LA HABANA – La atención a las personas con discapacidad en Cuba enfrenta desafíos en medio de la crisis multidimensional que afecta a la nación caribeña, mientras el gobierno pretende garantizar y potenciar la inclusión laboral de estos grupos con la propuesta de un nuevo Código de Trabajo.
“El anteproyecto del Código de Trabajo amplía el enfoque, el alcance y la manera de entender cómo será el abordaje ante la demanda de empleo y la atención a las necesidades de empleo de las personas con discapacidad”, dijo, el viernes 12, Mabel Ballesteros, presidenta de la Asociación Cubana de Personas con Discapacidad Físico-Motora (Aclifim), durante una rueda de prensa en La Habana, en respuesta a IPS.
Fue la conclusión de un panel titulado “Cuba y la protección de los derechos de las personas con discapacidad”, que reunió también a directivos de la Asociación Nacional del Ciego (Anci), la Asociación Nacional de Sordos de Cuba (Ansoc) y la Asociación Cubana de Personas en Situación de Discapacidad Intelectual (Acpdi), organizaciones que en total agrupan una comunidad de 400 000 personas.
La representante de la Aclifim, agrupación creada en 1976 y que cuenta con 94 000 asociados, de los cuales 14 000 usan silla de ruedas, enfatizó la necesidad de que las familias y las comunidades conocieran que las personas con discapacidad son “entes activos” que no pueden ser excluidos.
“Es una batalla que tenemos que seguir potenciando, porque la vida está muy dura. Hay mucha pérdida de valores en la sociedad”, agregó la también abogada.
“Siempre hemos defendido que no es dar un empleo a la persona con discapacidad para que esté ahí y tenga un sustento económico, sino para que se sienta realizada y sea competente en el mercado laboral”: Jorge Luis Cala.
El proceso de consulta de la nueva ley de 525 artículos, ante los distintos colectivos laborales de Cuba, se extendió desde el 8 de septiembre hasta el 5 de diciembre. La norma a sustituir, la Ley 116, tiene 194 artículos, es de 2013 y se actualizó por última vez en 2020.
“El nuevo código de trabajo sin duda despierta muchísimas expectativas. En ese proceso de consulta, las personas con discapacidad hemos podido aportar y tenemos la relación directa con la Comisión (de redacción de la ley)”, dijo en la conferencia del viernes 12, Jorge Luis Cala, presidente de la Anci.
El anteproyecto prioriza en su artículo 33 a las personas en situación de discapacidad y egresados de la “educación especial”, en la obtención de empleo, a partir del principio de capacidad demostrada y en correspondencia con las posibilidades existentes en cada municipio.
La educación especial en Cuba apoya el desarrollo educativo del estudiante con algún tipo de necesidad, hasta los 18 años, mediante una atención especializada y diferenciada, fuera del sistema docente “ordinario”.
La nueva norma ofrece, además, beneficios fiscales a los empleadores que contraten a estas personas, estímulo que no existía en el código anterior.
Asimismo, estos deberán realizar los ajustes razonables a los puestos de trabajo, según “las posibilidades disponibles”, para garantizar el acceso, movilidad y desarrollo de las personas en situación de discapacidad y puedan ejercer el trabajo en igualdad de condiciones y desempeñar los cargos en los que están preparados, indica la ley.
“Siempre hemos defendido que no es dar un empleo a la persona con discapacidad para que esté ahí y tenga un sustento económico, sino para que se sienta realizada y sea competente en el mercado laboral. Eso conlleva todo un proceso de capacitación de las personas (tanto del empleado como del empleador)”, señaló Cala.
Con la norma, de ser aprobada en 2026 –cuando se presentará ante el parlamento local–, se implementarían principios clave de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, tratado internacional adoptado por este órgano el 13 de diciembre de 2006 y ratificado por Cuba.
Ajustes razonables e indispensables
El proyecto Tocando la Luz ha proyectado desde 2011 en salas de cine cubanas –y desde hace dos años, en televisión– más de 120 películas con audiodescripciones creadas por la propia iniciativa, para personas con discapacidad visual.
Para Jorge González Frómeta, su fundador y director, la aceptación es, “al principio”, uno de los principales desafíos para las personas con discapacidad: “Mucha gente no los acepta y ese es su miedo”, dijo a IPS.
No obstante, si bien debe seguir fomentándose la aceptación con mayor educación y cultura, el debate ya trascendió la lucha por el respeto, pues la constitución cubana prohíbe cualquier tipo de discriminación, incluida la de por razones de discapacidad.
En efecto, existen múltiples mecanismos legales para denunciar tales violaciones, pero aun así “se transgreden un millón de cuestiones elementales en la vida de las personas con discapacidad y no nos damos cuenta”, explicó Ballesteros.
“Hemos capacitado mucho a nuestros asociados en la defensa de sus derechos, porque en ocasiones un apoyo (la persona que asiste a una persona con discapacidad) se convierte en un problema… nos está faltando todavía la formación más intensiva a esas personas de apoyo”, y no podemos permitir que se violen más derechos, añadió.
La capacitación y la garantía de los llamados ajustes razonables para una mayor accesibilidad, suele ocupar el centro de muchos debates sobre inclusión social y laboral de las personas con discapacidad.
La presidenta de la Aclifim dijo que sus más de 15 000 asociados insertados en el empleo ordinario no podrían alcanzar la autonomía económica si los empleadores no cumplen con los ajustes razonables que exige la ley.
Por su parte, la presidenta de la Acpdi, Maylín Oliva, destacó en la conferencia del viernes 12 la creación de su Centro de Habilidades y Cuidados para personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años, una institución formativa que prepara para la inclusión laboral, así como otras las asociaciones “hermanas” –así se catalogan entre ellas– tienen los suyos, adaptados a sus propias necesidades.
“Desde ahí haremos un mapeo comunitario, buscaremos ajustes razonables y sensibilizaremos a los empleadores ¿Por qué un centro laboral no puede incluir a una persona con discapacidad intelectual?”, se cuestionó Oliva.
¿Educación especial o no?
En el debate sobre la inclusión social, otro punto central se cierne sobre la dicotomía de si debería haber escuelas especiales, exclusivas para las personas con discapacidad o, si por el contrario, ellas deberían integrarse a escuelas “ordinarias”.
“Somos criticados, porque tenemos (en Cuba) educación especial, pero desde la familia defendemos ‘nuestra’ educación especial, y es algo que vamos a defender en todo momento, porque es lo que necesita la persona con discapacidad”, comentó Oliva.
Según Orlando Terré, presidente de la Asociación Mundial de Educación Especial, esta polémica sigue vigente desde finales del siglo XX, sin llegar a resolverse del todo cuál tipo de sistema educativo protege más el derecho universal a la educación, si la inclusión total o una atención segregada especial.
Desde la década de los años 70 empezaron procesos de integración a escuelas ordinarias de estudiantes con las entonces llamadas “necesidades educativas especiales”, siempre y cuando pudieran adaptarse por sí solos; de cierta forma, como si la responsabilidad de adaptación recayera en ellos.
A partir de 1994, con la Declaración de Salamanca de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y un mayor concepto de educación inclusiva, se visualizó que el proceso de adaptación recae en el sistema educativo y su transformación, sin importar la condición de los estudiantes.
“Con más de 30 años de perspectiva inclusiva, dichos posicionamientos obedecen más a percepciones y creencias de los actores que se ven involucrados en cada proceso, más que a un análisis equilibrado de que es lo justo, pertinente y equitativo para cumplir con el derecho humano de educación de calidad”, dijo Terré a IPS.
La polarización de posturas resulta “irrelevante”, pues quienes defienden la inclusión total sin analizar si las condiciones de la institución garantizarán un escenario favorable para los estudiantes con discapacidad, podrían estar defendiendo un método educativo deficiente.
“Por el contrario, la postura de quienes apuestan por la atención altamente individualizada en centros de supuesta especialización, bajo la premisa de que los centros ordinarios no pueden ofrecerla, tampoco muestra ninguna garantía de la atención inclusiva de calidad y equidad que se busca con la Agenda 2030” sobre desarrollo sostenible, señaló.
Para este defectólogo o especialista en educación especial, es importante que los sistemas educativos busquen un equilibrio al promover la inclusión en las escuelas ordinarias, con procesos complementarios para crear las condiciones óptimas, pero sin dejar de reconocer la necesidad de un apoyo especializado o entornos alternativos cuando sea necesario para el bienestar y desarrollo óptimo del estudiante.
“Los centros especializados no deben desaparecer, pero sí requieren transformaciones de fondo para asumir la atención a la diversidad con perspectiva inclusiva; para algunos estudiantes, compartir tiempo en un centro ordinario y otro especializado permitiría mayor sentido de pertenencia social y respeto por sus derechos humanos”, afirmó.
ED: EG
