracia en Brasil.
El caso del Banco Master, liquidado por el Banco Central el 18 de noviembre de 2025, con deudas a pagar de 40 600 millones de reales (7800 millones de dólares), pone en riesgo por lo menos a dos de los 11 jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) y decenas de políticos, incluyendo a miembros del gobierno actual en Brasilia.
Ese escándalo, en una fase de investigación que promete muchas sorpresas, se suma a la del Instituto Nacional de Seguridad Social, que administra el sistema general de previsión social, con millones de jubilados y pensionistas que tuvieron parte de sus ingresos sustraída sin consentimiento, supuestamente por sindicatos y asociaciones.
“La tensión es grande. Se camina en el filo de la navaja. Es difícil que estalle porque hay fuertes intereses en juego que tratan de negociar un acuerdo para evitar que todos pierdan, pero puede estallar”: Elimar do Nascimento.
“La tensión es grande. Se camina en el filo de la navaja. Es difícil que estalle porque hay fuertes intereses en juego que tratan de negociar un acuerdo para evitar que todos pierdan, pero puede estallar”, resumió el sociólogo Elimar do Nascimento, profesor de la Universidad de Brasilia y observador permanente de la coyuntura política nacional.
El STF, guardián de la Constitución y la democracia, además de última instancia de la justicia común, ya sufrió daños en su credibilidad y vive una “situación delicada”, acotó a IPS, por teléfono desde Brasilia.
Además de presiones y batalla en muchos frentes, el tribunal vive bajo el acoso permanente de la extrema derecha que tuvo sus líderes nacionales y centenares de activistas condenados a penas de cárcel en juicios del STF, por el intento de golpe de Estado tras las elecciones perdidas de octubre de 2022.
La inhabilitación como meta
En Brasil la extrema derecha sueña inhabilitar algunos jueces que más se destacaron en la contención del golpe, especialmente Alexandre de Moraes, quien condujo las investigaciones que resultaron la prisión de Bolsonaro, los generales y centenares de activistas que destruyeron las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023.
Pero es otro juez, José Dias Toffoli, que aparece ahora como el principal candidato a la inhabilitación. Seria el primero en los 135 años de historia del STF.
La razón es que Toffoli asumió el 28 de noviembre de 2025, como relator, la conducción de las investigaciones del privado Banco Master, liquidado 10 días antes por el Banco Central, ante su insolvencia y sospechas de fraudes cometidas durante varios años.
El juez adoptó medidas polémicas, como imponer condiciones inusuales a la Policía Federal encargada de las investigaciones y determinar el secreto total del proceso.
Además, viajó a Lima, capital del Perú, en un avión particular acompañado de un abogado de la dirección del Banco Master, para asistir al partido final de futbol de la Copa Libertadores de América, el 29 de noviembre de 2025.
Luego se hizo público que su familia poseía una participación en el resort Tayayá, en Ribeirão Claro, ciudad de 12 000 habitantes en el interior del meridional estado de Paraná. La familia vendió su parte en el complejo hotelero a un fondo vinculado al Banco Master a comienzos de 2025.
La caída del juez
La situación de Toffoli se volvió insostenible desde el 9 de febrero, cuando la Policía Federal informó al presidente del STF, Edson Fachin, sobre conversaciones del juez con el dueño del Master, Daniel Vorcaro, en que se habla de pagos en dinero. Son diálogos grabados en teléfonos celulares.
Vorcaro fue encarcelado el 18 de noviembre, pero transferido a detención en su domicilio 11 días después con monitoreo por tobillera electrónica. En varias operaciones de búsqueda, la policía incautó decenas de teléfonos y computadoras del dueño y de directores del Banco Master.
Solo en febrero logró acceso a los diálogos grabados con una criptografía de protección que dificulta destapar el contenido.
Ante la información, Toffoli divulgó el 12 de febrero un comunicado en que admite ser socio de la empresa familiar Maridt que vendió su participación en el resort Tayayá a un fondo del cuñado de Vorcaro, Fabiano Zettel, directamente involucrado en los negocios supuestamente fraudulentos del banco.
Zettel fue uno de los donadores de dinero para la campaña electoral del entonces presidente Bolsonaro (2018-2022), derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva, en los comicios de octubre de 2022.
Se multiplicaron entonces las presiones de políticos y juristas para sacar Toffoli de la función de relator del proceso del Banco Master, por conflicto de intereses. No debería tener ese papel de juez en el caso, por sus relaciones y negocios con el grupo empresarial investigado.
Fachin convocó una reunión de todos los jueces del STF la noche del mismo día 12 para buscar una solución para los perjuicios a la credibilidad del tribunal. Toffoli aceptó renunciar a la función de relator, pero con una declaración de total apoyo de sus colegas, que descartaron motivos para alejarlo del caso.
Reputación en declive
Esa alternativa no estanca la erosión de la credibilidad del STF que sufre denuncias variadas. El juez Moraes también está involucrado en el escándalo Master, porque su mujer tiene un contrato de abogada del banco, con remuneración equivalente a 25 millones de dólares por tres años.
Además, Brasil tiene un sistema de justicia que es de los más caros del mundo, según continuas revelaciones sobre las remuneraciones adicionales que reciben los jueces y fiscales, despectivamente denominados “penduricalhos” (literalmente, objetos colgantes o adornos, en portugués).
Gran parte de los jueces ganan, así, muy por encima del máximo permitido por la Constitución que es el sueldo nada desdeñable de los jueces del STF, 46 366 reales (8900 dólares) mensuales.
Los pagos adicionales e irregulares al conjunto de jueces brasileños representaron más del equivalente a 3800 millones de dólares de agosto de 2024 a julio de 2025, según estimaron el Movimiento Personas Adelante y el economista Bruno Carazza, que investiga el llamado “patrimonialismo” que afecta el Estado brasileño.
La tendencia a adueñarse del presupuesto estatal es creciente. Los supersalarios de los jueces, es decir lo que excede el límite constitucional, aumentaron 49,3 % de 2023 a 2024, constató el mismo estudio.
Un juez brasileño gana seis veces lo que ganan miembros del Supremo Tribunal de Justicia de Portugal, cuatro veces la remuneración de jueces de las cortes constitucionales de Alemania, Argentina, Estados Unidos y Francia, según el estudio del Movimiento Personas Adelante.
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Pero los jueces del STF brasileño se caracterizan por reaccionar con abuso de su poder ante las denuncias. Varios periodistas tuvieron que pagar abultadas indemnizaciones o responder a numerosos procesos por divulgar esas remuneraciones excesivas.
El poder judicial registra los mayores supersalarios, pero se trata de un fenómeno muy extendido entre los funcionarios públicos del Estado brasileño.
Flávio Dino, el juez más nuevo en el STF (tomó posesión el 22 de febrero de 2024), decidió combatir esos abusos. Determinó que son ilegales todas las remuneraciones por encima del techo no justificadas, como las indemnizaciones legalmente reconocidas.
Su decisión debe intensificar las tensiones políticas e institucionales en este año de elecciones casi generales, para presidente, senadores y diputados de ámbito nacional, junto con gobernadores y diputados de los 27 estados.
Como el Senado es el foro que juzga los pedidos de inhabilitación, tanto del presidente como de los jueces del STF, la extrema derecha definió como su prioridad la elección de una mayoría propia de senadores en los comicios de octubre.
Inhabilitar una de esas autoridades exige mayoría de dos tercios, o 54 de los 81 senadores. Es casi imposible alcanzarla, pero el Partido Liberal de Bolsonaro, que concentra la mayor parte de los ultraderechistas, espera tener la adhesión de la derecha democrática y otros legisladores insatisfechos.
Una encuesta del Instituto Datafolha registró, en junio de 2025, que 58 % de los entrevistados sienten “vergüenza” de los jueces del STF, pero un índice similar de esa respuesta, dos puntos más o menos, recibieron los diputados, senadores y el presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
ED: EG
