WASHINGTON – Los 252 venezolanos que el gobierno de Estados Unidos envió a El Salvador en marzo y abril de 2025 fueron torturados y sometidos a otros abusos, incluidos casos de violencia sexual, según un informe publicado este miércoles 12 por la organización Human Rights Watch (HRW).
Juanita Goebertus, directora de la división América de HRW, dijo que “la administración Trump pagó a El Salvador millones de dólares para detener arbitrariamente a venezolanos que luego fueron sometidos casi a diario a golpizas brutales por las fuerzas de seguridad salvadoreñas”.
El gobierno del presidente Donald Trump “ha sido cómplice de tortura, desaparición forzada y otras graves violaciones de derechos humanos, y debería dejar de enviar personas a El Salvador y a cualquier otro país donde corran el riesgo de ser torturadas”, afirmó Goebertus.
En su informe “Llegaron al infierno: Tortura y otros abusos contra venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador (Cecot)”, establecido por el presidente Nayib Bukele para recluir a sindicados como miembros de pandillas salvadoreñas, HRW ofrece un análisis del trato que recibieron esos deportados.
En marzo y abril de 2025, Washington envió al Cecot a 252 venezolanos, entre ellos decenas de solicitantes de asilo, “a pesar de informes creíbles sobre graves violaciones de derechos humanos en las prisiones salvadoreñas”, dice el reporte.
Fueron así objeto de devolución -envío de personas a un lugar donde corren peligro de sufrir tortura o persecución-, detención arbitraria, desaparición forzada, tortura, condiciones de detención inhumanas y, en algunos casos, violencia sexual.
Entre marzo y septiembre de 2025, los investigadores entrevistaron a 40 de los venezolanos que estuvieron detenidos en el Cecot y a otras 150 personas, incluidos sus familiares, abogados y allegados.
Los investigadores revisaron fotografías de lesiones, bases de datos de antecedentes penales, documentos relacionados con la situación migratoria de estas personas en Estados Unidos y datos publicados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) sobre sus deportaciones.
También corroboraron las denuncias de los detenidos mediante análisis forenses proporcionados por el Grupo Independiente de Expertos Forenses y una investigación de fuentes abiertas realizada por el Centro de Derechos Humanos de la estadounidense Universidad de California.
Según información presentada en casos judiciales, el gobierno estadounidense proporcionó al menos 4,7 millones de dólares a El Salvador para cubrir los gastos de detención de los hombres enviados al Cecot.
Aproximadamente la mitad de los venezolanos enviados al Cecot no tenían condenas penales y solo tres por ciento había sido condenado en Estados Unidos por un delito violento o potencialmente violento.
Otras verificaciones de antecedentes penales revelaron que muchos no habían sido condenados por delitos en Venezuela ni en otros países en los que habían vivido.
En el Cecot fueron sometidos a abusos físicos, verbales y psicológicos graves de forma sistemática por parte de los guardias y policías antimotines salvadoreños.
Esos abusos “constituyen trato cruel, inhumano o degradante y, en muchos casos, tortura, según el derecho internacional de los derechos humanos”, recuerda HRW.
Indica que los guardias y la policía antimotines sometieron periódicamente a los venezolanos a golpizas, en particular, durante requisas diarias de las celdas, o por supuestas infracciones de las normas de la prisión -como hablar en voz alta o ducharse fuera del horario establecido- o por solicitar atención médica
“Todos los días llegaban a hacernos requisa”, dijo uno de ellos. “Nos sacaban de la celda, nos colocaban en posición de requisa, arrodillados, esposados de manos a la espalda y con brazos en la cabeza, y nos golpeaban con los bastones, patadas y puños, y luego nos dejaban arrodillados por 30 o 40 minutos”, narró.
Varios exdetenidos dijeron que los agentes los golpearon después de que los entrevistaran miembros del Comité Internacional de la Cruz Roja durante su visita al Cecot en mayo. Uno dijo que los guardias “me siguieron pegando en el estómago y, cuando traté de agarrar aire, me empecé a ahogar con la sangre”.
Tres detenidos dijeron que fueron víctimas de violencia sexual. Uno de ellos dijo que cuatro guardias abusaron sexualmente de él, “jugaron con sus bastones en mi cuerpo”, y lo obligaron a practicar sexo oral a uno de los gendarmes.
HRW, y la organización centroamericana de derechos humanos Cristosal, llegaron a la conclusión de que los casos de tortura y malos tratos a venezolanos en el Cecot no fueron incidentes aislados cometidos por guardias o policías antimotines abusivos, sino violaciones sistemáticas de derechos humanos.
Los abusos “parecen formar parte de una práctica diseñada para someter, humillar y disciplinar. La brutalidad y la repetición constante de los abusos parecen indicar que los guardias y la policía actuaban con la convicción de que sus superiores apoyaban o, como mínimo, toleraban sus actos abusivos”, asienta el informe.
Los venezolanos también fueron sometidos a condiciones inhumanas, incluyendo comida escasa e inadecuada, malas condiciones de higiene y saneamiento, y acceso limitado a atención médica y medicamentos.
Por otra parte, familiares y abogados afirmaron a los investigadores que al menos 62 de los venezolanos fueron expulsados mientras sus procesos de asilo en Estados Unidos estaban en trámite y a pesar de haber superado la evaluación de “miedo creíble” inicial, que daba derecho a una audiencia completa sobre sus solicitudes.
Durante semanas, los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador se negaron repetidamente a revelar información sobre el paradero o la suerte de los venezolanos, lo que constituyó una desaparición forzada según el derecho internacional.
A mediados de julio, el gobierno de El Salvador envió a las 252 personas a Venezuela a cambio de 10 ciudadanos o residentes permanentes de Estados Unidos que habían sido detenidos por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, dijo que “el gobierno de Estados Unidos no ha estado vinculado a actos de tortura sistemática a esta escala desde Abu Ghraib y la red de prisiones clandestinas durante la guerra contra el terrorismo”.
“Hacer desaparecer a personas a manos de un gobierno que las tortura va en contra de los principios que históricamente han hecho de Estados Unidos una nación de leyes”, agregó Bullock.
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