NAIROBI – Durante años, los pequeños agricultores de Kenia han mantenido una batalla legal con el gobierno y contra una ley que penaliza la práctica de guardar, compartir e intercambiar semillas autóctonas.
En 2022, un grupo de 15 pequeños agricultores presentó una petición ante el Tribunal Superior del país -la máxima instancia para este tipo de casos- con el fin de obligar al gobierno a revisar los artículos de una ley que prohíbe compartir e intercambiar semillas no certificadas y no registradas.
Los pequeños agricultores rurales de Kenia dependen de sistemas informales gestionados por los propios agricultores y sus comunidades para adquirir semillas mediante su conservación e intercambio, pero la Ley de Semillas y Variedades Vegetales limitaba su acceso.
El gobierno de Kenia promulgó la ley en 2012 para desarrollar, promover y regular una industria de semillas moderna y competitiva, pero los agricultores piden que se revise en cuanto a las semillas autóctonas, también llamadas criollas.
El sistema informal de gestión de semillas por parte de los agricultores les permite almacenar una parte de sus semillas después de la cosecha, lo que les garantiza tener simientes para la siguiente temporada de siembra.
Victoria para los campesinos
En una victoria decisiva para la soberanía alimentaria y la justicia climática, el Tribunal Superior falló el 27 de noviembre a favor de los pequeños agricultores, declarando inconstitucionales las secciones punitivas de la Ley de Semillas y Variedades Vegetales.
La sentencia despenaliza efectivamente la práctica ancestral de guardar, compartir e intercambiar semillas autóctonas, afirmando que los sistemas de semillas gestionados por los agricultores (FMSS, en inglés) son un derecho protegido, no una actividad delictiva.
Ahora, por la ley ahora revisada, los agricultores se enfrentaban a penas de cárcel de hasta dos años y a una multa de unos 7800 dólares por vender o intercambiar semillas no registradas.
Los defensores de los derechos de los agricultores habían argumentado que la ley otorgaba el control del sistema alimentario del país a las empresas transnacionales que controlan el sector de las semillas en este y otros países.
En su sentencia, la jueza Rhoda Rutto declaró inconstitucionales las secciones de la ley que otorgaban a los inspectores de semillas amplios poderes para registrar los bancos de semillas y confiscar las semillas destinadas a cultivos futuros.
Además, ilegalizaban el procesamiento o la venta de semillas por parte de los agricultores a menos que fueran comerciantes de semillas registrados, otorgaban amplios derechos de propiedad a los obtentores de variedades de plantas y ninguno a los agricultores, e ilegalizaban que los agricultores guardaran o compartieran semillas de su cosecha sin el conocimiento previo de los propietarios de las semillas.
Samuel Wathome, un pequeño agricultor que fue demandante en el caso, afirma que «al igual que hacía mi abuela, ahora puedo guardar libremente semillas para los nietos sin temor a la policía o la cárcel».
Según Elizabeth Atieno, activista alimentaria de Greenpeace África, la sentencia judicial reafirmó la tradición de la soberanía de las semillas, conocida desde hace mucho tiempo.
«La sentencia judicial ha liberado a los agricultores de Kenia. No se trata solo de una victoria legal, sino de una victoria para nuestra cultura, nuestra resiliencia y nuestro futuro», aseguró Atieno a IPS.
Y añadió: «Al validar las semillas autóctonas, el tribunal ha asestado un golpe al control corporativo de nuestro sistema alimentario».
«Por fin podemos decir que, en Kenia, alimentar a la comunidad con semillas resistentes al clima y adaptadas al entorno local ya no es un delito», subrayó.
Proteger la biodiversidad
Según Gideon Muya, responsable de programas de la Asociación de Biodiversidad y Bioseguridad de Kenia, la sentencia es un escudo para la biodiversidad del país.
«Las semillas autóctonas son la biblioteca de la vida porque contienen la diversidad genética que necesitamos para resistir las sequías, las plagas y el cambio climático», dijo a IPS.
A su juicio, «el tribunal ha reconocido que no se puede patentar el patrimonio de la naturaleza. Hemos recuperado el derecho a elegir lo que plantamos y lo que comemos, libres de la coacción de los monopolios comerciales de semillas».
La agroecóloga Claire Nasike señaló que la sentencia indica que las semillas son vida y son soberanas, y que quien las controla influye en la supervivencia de una generación.
Nasike observa que la sentencia supone un gran impulso para la biodiversidad, la resiliencia climática y la soberanía alimentaria.
Todo ello porque, según su experiencia, las semillas autóctonas suelen estar bien adaptadas a las condiciones locales, como los tipos de suelo, los patrones de precipitaciones, las plagas y las características de las enfermedades, que a menudo se pierden en las semillas comerciales uniformes y certificadas.
«Al permitir a los agricultores conservar, intercambiar y diversificar sus reservas de semillas, las comunidades pueden preservar la diversidad genética, un amortiguador clave contra las crisis climáticas como las sequías y las plagas, así como una garantía para la seguridad alimentaria a largo plazo», aseguró Nasike.
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