LA HABANA – Sentada, con los pies en la acera, en el lumbral de la casa de una vecina, Teodosia Nilda Hernádez, de 80 años, vende unos zapatos para llegar a fin de mes, una práctica muy común en el barrio Dragones, en el municipio de Centro Habana, uno de los 15 que integran la capital de Cuba.
“La cosa (situación) está mala. Y mi pensión no me alcanza. En la farmacia (que oferta productos subsidiados) no hay nada, así que debo vender cosas para comprar medicamentos a sobreprecio en la calle. A 600 pesos (1,4 dólares según el mercado informal, el más usado), diez pastillas de enalapril» contra la presión arterial, contó a IPS.
Pensionada desde hace 30 años a raíz de un accidente en las instalaciones de su antiguo empleo en la Dirección Provincial de la Vivienda, recibía el equivalente a 3,6 dólares mensuales –entonces el mínimo de la asistencia social– hasta agosto, cuando el gobierno duplicó ese monto tras una medida que aumentó el ingreso de los receptores de asistencia que recibieran menos de 9,4 dólares mensuales.
Ese incremento benefició a casi 1,6 millones de personas en Cuba, pero no representa una mejoría sustancial, cuando un kilogramo de arroz, la dieta principal de los cubanos, cuesta 1,4 dólares, mientras la cuota mensual de tres kilogramos de ese grano por persona –que vende el Estado a precios subsidiados– está retrasada desde hace más de dos meses.
Por eso Hernández, quien no tiene familiares que puedan apoyarla, más allá de una hermana en una situación similar, vende unos zapatos a siete dólares y, a cada rato, “cualquier cosa que aparezca”.
“Los años 90 pueden considerarse un antecedente de la situación actual… se incrementaron las desigualdades, al aparecer espacios mejor remunerados que otros, como el turismo, las empresas mixtas… y también fueron momentos de incremento de la pobreza”: Mayra Espina.
En Cuba, las remesas desde el extranjero son un alivio importante para muchas familias y la pobreza castiga especialmente a quienes no cuentan con estas, así como a los adultos mayores sin apoyo familiar, un fenómeno cada vez más frecuente en un país donde una cuarta parte de sus 9,7 millones de habitantes tiene 60 años o más.
En la calle Campanario, donde Hernández vive en el tercer piso de un edificio, se repite el mismo escenario a lo largo de sus aceras.
La dueña de la casa donde se sienta Hernández, de 64 años y pensionada por viudez, vende una silla de ruedas.
“Uno hace como puede. A lo mejor si compras arroz, no puedes comprar carne. Tenemos necesitades. A veces no tengo qué comer, pero no quiero hablar mal de mi país”, dijo a IPS, tras pedir mantenerse en anonimato.
A un par de calles de distancia, otra señora que pidió anonimato, trabaja de forma autónoma de martes a domingo, vendiendo productos de ferretería en un puesto de feria; en su tiempo de descanso, se sienta en la puerta de su casa a –también– vender bombillos led.
“Con un salario básico no alcanza, hay que completarlo vendiendo cositas, más o menos para poder sobrevivir a la situación, que está difícil”, dijo a IPS.
Según cálculos del economista cubano Omar Everleny Pérez, a partir de los precios máximos que publica la Oficina Nacional de Estadística e Información (Onei), dos personas en Cuba necesitan gastar, para cubrir sus necesidades básicas alimenticias, 24 351 pesos al mes, unos 60 dólares.
Asimismo, Pérez estima el costo de la vida en unos 113 dólares mensuales para dos personas, en el que se incluye, aparte de la canasta básica de alimentos, la demanda más elemental de transporte, vestimenta, aseo y comunicaciones.
En cambio, no contempla, por su variabilidad, los gastos en medicamentos, mantenimiento de las viviendas o electrodomésticos, ocio, ni en consumo de electricidad o gas.
Otros economistas estiman incluso mayores cuantías, pero todas distan por mucho de los 15,6 dólares que representan el salario medio en esta nación insular caribeña.
Medir la pobreza
“La importancia de medir la pobreza es que te permite ver la magnitud del problema y a las políticas les permite tener una idea de qué monto de recursos haría falta para ir solucionando en diferentes escalas esa situación. Es un dato imprescindible. Desde hace años no es público”, analizó la socióloga Mayra Espina, especialista en los temas de la pobreza y la desigualdad, en una entrevista en julio en el podcast La Sobremesa.
Espina explicó que Cuba, desde la década del 2000, no mide la pobreza a partir de los ingresos, y que ha optado por mecanismos como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) para medir los estados de vulnerabilidad, una herramienta que suma tres dimensiones: una vida larga y saludable, el acceso al conocimiento y un estándar de vida decente.
De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), el IDH de Cuba alcanzó un valor de 0.762 en 2023 –el último año reportado–, lo cual ubica al país en la categoría de desarrollo humano alto.
Sin embargo, el IDH cubano se encuentra por debajo de la media de América Latina y el Caribe (0.783), y se muestra con una tendencia decreciente desde 2010 –a diferencia de la región–, con una disminución abrupta desde 2020, por la repercusión de la pandemia de covid-19.
Por su parte, Espina opina que, en los años más recientes, cuando los beneficios sociales del Estado han menguado en la isla debido a la crisis económica, sería más adecuado medir la pobreza a partir de los ingresos en relación al costo de vida.
Ingresos que no llegan
En una entrevista posterior con IPS el último día de septiembre, Espina dijo que, mediante una investigación propia, estima que entre 40 y 45 % de la población cubana se encuentra en estado de pobreza, lo que significa que sus ingresos personales y familiares no son suficientes para cubrir sus necesidades esenciales.
“El cálculo se refiere a los que no llegan a 20 000 pesos mensuales (47 dólares) per cápita en 2025, considerando las necesidades básicas de alimentación y un pequeño gasto adicional en otros productos o servicios” a partir de los estimados del costo de vida del economista Pérez, explicó.
Para ello, Espina utilizó encuestas de ocupación, datos estadísticos sobre los ingresos medios del sector estatal o privado, pensiones medias, recepción de remesas, costo de las rentas, investigaciones de campo con muestras pequeñas de grupos de personas en situación desfavorable y de altos ingresos, entre otras técnicas.
“He intentado acercarme a los montos de todas las posibles fuentes económicas de los diferentes grupos sociales”, resumió.
Otras investigaciones muestran resultados incluso más alarmantes.
Un informe anual sobre este tema, que se realiza desde 2019 y cuyo trabajo de campo es abordado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), arroja que 89 % de las familias cubanas sufre pobreza extrema, a partir de entrevistas a 1344 personas realizadas entre junio y julio de 2025.
El estudio identifica la pobreza extrema cuando el ingreso per cápita es menor a 1,90 dólares diarios, según un estándar internacional establecido por el Banco Mundial en 2015, y tomando de referencia la tasa cambiaria del mercado informal de divisas en Cuba.
No obstante, el Estado cubano desestima cualquier estadística proporcionada por el OCDH, porque es receptor de subvenciones del gobierno de Estados Unidos, un país con relaciones antagónicas y que mantiene sanciones y otras medidas contra la isla, con el objetivo de subvertir su orden institucional.
Según USAspending, la fuente oficial de datos abiertos sobre el gasto federal del país nortamericano, el OCDH recibió de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) 2,2 millones de dólares entre octubre de 2019 y septiembre de 2025.
Desigualdades en alza
“Los años 90 pueden considerarse un antecedente de la situación actual. O sea, ahí ya quedó configurado ese proceso de heterogeneización y de reestratificación social”, aseveró Espina a IPS.
Básicamente, con la crisis económica de la década de los 90 a partir de la caída del campo socialista del que Cuba formaba parte, y las reformas para gestionarla, trajeron “la reaparición de clases sociales casi extinguidas en el proyecto socialista cubano, como la pequeña burguesía urbana”, dijo la socióloga.
“Se incrementaron las desigualdades, al aparecer espacios mejor remunerados que otros, como el turismo, las empresas mixtas (de capitales cubanos y extranjeros)… y también fueron momentos de incremento de la pobreza”, agregó.
Según Espina, existían mediciones de pobreza de los años 80 que situaban a casi 7 % de la población en esa condición. En la década de los 90, se calculó la pobreza urbana –nunca se hizo con la rural– en aproximadamente 14,7 %. La última medición, realizada a inicio de los 2000, fue de 20 % para la pobreza urbana.
El ensanchamiento entre el poder adquisitivo de las clases bajas y altas se fueron agudizando con otras reformas económicas que dieron apertura al sector privado, como las ocurridas 2010, que se permitieron negocios privados, o en 2021, con la aparición de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).
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Desde 2019 hasta ahora, en consonancia con la agudización de la crisis económica, el país empezó a implementar políticas de inclusión social para paliar vulnerabilidades en la población, en sustitución a su anterior sistema de beneficios sociales marcados por un “universalismo homogenizante, igualitarista”, como lo define Espina.
El anterior sistema de apoyo social tenía “muchos puntos ciegos, porque cuando se disponen servicios iguales para todos, esto puede ser aprovechado mejor por aquellos que tienen un punto de partida más ventajosa, y los grupos en situación de desventaja y vulnerabilidad suelen aprovechar menos las oportunidades”, dijo.
Sin embargo, la restricción de recursos financieros y materiales del país sigue siendo un obstáculo para que las nuevas políticas de inclusión social tengan un impacto notorio en las personas en situación de pobreza.
“Tengo mucha confianza en que son buenas políticas, pero mucha insatisfacción con el nivel de implementación que se ha logrado”, sentenció Espina.
ED: EG
