NACIONES UNIDAS – En la mayoría de los países de América Latina y el Caribe el gasto en protección social se ha concentrado en las pensiones de adultos mayores, destinando mucho menos a la infancia, advirtió un reporte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).
De los 6,8 billones (millones de millones) de dólares en que se cifra el producto interno bruto (PIB) de la región, se destina 0,8 % a la protección social de los niños, que representan 29,3 % de la población, y 7,4 %, nueve veces más, a los adultos mayores, que de la población representan 9,4 %.
Aunque priorizar a los adultos mayores es una tendencia global, el desequilibrio en América Latina es más marcado que en otras regiones en desarrollo, como el sudeste asiático y el Pacífico, donde a la protección social de los niños se destina 1,1 % del PIB frente a no más de 2,6 % para los adultos mayores.
De hecho, el gasto en adultos mayores en la región latinoamericana y caribeña es comparable al de países de ingresos altos, a pesar de que su proporción de mayores de 65 años es mucho menor (9,5 % vs. 19,5 %, respectivamente).
El Pnud recoge que en esas cifras se excluyen los gastos en educación y salud, y el renglón niños incluye servicios de cuidado infantil y beneficios familiares, como los de discapacidad u orfandad, mientras que el gasto en personas mayores incluye pensiones y beneficios por discapacidad o sobrevivencia.
El reporte destaca que los sistemas de protección social “son uno de los pilares de la política social en América Latina y el Caribe: reducen la pobreza, fomentan la inclusión y aseguran un nivel mínimo de bienestar para su población objetivo. A la vez, refuerzan la cohesión social y fortalecen la legitimidad de la democracia”.
Sin embargo, advierte de que estos sistemas “enfrentan crecientes presiones derivadas de cambios demográficos y otras transformaciones estructurales” que podrían redefinir cómo las sociedades cubren estas necesidades en el futuro.
El acentuado desequilibrio entre el gasto social que va a los adultos mayores y el que se dirige a los niños tiene consecuencias visibles, señala el Pnud.
Los niños enfrentan tasas de pobreza extrema mucho más altas que los adultos mayores, y están sobrerrepresentados entre los extremadamente pobres. En 2023, la tasa de pobreza extrema de los niños en América Latina y el Caribe fue de 16,1 %, casi tres veces la de los adultos mayores (5,7 %).
Esa diferencia entre las tasas de pobreza extrema entre uno y otro segmento de población es mayor en países como Costa Rica, República Dominicana, Panamá, México y Brasil, y menor (son casi tan pobres los unos como los otros) en Honduras, El Salvador, Colombia, Uruguay, Bolivia, Chile o Paraguay).
En un reciente GraphForThought (Gráfico para el pensamiento), el Pnud afirma que los sistemas de protección social actuales enfrentarán cada vez más presión en las próximas décadas.
Expone que la transición demográfica -el proceso por el cual las sociedades pasan de tasas altas de natalidad y mortalidad a tasas más bajas, conduciendo finalmente a una población envejecida- está ocurriendo mucho más rápido en la región que en los países desarrollados.
En promedio, a Europa le tomó 56 años que la proporción de personas de 65 años o más pasara de ser el 10 % al 20 % de la población. En América Latina y el Caribe esta transición ocurrirá en aproximadamente la mitad de ese tiempo. Brasil, por ejemplo, dará este salto en tan solo 25 años.
Este cambio acelerado significa que la región latinoamericana experimentará un más corto dividendo demográfico (cuando la proporción de la población en edad de trabajar es mayor que la de las poblaciones dependientes).
Mientras que los países desarrollados disfrutaron de largos períodos de crecimiento con grandes poblaciones en edad de trabajar, muchos países de la región corren el riesgo de envejecer antes de alcanzar niveles de riqueza comparables.
Con una productividad laboral estancada y un crecimiento económico aún dependiente del aumento de la población empleada, el envejecimiento agrega presión adicional sobre el desarrollo, advierte el reporte.
Además, tensiona a los sistemas de salud y pensión: el financiamiento de beneficios y servicios para un número creciente de adultos mayores recaerá sobre una población en edad de trabajar cada vez más pequeña, generando estrés fiscal y arriesgando la exclusión de grupos vulnerables de servicios esenciales.
Pero el Pnud también advierte de que “curiosamente, parte de la solución puede encontrarse en la propia protección social: aumentar la participación laboral, especialmente de las mujeres, puede expandir la fuerza laboral y estimular la economía”.
Para lograrlo, considera esencial ampliar el acceso a sistemas de cuidado de calidad, y “mejorar la productividad laboral también es urgente, lo que requiere invertir no solo en los trabajadores e industrias actuales, sino también en la próxima generación”.
En resumen, “en un contexto de rápido cambio demográfico y creciente incertidumbre, promover sistemas de protección social más sólidos e inclusivos será central para construir un desarrollo humano resiliente en América Latina y el Caribe”, concluye el informe del Pnud.
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