SANTIAGO – En Chile hay un bum de proyectos de desalinización, con 51 plantas planeadas para procesar agua de mar y una inversión conjunta de 24 455 millones de dólares. Pero son iniciativas que benefician poco a los pequeños agricultores, amenazados por la prolongada sequía, y generan recelos ambientales.
Un catastro de la Corporación de Bienes de Capital y la Asociación Chilena de Desalación y Reúso (Acades) reveló que estos proyectos, ya en etapas de ingeniería y construcción, sumarán una capacidad de producción de 39 043 litros de agua por segundo.
Quince de estos proyectos corresponden al sector minero, ocho al industrial, ocho al sanitario y 20 están vinculados al hidrógeno verde, un combustible limpio, pero muy demandante de agua, en que el país pretende ser gran productor.
De las futuras plantas, 17 se ubican en la desértica región de Antofagasta, en el extremo norte de este alargado país sudamericano, que discurre entre la cordillera de Los Andes y el océano Pacífico.
En la sureña región de Magallanes hay 11 proyectos y le siguen en número las regiones de Atacama, Coquimbo y Valparaíso, en el norte y centro de Chile, que concentran gran parte de la inversiòn.
“Usar el agua de mar, desalada o salina, y reusar las aguas residuales permite liberar presión sobre ríos y napas, asegurando agua para las personas, los ecosistemas y las actividades productivas”: Rafael Palacios.
Rafael Palacios, director ejecutivo de Acades, dijo a IPS que este país “enfrenta un escenario en el que la disponibilidad de agua en el norte y centro de Chile podría disminuir hasta en 50 % hacia 2060, por lo que no podemos seguir dependiendo únicamente de las fuentes continentales”.
“Usar el agua de mar, desalada o salina, y reusar las aguas residuales permite liberar presión sobre ríos y napas, asegurando agua para las personas, los ecosistemas y las actividades productivas” subrayó.
Actualmente operan ya en Chile 23 plantas desaladoras con una capacidad de 9500 litros por segundo. Atienden principalmente necesidades mineras, pero también de consumo industrial y humano.
Pequeños agricultores beneficiados
Dolores Jiménez preside desde hace ocho años la Asociación de productores agrícolas de Altos de la Portada, en la Antofagasta. La agrupación tiene 90 socios activos dueños en total de 100 hectáreas donde crearon una Ciudad Hidropónica.
“No tenemos problemas de agua gracias a un convenio con Aguas Antofagasta. Tenemos un vergel al cual no habríamos llegado sin ese convenio” dijo Jiménez a IPS por teléfono desde Antofagasta, capital de la región homónima.
“Nunca voy a estar en contra de la obtención de agua para consumo humano. Aunque esta salmuera altamente concentrada que va al fondo marino tiene un impacto donde está gran parte de nuestros recursos bentónicos”: Laura Farías.
Aguas Antofagasta es una empresa privada que desala agua en el norte de este país de 19,7 millones de habitantes. La empresa capta agua desde el océano Pacífico mediante un emisario que va 600 metros mar adentro y a 25 metros de profundidad.
En la desalinización, los emisarios son las tuberías submarinas que toman el agua del mar y devuelven y dispersan en forma controlada la salmuera, lejos de la costa y a profundidad adecuada.
Creada hace 20 años, la empresa actualmente desala agua en tres plantas en los municipios de Antofagasta, Tocopilla y Tal Tal abasteciendo a 184 000 familias de esa región.
En su proyecto para abastecer a la población en general, incluyó a la asociación de pequeños agricultores que cultivan zanahorias, brócolis, zapallos italianos, pepinos, hierbas medicinales y flores comestibles.
“Nos apoyan con agua del ducto que va hacia Mejillones (una ciudad costera de la región). Nos financiaron la conexión para llenar seis estanques de 30 000 litros cada uno instalados en una parcela en el punto más alto. Desde allí distribuimos con un camión aljibe”, contó Jiménez.
“Ahora, gracias a un proyecto de la Comisión Nacional de Riego (estatal) pudimos financiar 280 millones de pesos (294 000 dólares) para una conexión interpredial que entregará agua por cañerías a 70 parcelas”, añadió.
Esto significará un gran ahorro para los agricultores.
En Pullally, en el municipio de Papudo, en la central región de Valparaíso y a 155 kilómetros al noroeste de Santiago, Jesús Basáez, producía frutillas (fresas) junto a una decena de pequeños agricultores. Pero la producción fracasó debido a la salinidad del agua de las napas, provocada aparentemente por la sequía de los ríos La Ligua y Petorca y por la cercanía del mar.
Migró entonces a la quinoa, que soporta bien la salinidad. Hoy es conocido como Rey de la Quinoa, un grano valorado por sus propiedades nutricionales y su versatilidad, que fue un alimento ancestral de pueblos altiplánicos andinos y se extendió ahora entre los pequeños agricultores chilenos.
Basáez tiene tres hectáreas sembradas con quinoa en sus variedades blanca, roja y negra, que riega con agua que obtiene de un pozo, según contó a IPS durante una visita a su finca.
La pública Universidad de Playa Ancha, con su sede en la ciudad de Valparaíso, instaló en su finca una planta desaladora móvil que aplica ósmosis inversa para eliminar del agua salada los componentes nocivos al riego. Se aplica presión sobre el agua salada para que pase por una membrana semipermeable que filtra el agua separando las sales.
Tras exitosas pruebas, hoy Basáez está a punto de retomar su cultivo de frutillas en .
“Fueron tres años de investigación y se concluyó que es viable producir agua no salobre para volver a cultivar frutillas. El problema es que el costo sigue siendo muy alto e impide multiplicar la experiencia a otros agricultores”, dijo. La planta móvil costó el equivalente a 84 000 dólares.
Debaten los efectos de desalinizar
Desde 2010, Chile ha venido enfrentando una larga sequía con déficit hídricos que bordearon 30 %. Hubo sequía extrema en 2019 y 2021 y se benefició de un periodo normal en 2024, aunque persiste el déficit del recurso, en un país donde además la gestión del agua está privatizada.
Un informe del Centro del Clima y la Resiliencia de la pública Universidad de Chile, conocido como CR2, indicó que las tasas actuales de uso de aguas subterráneas son superiores a la capacidad de recarga de los acuíferos, provocando un descenso de las reservas.
En las 23 plantas desalinizadoras ya operativas el agua de mar se extrae mediante emisarios no muy largos instalados en el borde costero en un litoral que tiene numerosas concesiones y usos destinados a la acuicultura, pescadores artesanales y pueblos originarios.
El principal problema es el vertimiento de salmuera tras el proceso industrial de desalación.
“Nunca voy a estar en contra de la obtención de agua para consumo humano. Aunque esta salmuera altamente concentrada que va al fondo marino tiene un impacto donde está gran parte de nuestros recursos bentónicos (organismos del fondo de los cuerpos de agua). A una escala local, salvo en la zona de emisión, este impacto nunca ha sido evaluado”, dijo a IPS Laura Farías investigadora de la pública Universidad de Concepción y del CR2.
“Hay literatura que apunta que indudablemente hay impacto. Hay distintas etapas de los ciclos biológicos, desde las larvas hasta los organismos asentados. Incluso también hay impacto a nivel de organismos pelágicos que tienen la facilidad de moverse. Y también impacto a nivel ecosistémico”, precisó la académica por teléfono desde Concepción, una ciudad del centro chileno.
Añadió que este impacto es proporcional al volumen de agua desalinizada.
Según la académica, la crisis hídrica ha derivado en que la desalinización sea parte de la solución, pese a su impacto en los ecosistemas marinos, en la vegetación costera y en la vida silvestre.
“Es una mala adaptación, porque finalmente tendrá impactos que afectarán a los pobladores costeros que viven de esos recursos”, subrayó.
Actualmente hay iniciativas para legislar sobre el uso del borde costero, pero según Farías buscan “normalizar, regularizar y estandarizar esos impactos, posterior a que estas plantas ya existen y hay otras más que piden su aprobación”.
Palacios, director de Acades, opina diferente.
Afirma que son legítimas las inquietudes sobre el impacto ambiental de la desalación en los ecosistemas costeros, pero dice que la evidencia y tecnología actual demuestran que este puede gestionarse de forma efectiva.
“En Chile, estudios recientes muestran que no hay evidencia de que la operación de las desaladoras hasta ahora haya generado impactos ambientales significativos gracias a monitoreos constantes y sistemas avanzados de difusión”, detalló.
Añadió que “en la mayoría de los casos, la concentración natural de salinidad se restablece en dos o tres segundos y a menos de 20 metros de distancia de los emisarios”.
Palacios explicó que investigaciones del Hub (centro) Ambiental de Universidad de Playa Ancha, “confirman incrementos de salinidad menores a 5 % en 100 metros”. Y en zonas como Caldera, una ciudad costera de la norteña región de Atacama, son “menores a 3% en 50 metros, limitando las áreas de influencia a zonas reducidas”.
El especialista destacó que “ya estamos implementando el primer Acuerdo de Producción Limpia en desalación y reúso de aguas, impulsado junto a la (estatal) Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, avanzando hacia estándares voluntarios de gestión sustentable, transparencia y fortaleciendo el vínculo con las comunidades”.
ED: EG
