MÉXICO – Huérfanos de la cumbre climática de Belém do Pará, América Latina enfrenta cómo conciliar la explotación de los llamados minerales críticos con el respeto a los derechos de pueblos indígenas y comunidades locales.
El tema quedó sin mención en el texto final del acuerdo sobre Transición Justa, en la 30 Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Cmnucc), que se desarrolló entre el 10 y el 22 de noviembre en la Amazonia brasileña.
La ruta tiene paradojas y desafíos, con una historia llena de venas abiertas para proveer de materia prima a otros países que la procesan y fabrican productos terminados que la región consume.
Por puro accidente geológico, América Latina está en el ojo de la tormenta, pues sus entrañas guardan preciados elementos que el norte global necesita desesperadamente para “enverdecer” su economía, mientras libra una batalla geopolítica con China alrededor de las nuevas industrias.
La nueva (vieja) pregunta es si es posible una transición justa basada en el renacido extractivismo. Ambientalistas, expertos y dirigentes indígenas sopesan los beneficios y riesgos de la ecuación.
Para Susana Muhamad, exministra colombiana de Medio Ambiente y Desarrollo, que seguó las negociaciones en Belém, la justicia, la transparencia y el reparto equitativo de beneficios son aspectos fundamentales.
“Se puede participar en la cadena de suministro, mediante ordenamiento territorial para que no se dependa solo de una actividad. Se puede recurrir a la economía circular, el reciclaje. Toca crear capacidades de gestión”, planteó en Belém.
Durante las negociaciones, los minerales críticos aparecieron en el borrador del programa de transición justa, al mencionar los riesgos socioambientales vinculados al crecimiento de las cadenas de abastecimiento para las tecnologías de energía limpia, incluyendo aquellos procedentes de la extracción y procesamiento de minerales críticos.
Incluso, al inicio de la COP30 Reino Unido, respaldado por Australia y la Unión Europea (UE), propuso la mención de la importancia de las cadenas justas, transparentes, rastreables y ambientalmente sostenibles. Sin embargo, el tema desaparece de la declaración final de la COP30.
El documento final menciona que los países deben respetar los derechos y conocimientos de los pueblos ancestrales en las políticas climáticas.
Además, el Programa de Trabajo de Emiratos Árabes Unidos sobre Transición Justa, tema a debate desde la COP28 en Dubái, estipula la creación de un mecanismo, cuyo objetivo será la coordinación de la cooperación internacional para iniciativas de transición justa, incluyendo la protección laboral y las transiciones energéticas centradas en la justicia y la equidad para las poblaciones y ecosistemas más vulnerables del mundo.
El establecimiento del mecanismo se consideró un logro, ya que durante las negociaciones surgió la posibilidad de que fuera solo un plan de acción.
De esa forma, las 195 partes de la Convención retomaron la propuesta de texto que los órganos subsidiarios de la Cmnucc concluyeron en junio último en las sesiones intermedias de Bonn: ninguna alusión a los minerales críticos.
El documento final pidió a dichos organismos subsidiarios que recomienden en junio próximo una propuesta de operatividad del mecanismo, a discutir en la COP31, en Turquía, en noviembre de 2026.
La figura era una de las opciones de “nuevos arreglos institucionales” que las sesiones de Bonn trasladaron a Belém. Del mismo modo, invitó a los países y actores como oenegés a enviar sus puntos de vista respecto al proceso en marzo próximo.
Aunque los minerales críticos no aparecieron en los documentos finales —una omisión impulsada por China y Rusia que ningún país se atrevió a refutar—, ello no resuelve la disputa global en torno a su uso.
La cumbre ha puesto en la mira la necesidad de una gobernanza de los recursos que responda a preguntas clave: cómo se extraen, dónde y con el consentimiento de quién. Interrogantes especialmente relevantes para los pueblos indígenas y las comunidades locales, las víctimas históricas de la explotación minera desde la llegada de los españoles en el siglo XV.
Para Camila Mercure, coordinadora de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, el mecanismo abre la puerta para situar temas en la luz pública y facilitar la toma de decisiones sobre preguntas vitales, como para quién producir, para qué, la transición de quién y la distribución de beneficios, así como impartición de justicia social, ambiental y climática.
”En el corazón del programa está la justicia. Podemos moldear el mecanismo. Hay un desafío creciente. La demanda de minerales es problemática para nuestros territorios. Va a suceder que solo pensamos en un recambio tecnológico y pasamos de un extractivismo a otro, sin reflexionar sobre los impactos sociales y ambientale”, señala.
La competencia geopolítica conlleva riesgos, pues la prisa por asegurar suministros puede derivar en la relajación de los estándares ambientales.
La base del futuro
En general, el concepto de mineral crítico se refiere a cualquier mineral, elemento, sustancia o material que se considera esencial para la seguridad económica y nacional de un país, cuya cadena de suministro es vulnerable y cumple una función clave en la fabricación de un producto.
Un ejemplo son las tierras raras, nombre colectivo de 17 elementos metálicos químicamente similares que se producen en una gama de minerales y se extraen colectivamente, y cuyas propiedades magnéticas, ópticas y catalíticas únicas los hace fundamentales para múltiples industrias, como la automotriz, la electrónica y la renovable.
China controla más de la mitad de la cadena de suministro de las tecnologías alternativas, tanto por la obtención y procesamiento de los minerales como por la fabricación de baterías para vehículos eléctricos, paneles fotovoltaicos y otros dispositivos.
Para entender la magnitud de la presión sobre la región latinoamericana, la revisión de informes recientes de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) son reveladores: la demanda de litio se multiplicaría por 40 para 2040 y la de grafito y cobalto, por 20.
América Latina es el protagonista involuntario en este escenario. Ante esto, varios gobiernos ya han declarado que pretenden no solo explotar los minerales, sino también desarrollar las industrias ligadas a la transición. Ya no se trata solo de regalías o impuestos, sino de fabricar las baterías, los cátodos y los vehículos eléctricos en suelo latinoamericano, la añorada transferencia tecnológica.
Sin embargo, la realidad económica choca con la ambición política. La infraestructura para procesar estos minerales requiere capital intensivo y energía barata, algo que China ha dominado durante este siglo.
Como lo señala con preocupación la AIE, la concentración, principalmente en la refinación y procesamiento de los metales, recae en China, República Democrática del Congo e Indonesia.
Oposición
Voces crecientes rechazan el panorama de aceleración minera por sus costos sociales y ambientales. En la COP30, activistas y entidades manifestaban preocupación frente a las discusiones.
Una de ellas es Taily de Faria, indígena brasileña del pueblo terena. “No puede haber transición justa sin que nuestros derechos sean respetados. La explotación de minerales contamina nuestros territorios y afecta nuestra soberanía alimentaria. Solo vamos a cambiar de dónde sacamos recursos, pero vamos a seguir con el mismo modelo. La explotación no es la respuesta que necesitamos”, denuncia.
Las objeciones no son gratuitas, pues históricamente los gobiernos han fallado a la hora de aplicar estándares socioambientales en actividades extractivas.
Desde hace años han proliferado iniciativas para equilibrar explotación con respeto ambiental. Una de ellas, patrocinada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), es “MinJust”, presentada en Belém y que pretende la creación de estándares de trazabilidad y respeto a los derechos humanos.
Pero la cuestión de fondo es si efectivamente puede haber minería “sostenible”, tomando en cuenta el uso de fósiles en la operación, sus requerimientos de agua y la contaminación del aire y el suelo.
La transición justa enfrenta una prueba candente. En teoría, significa que el cambio hacia una economía menos contaminante no debe ocasionar exclusiones, pero la contabilidad actual está teñida de rojo para pueblos indígenas y comunidades locales, en cuyos territorios los gobiernos y corporaciones han creado zonas de sacrificio para que el mercado tenga tecnología de caparazón verde, pero de tripas más oscuras.
Ambiciones
Bolivia, Argentina y Chile destacan como los países más relevantes en reservas de litio (primero, segundo y cuarto lugar mundiales, respectivamente, según algunas estimaciones). En cobre, Chile y Perú ocupan el primero y tercero sitio. Brasil se sitúa en tercero en depósitos de níquel y de tierras raras, y México, el segundo escalón en fluorita, detrás de China.
Con distintas velocidades, los países latinoamericanos intentan regular estas actividades, en una desesperada carrera hacia un futuro que ya es presente.
La ansiada industrialización no es tarea sencilla. A Bolivia le tomó 17 años la ejecución de un proyecto piloto de litio. La fabricación de una batería de litio no depende solo de tener el material, pues también necesita cobalto, níquel, grafito y una red industrial de alta tecnología.
La historia del litio en Argentina, Bolivia y Chile ha implicado episodios de despojo de territorios indígenas y acaparamiento y contaminación de agua en sitios donde el líquido ya es de por sí escaso.
La empresa estatal Corporación Nacional del Cobre de Chile y la privada Sociedad Química y Minera de Chile, el segundo productor de litio en el mundo y en la que la corporación privada china Tianqi Lithium ostenta 22 %, se han aliado desde 2024 para la producción de litio refinado del salar de Atacama, en el norte del país.
En 2024, Chile extrajo 5,5 millones de toneladas de cobre, casi 5% más que el año previo, y 44,000 toneladas de litio, para un crecimiento de 16 % frente a 2023.
Argentina, por su parte, tiene un plan estratégico minero desde 2020. El país obtuvo 18 000 toneladas de litio, el doble del año previo y ahora proyecta la extracción de cobre, apalancado en el Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos entre Estados Unidos y Argentina de 2024 y con el cual coloca a los minerales críticos en el eje energético de Estados Unidos.
Por su lado, Brasil, la primera economía de la región, ha estructurado un marco legal para la minería, desde la estrategia nacional 2011-2030 hasta una iniciativa legal de política de minerales estratégicos y críticos, presentada en 2024.
En 2021, el gobierno estableció la Política Estratégica Pro-Mineral, que abarca 27 materias primas. El país más grande de América Latina produjo 26 000 toneladas de litio en 2024, para una subida de 23% frente a 2023, y 144 000 toneladas de niobio, material utilizado en aleaciones de acero e imanes superconductores.
Pero el gigante latinoamericano enfrenta un serio problema de minería ilegal de oro, que ha contaminado tierra y agua, incluso en la Amazonia.
En México, la segunda economía regional, el Congreso legislativo aprobó la nacionalización del litio en 2022. De forma complementaria, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador declaró 234 855 hectáreas como zona de reserva del mineral en el norteño estado de Sonora.
Además, su sucesora, Claudia Sheinbaum, impulsa la Estrategia Nacional de Industrialización y Prosperidad Compartida, conocida como Plan México, que fomenta la energía renovable, fabricación de microprocesadores y ensamblaje de autobuses urbanos y autos compactos eléctricos.
Datos del gubernamental Servicio Geológico Mexicano indican que hay al menos 57 yacimientos de litio y de los cuales 11 se consideran canteras viables para la explotación en el largo plazo. Las estimaciones potenciales hablan de unos 1.7 millones de toneladas alojadas en sedimentos arcillosos, cuya tecnología de separación es muy costosa.
De los sitios prospectados, el más atractivo es el depósito de Bacadéhuachi en Sonora y en el cual Ganfeng Lithium, Bacanora Minerals (actual filial de Ganfeng) y Minera Sonora Borex, subsidiaria de Bacanora, planeaba invertir unos 2,000 millones de dólares.
Pero en 2021 López Obrador reservó la explotación del litio únicamente para el sector público y arrebató la concesión de esas empresas, aunado a la presión estadounidense para impedir el avance chino en el sector. En consonancia, el gobierno creó la empresa estatal LitioMx, para encargarse del mineral, sin que hasta ahora haya avanzado hacia el aprovechamiento minero.
Por las decisiones citadas, Bacanora Lithium, Ganfeng International Trading (Shanghái) y la británica Sonora Lithium, brazos de Ganfeng Lithium, demandaron en 2024 a México ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, órgano del Banco Mundial. En 2024, el país extrajo 40,723 toneladas de cobre, producción relativamente estable desde 2015.
Pero ese desenterramiento no está exento de problemas. En 2014, la mina Buenavista del Cobre, brazo de Grupo México –la mayor minera mexicana–, derramó 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en el río Sonora, en el estado homónimo, y uno de los mayores ecocidios en el país, aún impune.
Finalmente, el gobierno de Colombia presentó en octubre pasado el proyecto de “Ley Minera para la Transición Energética Justa, la Reindustrialización Nacional y la Minería para la Vida”, que refuerza el control estatal, respeto a los ecosistemas y protagonismo de comunidades indígenas y mineros artesanales. Desde 2023, el gobierno diseñó una lista de 17 minerales críticos, como cobre, litio, cobalto, níquel y oro.
Este artículo se elaboró con apoyo de Climate Tracker América Latina.
RV: EG
