NACIONES UNIDAS – Expertos de las Naciones Unidas en derecho humanitario pidieron a la Asamblea General de la organización que exija responsabilidades al gobierno de Nicaragua por graves violaciones de derechos humanos y crímenes internacionales, en un informe presentado este jueves 30.
El jurista alemán Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos sobre Nicaragua, que actúa por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, recordó que ese país “durante décadas ha promovido la situación de América Central en la Asamblea General como una región de paz, democracia y desarrollo”.
Por ello “resulta trágico que Nicaragua figure ahora en el programa de la Asamblea com un Estado acusado de desmantelar sistemáticamente el estado de derecho y las instituciones democráticas”, agregó Simon al presentar el informe.
Las conclusiones del grupo, basadas en más de 1900 entrevistas y 9300 documentos, revelan “una política deliberada del Estado para silenciar la disidencia dentro y fuera del país, y consolidar un poder absoluto mediante la violencia, el miedo y la erosión sistemática de los derechos humanos y del estado de derecho.
Los expertos documentaron graves violaciones de derechos humanos cometidas desde 2018 -cuando hubo en Nicaragua protestas antigubernamentales cuya represión dejó centenares de muertos-, de manera generalizada y sistemática, y algunas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad.
También el creciente número de desapariciones forzadas es “profundamente inquietante”, como denunció recientemente el Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas, recordó el informe.
“El aumento del uso de la desaparición forzada por parte del gobierno refleja una crueldad no solo hacia las personas desaparecidas, sino también hacia sus familiares, que viven en angustia e incertidumbre”, afirmó el abogado estadounidense Reed Brody, otro miembro del grupo de expertos.
Brody destacó que “la represión es tan grave, y el sistema jurídico tan depredador, que las familias, desgastadas, se exponen a nuevos abusos solo por buscar a sus seres queridos”.
El gobierno de los copresidentes Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, ha ampliado su represión más allá de sus fronteras, contra personas opositoras reales o percibidas como tales, según el informe.
Indica que esas víctimas en el exterior han sido vigiladas, hostigadas y amenazadas, y también despojadas de su nacionalidad, de su identidad jurídica, sus bienes y sus medios de vida, indica el documento.
“La privación de la nacionalidad se ha convertido en una herramienta para castigar y borrar a quienes se atreven a disentir. Destruye vidas de manera práctica y devastadora: separa familias, bloquea el acceso a la educación o al trabajo, y corta el vínculo de las personas con su país”, dijo la experta uruguaya Ariela Peralta.
Un masivo despojo de nacionalidad tuvo como víctimas a los 222 presos políticos que Managua aceptó enviar como exiliados a Estados Unidos en febrero de 2023. En total 452 nicaragüenses han sido despojados de su nacionalidad.
En junio de 2025, el mayor retirado Roberto Samcam, conocido crítico del gobierno, fue asesinado en Costa Rica. Fue, al menos, el cuarto ataque contra una persona exiliada en ese país vecino.
Brody dijo que “las personas exiliadas que se oponen a Daniel Ortega y Rosario Murillo viven en constante miedo”.
“El gobierno ha construido una maquinaria de persecución que sigue a sus ciudadanos en el extranjero, negándoles documentos vitales y el reingreso al país, intimidando a sus familiares en Nicaragua y manipulando los mecanismos internacionales de aplicación de la ley”, agregó.
Los expertos también señalaron el retiro sin precedentes de Nicaragua de cinco agencias clave de la ONU, así como del Consejo de Derechos Humanos, como parte de una estrategia para evadir el escrutinio y consolidar la impunidad.
“El aislamiento del gobierno del sistema multilateral no es una afirmación de soberanía, sino una búsqueda de impunidad”, afirmó Simon.
Por ello, “la consideración de Nicaragua en este foro es una señal de alerta de que la represión en el país ha alcanzado un nivel que exige un escrutinio global intensificado”, expuso a la Asamblea de la organización mundial.
Peralta agregó que “la comunidad internacional no debe limitarse a ser testigo; debe adoptar medidas concretas -acciones legales, enjuiciamientos y sanciones selectivas- para exigir responsabilidades al gobierno y a los perpetradores individuales”.
El grupo instó a los Estados Miembros a adoptar medidas como fortalecer los mecanismos de protección y asilo para las personas nicaragüenses en el exilio, y promover la rendición de cuentas ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones de la Convención de 1961 para reducir los casos de apatridia.
Se propone también ampliar las acciones legales y las sanciones selectivas contra los perpetradores individuales identificados en los informes, y reforzar el apoyo financiero y técnico a la sociedad civil nicaragüense y a los medios independientes.
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