MÉXICO – “Es un tema que se ha salido de control año con año. Quienes acuden en un primer momento son los pueblos. No hay información que explique qué es un incendio en la lengua materna (mixteco), ni siquiera un folleto, un video que difundan”, aseguró a IPS la estudiante de enseñanza en lenguas indígenas Estela Aranda.
Esta alumna ayuuk jä’äy (mixe), de 30 años y originaria de la comunidad Santa Anita en el municipio de Copanatoyac, en el sureño estado de Guerrero, señaló que la comunidad no sabe cómo enfrentar un incendio serio, porque “no se ha tenido un asesoramiento de personas conocedoras de cómo se tiene que atender”.
En 2024, un incendio preocupó a la comunidad y a inicios de marzo pasado hubo otro en Tlapa de Comonfort, una demarcación contigua. El primero “duró varios días, acabó con mucha vegetación”, contó Aranda, en cuya comunidad de 1364 habitantes la ganadería de pequeña escala y el cultivo de maíz, frijol y calabaza son las principales actividades.
“La naturaleza nos da de comer, nos orienta, nos conectamos con ella. Cuando sufre los incendios, pues la atienden con mucha responsabilidad, con todo el corazón, pues es lo máximo para nosotros”, asegura.
La preocupación no es menor, pues Copanatoyac, situada a unos 350 kilómetros al sur de Ciudad de México, ha registrado incremento de flamas desde 2023. Luego de tres incendios que consumieron 1096 hectáreas en 2024, este año hubo dos que arrasaron 114 hectáreas, en un estado de los más pobres del país, asolado por la violencia y el quinto con mayor superficie histórica quemada.
Además, en los municipios circunvecinos pasaron de nueve fuegos sobre 1535 hectáreas en 2022 a 12 sobre 1941 hectáreas en 2025, amenaza potencial por el riesgo de expansión de las llamas.
El Programa de Manejo del Fuego 2020-2024 y la regulación sobre métodos de uso de flamas en tierras forestales y agropecuarias han fracasado en el freno a los incendios, potenciados por el calor y la sequía, secuelas de la catástrofe climática. A ello se suma la insuficiencia de recursos gubernamentales.
La era del fuego
Desde 1970, el año del cual hay registros oficiales, ha habido 397 143 incendios, con un promedio superior a 300 000 hectáreas (ha) abrasadas, para un total de 18,71 millones.
Desde 2020, la tendencia es ascendente, a tono con el aumento de la temperatura y la sequía, si bien 2025 registró una disminución, debido principalmente a lluvias copiosas.
El central estado de México, vecino a Ciudad de México, reporta la mayor cantidad acumulado de incendios (88 274), seguido por la capital mexicana (45 758) y por el occidental territorio de Michoacán (44 243).
Por superficie, el occidental estado de Jalisco ha sufrido la mayor pérdida (1,67 millones de ha), por delante del sureño territorio de Chiapas (1,6 millones) y el norteño Chihuahua (1,56 millones).
Luego de tres años, el fragor amainó este año y la cantidad bajó a 6824 incendios que afectaron a 1,16 millones de hectáreas.
A pesar de la disminución de incendios, la superficie quemada por suceso viene en alza desde 2020, desde cuando casi se ha triplicado, al pasar de 64 hectáreas a 172 hasta octubre pasado.
La regulación también ha fracasado. La normativa sobre uso de fuego en terrenos forestales, agropecuarios y circunvecinos, de 2023, estipula los lineamientos técnicos y ambientales para las quemas, pero se ha incumplido, tomando en cuenta que un tercio de las llamas provino de actividades agropecuarias y otro, de causa desconocida, en 2024 y lo que encierra también esa posibilidad.
De la misma forma, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, de 2018, incluye el manejo del fuego en áreas forestales para abordar su papel ecológico, social y ambiental en los ecosistemas y definir la prevención de quemas, la planificación y gestión del uso del fuego, así como la respuesta rápida y efectiva ante los incendios forestales.
A ello se suma la impunidad en los fuegos intencionales y debilidad en la cultura de prevención.
El Programa de Manejo del Fuego 2020-2024 constó de 15 estrategias, de las cuales cinco guardaron relación con las llamas y dos sobre prevención y medidas de manejo del fuego agropecuario, y que no funcionaron.
Este punto cobra relevancia, ya que la misma Comisión Nacional Forestal (Conafor) reconoce que la superficie afectada por incendios corresponde en gran medida a ecosistemas dependientes del fuego.
Mientras se agudizaban las llamas, la comisión eliminó desde 2020 los apoyos directos para la lucha anti incendios, por lo que las comunidades forestales tuvieron que incluir las tareas de limpieza de terrenos y colocación de brechas cortafuegos bajo otros rubros.
Conafor también ha sufrido recortes presupuestarios fuertes, a pesar de la alta incidencia de incendios forestales. Si en 2014 los fondos asignados totalizaron 573 millones de dólares, este año cayeron a 133 millones, la cuarta parte. Si bien el presupuesto venía en alza desde 2022, volvió a resbalar este año.
Ante consultas de IPS, Conafor atribuye los incendios a los impactos de la catástrofe climática y endilga la responsabilidad a estados y municipios.
“La política en manejo del fuego se basa en el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional en todos los niveles, así como en la distribución de competencias, donde los gobiernos municipales y estatales corren un papel protagónico, dado que son los que deben operar sus propios programas de manejo del fuego en sus respectivas demarcaciones territoriales”, asegura la comisión.
Además, indica que operan 1700 combatientes y subsidiaron 266 brigadas contrafuego, así como difunden la regulación sobre quemas controladas.
Tierra de fuego
Guerrero no es un caso excepcional. El vecino Oaxaca vive una situación semejante.
El indígena zapoteco Juan Reyes sabe bien qué es enfrentar el fuego en el bosque por su experiencia como funcionario municipal y como habitante de comunidades en riesgo.
“Estuvieron muy fuertes, ni con todo el personal podíamos. Las autoridades no respondían, el (gobierno del) estado menos. Nos fue muy mal. Después, la gente se fue alarmando porque la lumbre cabalgaba y quemaba más hectáreas”, rememoró el maestro de educación primaria para IPS desde Las Cuevas, parte del municipio oaxaqueño de Santo Domingo de Morelos.
Reyes, de 39 años, casado y padre de dos hijos, fue regidor de Obras del ayuntamiento entre 2020 y 2022, y posteriormente también ha atestiguado el impacto del fuego en su comunidad, habitada por unas 1 000 personas y donde las siembras principales son jamaica, mango, sandía, melón, papaya y tamarindo.
El poblado vio el calor en primera fila. “No teníamos conocimiento de nada, hasta que después de tres o cuatro días, después de varias llamadas del presidente y el cabildo, nos escucharon. Conafor mandó un equipo pequeño. Llamaron a más gente, nos rganizamos y pusimos el cortafuego”, recordó.
Pero el fuego ya había quemado cuatro o cinco hectáreas y amenazaba a otras dos comunidades. “Pasados ocho días lo apagamos, duró ocho días”, aseguró.
Para cientos de comunidades mexicanas el problema no se limita a las llamas, sino que inicia con la falta de información oportuna, culturalmente apropiada y capacitación. La mezcla de las consecuencias de la catástrofe climática y las omisiones gubernamentales han alimentado las flamas.
Reyes, quien cultiva maíz, lo resumió: falta información. “Eso es de todos los años. Debieran mandar información, para que la gente tenga cuidado”, solicitó.
Como en Copanatoyac, las llamas en los municipios circunvecinos son una amenaza para estas comunidades. Por ejemplo, en un municipio contiguo hubo dos que consumieron 45 hectáreas en 2022, al siguiente no ocurrieron, pero en 2024 se registraron cuatro que arrasaron 214 hectáreas. Y este año se produjeron tres que quemaron 120 hectáreas.
Comunidades, apartadas
Diego Pérez, académico del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la pública Universidad Nacional Autónoma de México, cuestiona el esquema de manejo del fuego.
Las comunidades “son muy conscientes de su entorno, saben cómo conducir quema agrícola, cómo controlar escapes. Muchas de las personas están mejor preparadas para enfrentar esos problemas en zonas rurales», analiza para IPS.
«Pero la legislación mexicana funciona al revés: la persona que debe atenderlo es el dueño o la comunidad. Si sus capacidades se ven rebasadas, deben pedir al municipio, al estado y finalmente a la federación”, añade.
En contraposición, Conafor se ha vuelto “bombero de incendios” en una visión reduccionista. “Está ocurriendo que los incendios regresan con más fuerza. Hay una percepción pública negativa en contra del fuego”, resalta.
El monitoreo y prevención conllevan monitoreo mejorado mediante tecnología satelital, que Conafor ya aplica; prácticas de gestión del fuego mejoradas y mayor conciencia comunitaria y programas de preparación, aún pendientes.
Reyes recuerda las enseñanzas de su padre y su abuelo.
“Lo que más urge es informar, no quemar rozas, rescatar estrategias de antes. Hemos hecho mucha conciencia de que no se debe de quemar las rozas y si lo hacen, la gente mayor tiene sus estrategias”, describe.
Y explica: limpiar alrededor del terreno, no quemar del arroyo al cerro, sino de arriba hacia abajo, porque el arroyo lo corta; no quemar cuando hay mucho viento, preferiblemente después de las cuatro de la tarde.
Ante la situación que la catástrofe climática agrava, las comunidades afectadas piden mayor atención de Conafor.
“Estaría bien que, como instituciones encargadas, organizaran talleres de capacitación sobre esta problemática que las comunidades enfrentan año con año, que reforesten estos espacios, que las comunidades reciban información de cómo, dónde, por qué prevenir los incendios. Hay mucha pérdida de naturaleza”, recomienda Aranda.
El investigador Pérez plantea la investigación y acompañamiento en el manejo de hábitats forestales; el fomento al conocimiento y buenas prácticas, reconociendo diferencias regionales; la recuperación del conocimiento tradicional y la dotación de medios a comunidades para la gestión de sus ecosistemas.
“Hay mucho trabajo qué hacer y no tiene que ver solo con fuegos. Pagar la deuda que ha habido con zonas rurales. Saben que hay fuegos necesarios para sacar combustible del bosque. Se requiere un régimen de restauración para el régimen de fuego, se tiene que hacer con comunicación y trabajo con comunidades. La concepción de lo que puede hacer Conafor tiene que repensarse”, sugiere.
IPS elaboró este reportaje con apoyo del Foro de Paisajes Globales.
RV: EG
