GINEBRA – Más de 30 expertos de las Naciones Unidas en derechos humanos condenaron el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela el 3 de enero, y se declararon preocupados por el impacto sobre las libertades fundamentales del “estado de conmoción exterior” que rige desde entonces en el país sudamericano.
Condenaron “inequívocamente” la intervención militar de Estados Unidos, que causó un centenar de muertos y la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, como “una violación deliberada de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional”.
“Es gravemente preocupante que, tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, esta sea la segunda vez en cuatro años que un miembro permanente del Consejo de Seguridad lleva a cabo un ataque armado en flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas”, afirmaron los expertos.
Se trata de relatores independientes y grupos de trabajo que actúan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en esta ciudad suiza de Ginebra.
Abundaron indicando que “la prohibición de violar la soberanía nacional mediante ataques armados no provocados se aplica incluso en el contexto de graves violaciones de los derechos humanos y restricciones a las libertades como las documentadas en Venezuela”.
Expresaron su preocupación por los efectos sobre los derechos humanos del decreto de “estado de conmoción exterior” de Venezuela, activado el mismo 3 de enero, y el cual restringe libertades ciudadanas como los derechos de asociación, reunión, manifestación y libre tránsito.
Además, se ordena la detención inmediata de toda persona “involucrada en la promoción o apoyo del ataque armado de Estados Unidos”, lo que incluiría el apoyo público o celebración de la captura del presidente y de su esposa, en un país en el que la oposición reivindica aún haber ganado la elección presidencial de julio de 2024.
Los expertos de la ONU dijeron que “durante este crítico período posterior al ataque, debe garantizarse que el estado de emergencia se aplique conforme a los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y no discriminación, que respete los derechos no derogables en virtud del derecho internacional”.
En particular, “que no sea utilizado para profundizar la persecución y/o criminalización de personas percibidas como opositoras”.
“La democracia y el estado de derecho no puede restablecerse de manera sostenible sin libertades fundamentales, separación de poderes, independencia judicial, autonomía del ministerio público y desmilitarización del gobierno civil”, recalcaron.
También afirmaron que “se requieren investigaciones independientes, imparciales, exhaustivas y prontas, así como el enjuiciamiento de las violaciones de derechos humanos ocurridas durante los últimos veinte años para garantizar justicia, verdad, rendición de cuentas y reparación para todas las víctimas”.
Consideraron que “una prioridad absoluta debe ser determinar la suerte y el paradero de las personas desaparecidas forzosamente, y la liberación incondicional de todas las detenidas arbitrariamente”.
En las últimas dos semanas el gobierno y los tribunales han excarcelado -bajo régimen de libertad condicional- a decenas de personas consideradas detenidas por motivos políticos. Centenares aún permanecen tras las rejas, según organizaciones no gubernamentales de derechos humanos.
Los expertos de la ONU insistieron en que se requiere “una protección robusta contra la represión de la sociedad civil, periodistas, personas defensoras de los derechos humanos y personas percibidas como opositoras”.
Finalmente, a la vista de la intervención de autoridades de Washington en la conducción del gobierno venezolano, reiteraron que “cualquier decisión unilateral de Estados Unidos de poner a Venezuela temporalmente bajo su control violaría el derecho internacional y los derechos humanos”.
Entre los expertos que suscriben la declaración figuran Gina Romero, relatora sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; Cecilia Bailliet, experta en derechos humanos y solidaridad internacional, y Morris Tidball-Binz, relator sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
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