GINEBRA – Un grupo de poderosas empresas controla gran parte de la producción agrícola mundial, los mercados de insumos y las cadenas de suministro alimentario, lo cual amenaza la seguridad alimentaria y los medios de vida rurales, advirtieron expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas.
Esa concentración de poder “socava la autonomía de los pequeños agricultores, exacerba la desigualdad y pone en peligro los fundamentos ecológicos de nuestros sistemas alimentarios”, indicaron los expertos, que actúan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza.
Los expertos expusieron que “los campesinos y los pequeños agricultores alimentan a la mayoría de la población mundial con alimentos saludables y diversos. Sin embargo, cada vez están más marginados y desposeídos por la expansión de los sistemas alimentarios impulsados por las empresas”.
“El modelo actual de agroindustria, respaldado por Estados poderosos, da prioridad a los beneficios económicos por encima de las personas y el planeta. Esto debe cambiar”, agregaron los expertos en informes a la Asamblea General de la ONU.
Ellos son el jurista canadiense Michael Fakhri, relator especial sobre el derecho a la alimentación, y el grupo de trabajo sobre los campesinos que preside el colombiano Carlos Duarte e integran Geneviève Savigny (Francia), Shalmali Guttal (India), Uche Ewelukwa Ofodile (Nigeria) y Davit Hakobyan (Armenia).
Un reporte de Fakhri afirma que “la concentración del poder empresarial es tal, que hace que un grupo relativamente pequeño de personas determine qué y cómo se cultiva, las condiciones laborales, los precios y lo que se come, con el objetivo último de maximizar los beneficios en lugar de obrar por el bien público”.
“Muchas empresas agroalimentarias transnacionales se dedican más a vender productos comestibles que a vender alimentos buenos”, añade Fakhri.
Los expertos advierten sobre prácticas corporativas que han generado, en conjunto, “profundas dependencias que erosionan la resiliencia rural y socavan la autonomía de quienes sostienen nuestros sistemas alimentarios”.
Entre ellas, la adquisición de tierras a gran escala, la monopolización de semillas y agroquímicos, la especulación alimentaria, la agricultura por contrato explotadora y la captura de los espacios decisorios tradicionalmente ocupados por los campesinos y los trabajadores rurales.
Observan que, además, las tecnologías digitales están remodelando a´pun más los sistemas alimentarios, a menudo ampliando el control corporativo mediante la apropiación de datos agrícolas.
“Estas tendencias, junto con la crisis climática, han agravado aún más la amenaza al derecho a la alimentación de millones de personas”, asientan los expertos.
Como muestra de la concentración de poder empresarial, los informes entregan datos por subsectores, semillas y plaguicidas, en el que cuatro empresas (las alemanas Bayer y Basf, la estadounidense Corteva y la suiza Syngenta) controlan 56 % del mercado mundial de semillas comerciales y 61 % del de plaguicidas.
Estas empresas recurren cada vez más a organismos modificados genéticamente y a la inteligencia artificial para impulsar el desarrollo de semillas.
En fertilizantes, cinco empresas, OCP de Marruecos, Mosaic y Nutrien de Estados Unidos, ICL de Israel y Sinofert de China, controlan 25 % del mercado de fosfato.
Maquinaria agrícola: cuatro firmas, Deere y Agco de Estados Unidos, Kuboita de Japón y CNH Industrial de Países Bajos controlan 43 % del mercado mundial y están invirtiendo en la agricultura de precisión impulsada por la inteligencia artificial.
En preparados farmacéuticos para animales, las 10 empresas más importantes controlan 68 % del mercado, y las cuatro primeras (las estadounidenses Zoetis, Merck y Elanco, y la alemana Boehringer) casi 50 %.
Y en genética avícola tres empresas, Tyson Foods (Estados Unidos), EW Group (Alemania) y Hendrix Genetics (Países Bajos), controlan el sector. En Estados Unidos suministran 98 % del material genético para pollos, y en Brasil, China y África el control del mercado es similar.
Para los relatores de la ONU el poder empresarial “supone un problema cuando las empresas tienen la capacidad de aumentar sus beneficios subiendo los precios (especialmente de los insumos) o bajando los salarios”.
Agregan que “las empresas también se hacen con el control de las condiciones materiales, como la tecnología, las condiciones laborales, las prácticas de procesamiento y los entornos alimentarios, de forma que se reducen las opciones a disposición de los consumidores”.
Frente a ello “los Estados tienen la obligación de regular la actividad empresarial, prevenir los abusos y las violaciones contra los derechos humanos y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas”, indicaron.
Hicieron finalmente un llamamiento a todos los gobiernos, al sector privado y a los organismos de la ONU, para que sitúen a los pequeños agricultores, pescadores, pastores y trabajadores rurales en el centro de las políticas alimentarias.
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