GINEBRA – Las elecciones impuestas por los militares en Myanmar irrespetaron derechos fundamentales y solo sirvieron para exacerbar la violencia y la polarización social en ese país, afirmó este viernes 30 el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
Türk dijo que “la profunda y generalizada desesperación que sufre el pueblo de Myanmar no ha hecho más que agravarse con las recientes elecciones organizadas por los militares”, que el 1 de febrero de 2021 asumieron el poder mediante un golpe de Estado y desataron una cruenta represión contra toda disidencia.
Tras la represión por las protestas contra el golpe de Estado surgieron grupos de resistencia armada que mantienen en situación de guerra civil a parte de ese país del sudeste asiático, también conocido por su antiguo nombre de Birmania, de 676 000 kilómetros cuadrados y unos 56 millones de habitantes.
Cinco años después del golpe, del 28 de diciembre de 2025 al 25 de enero de 2026, se han celebrado unas elecciones en 263 de los 330 municipios del país, para establecer un nuevo parlamento que podría conformar un nuevo gobierno.
Los militares se reservaron 25 % de los asientos en la nueva legislatura y prohibieron la participación de los partidos políticos que en las elecciones inmediatamente antes del golpe de 2021 habían cosechado 90 % de los sufragios.
De manera destacada, se excluyó a la Liga Nacional para la Democracia (LND), del depuesto presidente Win Myint y que lidera la premio Nobel de la Paz 1991 Aung Sun Suu Kyi. Ambos permanecen detenidos en lugares no revelados, recordó Türk.
El Partido de la Unión, la Solidaridad y el Desarrollo (PUSD), alineado con los militares, se impuso con holgura en las primeras etapas de las elecciones (28 de diciembre y 11 de enero), serpa mayoría y podrá formar un gobierno.
Türk destacó que las elecciones se verificaron “a menudo exclusivamente en centros urbanos bajo control militar y con una participación limitada en zonas de conflicto”.
La prensa reporta actividad armada y control por grupos insurgentes de poblaciones y áreas rurales y de frontera en más de un tercio del país.
Como resultado, “grandes segmentos de la población, especialmente los desplazados y las minorías, como la etnia rohinyá, quedaron excluidos”, dijo Türk.
Dos tercios de la población birmana son de la etnia bamar, mayormente de confesión budista, pero existen hasta otros 130 grupos y subgrupos étnicos, lo que ha alimentado rivalidad, discriminaciones y conflictividad en muchas zonas del país.
Por ejemplo, los rohinyás, habitantes del noroeste y en su mayoría de fe musulmana, han sido discriminados y perseguidos durante años. Más de un millón de personas de esa minoría sobreviven como refugiados en las vecinas Bangladés y Tailandia.
Muchas comunidades están entrampadas en medio de las luchas entre el ejército y las insurgencias guerrilleras por control territorial, y por ello durante el período de elecciones continuaron y se acentuaron los hechos de violencia y represión.
La oficina de Türk (Acnudh) aseguró que “fuentes fidedignas verificaron que 170 civiles murieron en unos 408 ataques aéreos militares durante el período electoral, entre diciembre de 2025 y enero de 2026”.
Las organizaciones de derechos humanos Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) y Fortify Rights (que actúa en el sudeste asiático) denunciaron que la Junta Militar que dirige el general Min Aung Hlaing, jefe del ejército, intensificó sus ataques aéreos contra personas e infraestructuras civiles.
Incluso se han utilizado drones armados, paramotores y autogiros, en ataque ilícitos con civiles inermes como blanco. Recordaron que Myanmar es de los pocos países cuyas fuerzas armadas todavía utilizan municiones de racimo y minas terrestres antipersonales, prohibidas por acuerdos internacionales.
Acnudh recibió informes de que el 22 de enero, en el municipio de Bhamo, en el estado de Kachin (norte, hogar del grupo étnico kachin), un ataque aéreo militar contra una zona poblada sin presencia de combatientes mató a 50 civiles.
Se reportaron casos de coerción electoral en todo el país. En un incidente emblemático, el 6 de enero de 2026, más de 100 aldeanos de la región de Sagaing (noroeste) fueron detenidos arbitrariamente y obligados a emitir su voto por adelantado. Fueron liberados al día siguiente.
Las organizaciones de derechos humanos han dado cuenta de más de 30 000 detenciones por motivos políticos durante el gobierno militar. Asimismo, se estima que quienes continúan tras las rejas por esa causa son más de 22 000.
Türk pidió nuevamente la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente, incluida la líder Aung Sun Suu Ky, y el presidente Win Myint.
“Hago un llamamiento a la comunidad internacional, en particular a los Estados con influencia, para que redoblen sus esfuerzos para poner fin a la violencia. Ahora es el momento de encontrar nuevas vías para restablecer la democracia y el respeto de todos los derechos humanos” en Myanmar, concluyó Türk.
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