YANGÓN, Myanmar / CHIANG MAI, Tailandia – Retenida en régimen de incomunicación en condiciones carcelarias inhumanas durante casi cinco años, es muy probable que Aung San Suu Kyi ni siquiera sepa que el lunes 12 la Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha abierto un caso histórico en el que se acusa a Myanmar de cometer genocidio contra la minoría rohinyá hace una década.
Si las noticias llegaran a filtrarse desde el mundo exterior a su celda, la ganadora del Premio Nobel de la Paz 1991 y líder derrocada del gobierno electo de Myanmar seguramente estaría reflexionando sobre cómo es posible que los generales a los que defendió firmemente en La Haya en las audiencias preliminares del caso en 2019 sean ahora sus carceleros.
El caso ante la CIJ, el máximo tribunal de la ONU, lo presentó Gambia e imputa a Myanmar por cargos de genocidio que se remontan a la ofensiva de 2016-2017 de las fuerzas militares y las milicias budistas contra la minoría musulmana rohinyá
Miles de personas fueron asesinadas, aldeas incendiadas y mujeres violadas, lo que culminó con más de 700 000 rohinyás obligados a cruzar la frontera y refugiarse en Bangladés.
El juicio en la sede de la CIJ en La Haya se prolongará hasta el 29 de enero y procesa a Myanmar, también conocida por su antiguo nombre de Birmania, por violación de la Convención contra el Genocidio, en un “patrón de conducta” con una “intención de destruir” a la minoría musulmana en el estado de Rakhine, donde se concentrabaja la población rohinyá.
Este vienes 16, los delegados del regimen militar myanma, establecido tras un golpe militar en 2021, defendieron ante la CIJ que la ofensiva en Rakhine fue parte de una campaña contra el terrorismo, y no un acto dirigido contra la minoría rohinyá.
Ello contradice como las fuerzas militares perpeteraron asesinatos masivos, inclementes violaciones y quemas de miles de hogares en una actuación contra los rohinyás, calificada como una acción de «limpieza étnica».
Esas mismas fuerzas tomaron el poder el 1 de febrero de 2021, un día antes que los grupos demócratas encabezados por Aung San Suu Kyi iniciarán un nuevo gobierno tras su arrollador triunfo en las elecciones de noviembre anterior, en que las organizaciones impulsadas por los militares se habían hundido.
Cuando Aung San Suu Kyi acudió a La Haya para defender la actuación militar ante la CIJ, su reputación ya estaba muy mancillada en Occidente. En 2017, el St Hugh’s College de la británica Universidad de Oxford, su alma máter, retiró su retrato de la vista del público.
En 2018 Amnistía Internacional se unió a numerosas instituciones y ciudades que revocaron los premios que le habían concedido, consternadas por el hecho de que ni siquiera hubiera utilizado su autoridad moral como jefa de Gobierno para condenar la violencia.
Su premio Nobel de 1991 se mantuvo porque no existían normas para revocarlo.
En paralelo, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) solicitó en noviembre de 2025 una orden de detención contra Min Aung Hlaing, el jefe de la junta militar que gobierna Myanmar, y que comandaba el ejército durante su campaña en Rakhine.
La CPI, que a diferencia de la CIJ juzga a personas y no a Estados por crímes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, pretende acusar al dictador myanma por presuntos crímenes contra la humanidad cometidos contra los rohinyás.
Para colmo de males, el hecho de que Aung San Suu Kyi encabezara el equipo legal de Myanmar ante la CIJ puede haber sellado su destino con los generales, en lugar de preservar su difícil acuerdo de reparto del poder.
«En ese momento, su credibilidad quedó destrozada y perdió el apoyo de Occidente», comentó un veterano analista en Yangón, la antigua Rangún, la mayor ciudad de Myanmar y su centro económico.
Según el experto, «fue entonces cuando los militares decidieron actuar contra ella y comenzaron a planear su golpe», al considerar el general Min Aung Hlaing y sus militares que la comunidad internacional no la respaldaría.
Aung San Suu Kyi cumplió 80 años en prisión en junio y este mes totalizan 20 los años que ha pasado en prisión o en arresto domiciliario, tras volver a Birmania en 1988.
No ha visto a sus abogados desde hace dos años y cumple condenas que suman 27 años por una serie de cargos, entre ellos corrupción, que sus seguidores consideran falsos.
Aunque en gran parte olvidada o considerada irrelevante fuera de su país, en Myanmar la llamada «Madre Suu» sigue siendo muy popular, incluso venerada, al menos entre la mayoría budista bamar, y su destino sigue influyendo en el curso del futuro del país.
Muchos en Myanmar consideran que las elecciones por etapas organizadas por la junta, que ahora se están celebrando en las zonas del dividido país que controla, son una farsa total.
Pero la gente dentro del país se atreve a esperar que el general Min Aung Hlaing, posiblemente el próximo presidente, libere a Aung San Suu Kyi y al presidente depuesto Win Myint, entre otros presos políticos.
Se espera que el partido representante del ejército haga algún tipo de gesto después de que el gobierno nominalmente civil asuma el poder en abril, tras unas elecciones no reconocidas por la comunidad internacional.
Sin embargo, los combatientes de la resistencia y los miembros del Gobierno de Unidad Nacional (NUG, en inglés), paralelo al militar y que opera en zonas fuera del control de la junta, siguen mostrándose escépticos.
«La posibilidad de la liberación de Aung San Suu Kyi sigue estando muy limitada por el actual equilibrio de poder. Para Min Aung Hlaing, su libertad socavaría fundamentalmente la autoridad del régimen, lo que le da fuertes incentivos para mantenerla aislada mientras el ejército siga ‘en control’ del poder», dijo David Gum Awng, viceministro de Relaciones Exteriores del NUG, a IPS fuera de Myanmar.
Según él, la «vía creíble para avanzar» es tomar la capital, Nay Pyi Taw, donde se cree que está encarcelada Aung San Suu Kyi, y desmantelar el régimen militar, al tiempo que se alcanza un amplio acuerdo político o una coalición entre las fuerzas de la resistencia.
«Esto exigiría un enorme esfuerzo colectivo, una coordinación a gran escala y una alianza y un pacto político y militar mucho más sólidos», añadió, refiriéndose a la lucha del NUG por forjar acuerdos entre los dispares grupos armados étnicos que han resistido a sucesivos regímenes militares y, en ocasiones, han luchado entre sí durante décadas.
Un excapitán del ejército, que desertó para unirse a grupos de resistencia civiles fuera de Myanmar, dijo a IPS que le gustaba la «Madre Suu» y que toda su familia había votado por su Liga Nacional para la Democracia en las elecciones de 2020, cuando su gobierno fue reelegido por mayoría aplastante, solo para que los generales anularan los resultados en su golpe de Estado de febrero siguiente.
«Pero ahora le resulta muy difícil ser líder. No vemos que se produzcan cambios. Ming Aung Hlaing la mantendrá detenida todo el tiempo que pueda. Trabajé con él y conozco su personalidad, y basándome en eso, sé que no la liberará. Es un hombre vengativo», afirmó.
Para la generación más joven, que pagó un alto precio en las protestas callejeras masivas reprimidas por los militares a principios de 2021 y luego huyó para unirse a las fuerzas de resistencia que surgieron en todo el país, parece que es hora de dejar atrás la era de Aung San Suu Kyi.
«Es hora de un nuevo líder. Ella es mayor. La generación Z no la escuchará», comentó un trabajador de un hotel que también elogió su legado.
El NUG y la nueva generación están empezando a reconocer los abusos y agravios históricos cometidos por los sucesivos líderes de Myanmar contra la comunidad rohinyá, que ha condenado a la mayoría de sus miembros a una condición de apátridas.
Algunos siguen las noticias de las audiencias de la CIJ iniciadas el lunes 12 y afirman abiertamente que el papel de Aung San Suu Kyi en 2019 en la defensa del ejército contra las acusaciones de genocidio fue moralmente incorrecto y que acabó debilitando su propio liderazgo local y mundialmente.
«Ahora no está ahí para defenderlos», comentó un joven que se vio obligado a huir de Myanmar cuando el ejército persiguió a su padre, un destacado activista.
Las personas que la conocen desde hace años parecen estar en desacuerdo sobre lo que realmente motivó a Aung San Suu Kyi a dar ese fatídico paso en La Haya.
¿Fue el orgullo de defender a su país como hija de Aung San, héroe de la independencia y fundador del ejército moderno? ¿O calculó erróneamente que era su única vía para introducir reformas políticas y económicas que frenaran el poder de los generales?, son algunas de las preguntas que se hacen.
Y otra más: ¿Era simplemente uno de ellos, una nacionalista budista de la mayoría bamar que se mostraba escéptica sobre el federalismo real y veía a los rohinyás como migrantes que no «pertenecían» a Myanmar y eran una amenaza para su religión dominante?
En un país en el que una fuerza poderosa sigue comprometida con un pasado que es rechazado por una gran mayoría de su población, estas preguntas sobre la forma que tomará el futuro de Myanmar siguen siendo muy relevantes, al igual que el destino de una mujer.
T: MF / ED: EG
