SAN GERÓNIMO TLAMACO, México – La mexicana Citlali Martínez ha vivido siempre rodeada de industrias contaminantes, como fábricas de agroquímicos, cemento o pinturas. “Por eso peleamos. Ni siquiera han resuelto la problemática que tenemos por décadas”, señala a IPS esta ingeniera en recursos naturales renovables.
“Hemos sufrido un deterioro significativo en la salud de nuestros habitantes debido a la contaminación ambiental”, detalla.
La localidad, de más de 3000 habitantes y perteneciente al municipio de Atitalaquia, en el central estado de Hidalgo –vecino a Ciudad de México–, alberga todo tipo de plantas industriales. La población ha sufrido explosiones de fábricas de agroquímicos, derrames y fugas variadas, en una región donde hay cultivos de maíz, alfalfa, cebada y hortalizas.
“Creen que nos pueden meter contaminación”, denuncia Martínez en la localidad situada a algo más de 100 kilómetros de Ciudad de México.
“Dicen que es justicia ambiental, pero no es cierto. La basura solo es un pretexto. Es más de lo mismo, lo mismo que nos prometen siempre. No está dirigido a reducir la generación de basura”: Citlali Martínez.
IPS constató la gravedad de la situación en un recorrido por la zona, producto de la libertad de contaminación en el país y que se materializa en quema de residuos de cementeras, ríos envenenados por residuos agrícolas, urbanos e industriales; una refinería de la estatal Petróleos Mexicanos y una central eléctrica muy sucia de la también estatal Comisión Federal de Electricidad.
Cuando llega un visitante, inmediatamente el veneno presente en todas sus formas irrita la garganta y los ojos, sensación que se acrecienta mientras más cercana está la fuente tóxica.
El nuevo motivo de preocupación de varias comunidades emana del proyecto Parque Ecológico y de Reciclaje Hidalgo (Perh), que impulsa la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente y Recursos Naturales para los municipios de Atitalaquia, Tlaxcoapan y Tula, y que someterá a una consulta pública, sin valor legal, el 14 de diciembre, para una población que supera 175 000 personas.
Planificado sobre 683 hectáreas (ha), la iniciativa abarca un parque ecológico sobre 40 ha y una planta de procesamiento de basura sobre 20 ha, con una inversión privada superior a 1000 millones de dólares y que operaría desde 2027.
El Perh separará residuos, reciclará plásticos, llantas (neumáticos), cascajo (piedras pequeñas y fragmentos pétreos), cartón y papel. Incluye también la instalación de biodigestores para generar biogás y composta de la basura orgánica, así como plantas de tratamiento de agua para reusar el líquido que utilizarán las empresas que operen allí.
El parque tiene un fuerte componente corporativo, pues la privada corporación mexicana de construcción y cemento Cemex administrará su desarrollo y arrendará espacio a particulares interesados.
El proyecto integra la visión de economía circular que el gobierno mexicano quiere aplicar. Se trata de un modelo de producción y consumo basado, entre otras cosas, en el intercambio, arrendamiento, reutilización, reparación, rehabilitación y reciclaje, en un virtual circuito cerrado, que busca mantener la mayor utilidad y valor de productos, componentes y materiales.
Semarnat eligió la sede del parque debido a la polución que sufre Hidalgo, con 3,08 millones de habitantes distribuidos en 84 municipios, y que ha convertido el corredor industrial en torno a Tula, cercano a Tlamaco, en uno de “los infiernos ambientales” existentes en México, como los ha llamado la propia Semarnat.
El parque, donde también avanza la construcción de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, figura entre los primeros 100 compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum, en el cargo desde octubre de 2024, y que incluye la instalación de 10 plantas de reciclaje.
Impostación
Para pobladores como Martínez, si bien la basura es un problema serio, no es el más grave. “Dicen que es justicia ambiental, pero no es cierto. La basura solo es un pretexto. Es más de lo mismo, lo mismo que nos prometen siempre. No está dirigido a reducir la generación de basura”, aseguró la integrante de la no gubernamental Unión Ecologista San Gerónimo Tlamaco.
Los habitantes de Hidalgo generan 2750 toneladas diarias de residuos, de los cuales más de la mitad es inorgánica. Operan 65 depósitos que reciben 1900 toneladas. El resto acaba en vertederos irregulares.
La nueva planta de gestión de residuos tiene una zona de influencia de 14 municipios que generan 551 toneladas de basura al día y de las que las diferentes autoridades recolectan 294.
“Usurpan el discurso de la deuda ambiental histórica y su resolución con este tipo de proyectos, pero van encaminados a perpetuar la relación de externalidades (costo ambiental ignorado en los cálculos)”: René Romero.
Hidalgo cuenta con siete rellenos sanitarios regionales y 14 municipales, pero existen más de 450 vertederos a cielo abierto que incumplen la regulación. El Pehr promete que evitará la mala disposición de 1200 toneladas diarias.
Semarnat ha dicho que el Perh solo recibirá residuos de Hidalgo, pero firmó en agosto un convenio con la filial mexicana de la estadounidense Walmart para el traslado al parque de basura de sus diferentes tiendas en el país.
México tiene un evidente problema de residuos, pues sus casi 130 millones de habitantes generan unas 120 000 toneladas al día y de las cuales casi la mitad son orgánicos y el resto es inorgánicos. El reciclaje ronda 10 %, mayoritariamente de plásticos.
El país no solo está enfermo de residuos, la falta de infraestructura adecuada agudiza la dolencia. Operan 2250 sitios de disposición final que reciben 36 millones de toneladas. Una cuarta parte acaba en 30 rellenos sanitarios (infraestructuras de disposición final de residuos), otra cuarta parte en vertederos a cielo abierto y la mitad restante en 264 depósitos controlados, según el Observatorio Mexicano de Emisiones de Metano.
La basura es el resultado de un modelo insostenible de producción y consumo de mercancías, pero también es un eslabón de una cadena de contaminación cuya última parada son los vertederos, fuente de contaminación del suelo, el agua y el aire.
Adicionalmente, el reciclaje no es una varita mágica, por lo que es necesario atender la raíz del problema, como prevenir la generación de basura, reutilizar materiales y rediseñar productos y procesos, como lo reconoce el gobierno central.
Impostación
Para René Romero, integrante del no gubernamental Río Tula Restauración y Justicia Socioecológica y Colectivo de Comunidades en defensa de la Vida y el Territorio de la Región Tolteca, está en marcha un reordenamiento hídrico debido a que el parque y otro tipo de proyectos necesitan agua.
“Usurpan el discurso de la deuda ambiental histórica y su resolución con este tipo de proyectos, pero van encaminados a perpetuar la relación de externalidades (costo ambiental ignorado en los cálculos)”, subrayó a IPS Romero, residente en Tula.
Semarnat ha erogado una catarata de palabras para promocionar el Perh, primero mediante asambleas públicas y luego con reuniones focales. Su problema: ejecutar el proyecto y ser su promotor, una dualidad criticada por grupos opositores.
“No tuvimos información completa. Nos reunimos tres veces con Semarnat, pedimos el proyecto y nunca lo entregaron. No confiamos en la consulta”, aseguró la ingeniera Martínez.
En una violación al Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, el gobierno ha promocionado el Perh sin dar información integral.
El Acuerdo de Escazú, en vigor desde abril de 2021 y que toma su nombre de la ciudad costarricense donde se convino, garantiza el acceso a la información y a la justicia ambientales, así como la participación pública en la toma de decisiones ambientales.
Por ejemplo, no ha explicado los procesos específicos y la tecnología a utilizar para transformar la basura, que solo admite pocas opciones, como su quema y la pirólisis, proceso que utiliza altas temperaturas en un ambiente sin oxígeno para descomponer materiales sin combustión y que genera gases, aceites y carbón.
Este método requiere alto consumo de agua, en una zona donde predomina la escasez. Además, varias iniciativas, especialmente en Europa, han dado resultados pobres.
Además, el Perh no cuenta aún con evaluación de impacto ambiental, un estudio técnico-científico que describe el proyecto y enumera sus efectos, requisito legal para cualquier proyecto que altere la naturaleza.
Debido al desastre creado por las industrias, la población ha hecho de la lucha una dosis diaria. En 2022, el cabildo de Atitalaquia revocó la concesión para un depósito de basura a una empresa privada, debido a la movilización popular.
La economía circular enfrenta un límite físico, pues las fibras, orgánicas o no, no son reusables eternamente y se desgastan. Esto significa que la producción va a requerir siempre materia prima virgen.
En paquete
El parque es parte de un esquema mucho mayor de economía circular, que incluye la Ley General de Economía Circular y Gestión Integral de Residuos para la Mitigación de Emisiones de Gases, en reemplazo de la actual Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Además, el gobierno trata de avanzar con una Estrategia Nacional de Economía Circular.
Pero la iniciativa de Hidalgo es un imán de críticas que señalan lavado verde (greenwashing, en inglés), falta de control sobre generación de basura y espíritu pro empresarial.
Un propuesta legislación mexicana clasifica ciertos residuos como estratégicos para la economía circular y la reducción de emisiones contaminantes y crea la etiqueta ecológica nacional otorgada a productos y procesos que incorporen criterios de diseño ecológico y cumplan estándares ambientales. Instaura también el Sistema Nacional de Información y de trazabilidad digital.
Introduce el concepto de responsabilidad extendida del productor, que obliga a fabricantes e importadores a asumir los costos y obligaciones generales de los residuos generados por sus productos, así como la figura de la responsabilidad compartida entre distribuidores, consumidores y gobiernos locales en la gestión de residuos.
Prohíbe el uso de rellenos sanitarios y obliga a la captura, tratamiento y aprovechamiento de biogás, aunque esto ya lo contiene la Ley General de Cambio Climático de 2012 para municipios con más de 50 000 habitantes, aunque el requisito no se cumple.
Uno de sus giros más polémicos es la creación de auditorías voluntarias, a cargo de las empresas.
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Viridiana Lázaro, integrante de la Campaña Clima y Energía de la no gubernamental Greenpeace México, acusó falta de transparencia y de acceso a información integral.
“Hemos expresado nuestro desacuerdo por cómo está insertado en la política de economía circular. Las comunidades que han sido profundamente afectadas por mucho tiempo han dicho que no lo quieren, porque no responde a sus necesidades. Promueve quema de residuos y eso afecta a comunidades aledañas que han sido afectadas por muchos proyectos y agrava los impactos socioambientales”, explicó a IPS.
La activista resaltó la ausencia de información sobre impactos acumulativos y sinérgicos, sin lo cual “no se puede promocionar un proyecto sin esa información”.
En 2024, Greenpeace México ganó un amparo contra la omisión legislativa para prohibir venta y distribución de plásticos de un solo uso y que aún no se materializa en regulaciones nacionales y estaduales.
La activista Lázaro consideró que las posturas gubernamentales contienen muchas contradicciones. “Es muy peligrosa la dependencia con las empresas. No debería haber vínculo de interés con la industria. Además, no ha habido un buen seguimiento de leyes contra los plásticos”, concluyó.
ED: EG
