RÍO DE JANEIRO – Una mujer atropellada y arrastrada bajo el automóvil por cerca de un kilómetro queda como el signo de la creciente violencia contra las mujeres, cuyos niveles epidémicos en Brasil inquietan y moviliza a la sociedad.
Tainara Souza Santos murió a los 31 años el 24 de diciembre de 2025 en São Paulo, tras 25 días en un hospital donde se intentó salvarla de las heridas provocadas por su expareja, que usó el auto como arma en la agresión en lo que conmocionó el país. Ella tuvo sus piernas amputadas y sufrió por lo menos otras tres cirugías.
El video de una cámara vial de seguridad registró el atentado, lo que facilitó el arresto del agresor al día siguiente.
Otros feminicidios de gran repercusión en el final de 2025 desataron la alarma. Un hombre incendió la casa donde vivía con su compañera y sus cuatro hijos pequeños en Recife, capital del estado de Pernambuco, en el noreste de Brasil, el 29 de noviembre. Los cuatro murieron carbonizados.
“La violencia contra las mujeres es un problema estructural. Tiene raíces profundas, normas, valores, creencias que reafirman la desigualdad entre los géneros y promueven la aceptación de esas prácticas violentas, que por ende se reproducen en nuestra sociedad”: Cristina Neme.
La oleada de asesinatos tuvo como respuesta una protesta nacional del movimiento ¡Mujeres Vivas, Levántense!, que promovió el 7 de diciembre manifestaciones en por lo menos 89 ciudades brasileñas.
“La violencia contra las mujeres es un problema estructural. Tiene raíces profundas, normas, valores, creencias que reafirman la desigualdad entre los géneros y promueven la aceptación de esas prácticas violentas, que por ende se reproducen en nuestra sociedad”, señaló Cristina Neme, coordinadora de proyectos del no gubernamental Instituto Sou da Paz.
Las leyes no evitan la violencia
Brasil avanzó en la legislación que penaliza la violencia de género. Desde 2006 cuenta con la ley Maria da Penha, que tipifica los delitos de violencia doméstica y familiar contra las mujeres, establece penas y medidas de prevención y atención a las víctimas.
Lleva el nombre de una farmacéutica de Ceará, un estado del nordeste brasileño, que sufrió dos atentados a su vida, a tiros y por electrocución, además de innumerables agresiones, cometidas por su marido, en los años 80.
Quedó parapléjica y luchó en la justicia por la condena del exmarido que solo fue encarcelado en 2002. Condenado en dos juicios, en 1991 y 1996, logró postergar su prisión por recursos judiciales en que alegó irregularidades procesuales.
El caso movilizó organizaciones feministas y de derechos humanos que lo llevaron a cortes internacionales y terminaron por lograr la aprobación de la ley en el Congreso legislativos en 2006.
Otra ley, de 2015, tipificó el crimen de feminicidio, en que la víctima es asesinada por el simple hecho de ser mujer, con penas previstas de 12 a 30 años de cárcel. Luego, en 2024, otra ley elevó la pena a entre 20 y 40 años.
Pese a esas legislaciones, el feminicidio y otros tipos de violencia contra las mujeres crecen en las estadísticas.
Eso ocurre especialmente en los intentos de feminicidio, que registran “un gran aumento desde 2022”, según Juliana Brandão, investigadora sénior del Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP).
El último informe anual del FBSP, de 2025, apunta que hubo 1492 feminicidios en 2024, con un aumento de 0,9 % en comparación con 2023, mientras los intentos de homicidios machistas sumaron 3870 y un incremento de 19 %.
Misoginia en las redes digitales
La tendencia al agravamiento, en contradicción con leyes más severas, coincide con el ascenso político de la extrema derecha, que gobernó el país entre 2019 y 2022 con el presidente Jaír Bolsonaro, y “el aumento exponencial de sitios web misóginos y antifeministas” desde 2022, según datos del Ministerio de las Mujeres, destacó Brandão.
“Son fenómenos paralelos, más influencia de la ‘machosfera’, más intentos de feminicidio”, sostuvo Brandão a IPS, por teléfono desde São Paulo. Por “machosfera” entiende el conjunto de sitios web y perfiles en las redes sociales que difunden ideas machistas y el odio a las mujeres.
“Cuanto más mujeres logran una mejor inserción en la política, la economía y la cultura, saliendo del límite doméstico a la arena pública, más fuerte es la reacción, con el mensaje de que ese no es un espacio para la mujer”, acotó.
La legislación no logra por si sola contener esa tendencia impulsada por una “cultura antifeminista arraigada en la extrema derecha”, de odio a las luchas por igualdad de género y de la violencia como forma de solución de conflictos, lamentó.
Brandão, una abogada, considera que los intentos en alza de los feminicidios comprueban que el delito es un acto planificado, premeditado, que se alimenta de la propagación en las redes sociales, con sus orientaciones, planes y motivos de odio para los ataques a las mujeres.
El conocimiento acumulado sobre las agresiones contra las mujeres registra su repetición y recrudecimiento hasta culminar en el feminicidio.
“La legislación es importante para que el sistema de justicia esté atento, reconozca la violencia contra las mujeres”, pero como se trata de delitos causados por factores múltiples, es necesario un conjunto de medidas para debelar esa criminalidad específica, propone Brandão.
Políticas públicas con presupuesto
La prevención de las violencias, que comprenden violaciones y acoso sexuales, agresiones físicas y sicológicas, en el ambiente doméstico y en el público, exige políticas públicas de promoción de los derechos humanos y reducción de las desigualdades de género, sostuvo la abogada.
Eso comprende políticas de redistribución del ingreso, para superación de “las relaciones asimétricas, de la dependencia en relación a la pareja”, ejemplificó.
Además, hace falta una red de apoyo a las víctimas desde la denuncia hasta el acceso a una justicia eficiente y la reorganización de sus vidas. En resumen, políticas públicas con presupuesto suficiente, reclamó la abogada. Hubo retrocesos en los recursos públicos destinados a esas políticas, lamentó.
La legislación actual prevé tanto el castigo a los agresores como una red de acogida y asistencia a las víctimas para su protección y para que puedan “rehacer sus vidas fuera del círculo de violencia que puede conducir al feminicidio”, subrayó Neme a IPS desde São Paulo.
Pero “esos mecanismos necesitan ganar eficacia, presencia en todos los municipios, ya que la violencia ocurre en los territorios, en el cotidiano de ciudades grandes, medianas y pequeñas”, matizó.
Ese acceso amplificado debe involucrar las comisarias de atendimiento especializado a las mujeres, centros de acogida, asistencia jurídica y social, “un gran desafío para las políticas públicas” en que es indispensable articular los gobiernos de distintos niveles, el poder judicial y la policía, sostuvo.
Todo eso se hace más necesario ahora que los medios digitales y las redes sociales “potencializan y generan nuevas dinámicas de agresiones, odios e intolerancia que promueven la violencia basada en género”, concluyó.
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Los feminicidios, reconocidos como un crimen específico solo hace 10 años, ya constituyen un grave problema social. En 2023 el legislativo Congreso Nacional aprobó una ley que concede una pensión especial a los niños y adolescentes huérfanos de madres asesinadas por razón de género.
La inquietud por ese aparente retroceso en la civilización estimula estudios, además de protestas.
La Universidad Estatal de Londrina, una ciudad de 580 000 habitantes en el interior del meridional estado de Paraná, creó en 2022 el Laboratorio de Estudios de Feminicidios (Lesfem) que monitorea la evolución del tema, con apoyo de otras dos universidades.
Sus últimos datos apuntan 5582 feminicidios intentados y consumados en enero-octubre de 2025, un aumento de 32,6 % sobre el mismo período de 2024. Los casos consumados corresponden a 31,48 % del total, es decir casi mitad de los intentos.
Las estadísticas apuntan las mujeres negras y pobres como la gran mayoría de las víctimas, pero es São Paulo, el más rico entre los 26 estados brasileños, el que registra el aumento más preocupante.
Fueron 930 feminicidios intentados y consumados en enero-octubre de 2025, 42,8 % más que en igual período de 2024, según Lesfem. En la capital, São Paulo, que tiene 11,9 millones de habitantes, la policía registró 53 feminicidios consumados en los 10 primeros meses de 2025, superando los 51 de todo el año de 2024.
Las acciones para prevenir esas muertes también proliferan. En Brasilia, con sus tres millones de habitantes, el gobierno local creó el programa Viva Flor que distribuye a mujeres amenazadas un aparato para pedir socorro policial en pocos minutos. Un equipo de agentes especializados queda disponible 24 horas al día para atender las llamadas.
El gobierno del estado de Paraná desarrolló un sistema, llamado el Algoritmo de Revictimización, mediante el cual se busca evitar que las agresiones contra las mujeres se repitan y recrudezcan. Ya procesa cerca de 15 millones de denuncias para identificar donde se pueden repetir los delitos y evitarlos.
ED: EG
