GINEBRA – El gobierno de Nicaragua está extendiendo su represión contra las personas percibidas como opositoras más allá de sus propias fronteras, advirtió el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, de las Naciones Unidas, en un informe divulgado este martes 22.
El abogado estadounidense Reed Brody, integrante del Grupo, afirmó que “se ha extendido un clima de miedo entre la diáspora nicaragüense, ya que ningún lugar en el mundo parece seguro para los nicaragüenses que se oponen a (los copresidentes) Daniel Ortega y Rosario Murillo”.
“Una mano invisible persigue a las y los exilados dondequiera que vayan, les niega pasaportes, los amenaza a ellos y a sus familias, y los aleja de su país”, dijo Brody.
El informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en esta ciudad suiza, documenta cómo el gobierno ha perseguido a miles de nicaragüenses en el extranjero, muchos de los cuales huyeron tras la sangrienta represión de 2018.
La persecución se ha llevado a cabo a través de medidas severas que incluyen la privación arbitraria de la nacionalidad, prohibición de entrada al país, denegación de pasaportes, confiscación de bienes, vigilancia digital y amenazas, así como la intimidación y el castigo de familiares que permanecen en Nicaragua.
El penalista alemán Jan-Michael Simon, presidente del Grupo, observó que “el daño sufren los nicaragüenses exiliados no es el resultado de un hecho aislado o de una sola violación”.
“Su vida entera se desmantela sistemáticamente, comenzando con su desarraigo y la erosión de su identidad legal, lo que deriva en un colapso económico, aislamiento social y vigilancia omnipresente”, puntualizó Simon.
Los expertos señalaron que, entre febrero de 2023 y septiembre de 2024, fueron privadas de su nacionalidad por orden judicial 452 personas, de las cuales solo una permanece en Nicaragua. Otras fueron despojadas de su nacionalidad sin proceso legal alguno.
A otros nicaragüenses en el extranjero se les ha denegado la renovación del pasaporte o el acceso a otros documentos oficiales, lo que los convierte en apátridas “de facto”, despojados de su identidad legal, sus medios de subsistencia y sus derechos, e impedidos de reconstruir sus vidas en el extranjero.
El Grupo también ha documentado denuncias de violencia física contra nicaragüenses en el exilio, incluido el asesinato en Costa Rica, en junio de 2025, del mayor retirado del ejército Roberto Samcam.
Samcam, quien había sido despojado de su nacionalidad en 2023, fue un crítico abierto de la represión estatal.
Si bien las investigaciones siguen en curso y no se ha establecido vínculo con las autoridades nicaragüenses, los expertos señalaron que este es al menos el cuarto ataque violento contra exiliados en los últimos años.
En su presentación ante el Consejo, los expertos también expresaron su preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos dentro del país.
En este sentido, alertaron sobre el aumento de las detenciones masivas simultáneas y las detenciones en régimen de incomunicación prolongado dentro de Nicaragua.
Las autoridades se han negado a revelar la suerte y el paradero de decenas de detenidos, lo cual configura desapariciones forzadas.
“El recrudecimiento de las desapariciones forzadas es uno de los acontecimientos más alarmantes que hemos presenciado desde que el Grupo comenzó su mandato (marzo de 2022)”, afirmó la experta y abogada uruguaya Ariela Peralta.
Dos muertes recientes bajo detención se produjeron mientras esas personas se encontraban recluidas en régimen de incomunicación. Esas muertes “reflejan la brutalidad de las condiciones de detención y las consecuencias letales de la tortura”, indica el informe.
“Cuando se detiene a personas en secreto, se las tortura y, en algunos casos, mueren bajo custodia del Estado, se configura responsabilidad estatal bajo el derecho internacional. Esto apunta a una política deliberada de terror que debe enfrentarse con urgencia”, añadió Peralta.
Los expertos destacaron además la retirada sin precedentes de Nicaragua de organizaciones y organismos internacionales, incluido el propio Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Señalaron que esas decisiones “representan una estrategia deliberada para eludir el escrutinio y consolidar la impunidad”.
El Grupo llamó a que otros Estados exigieran responsabilidades a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por violaciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Reducción de los Casos de Apatridia de 1961.
También instó a que los Estados adopten medidas integrales para reforzar la protección de las personas nicaragüenses en el exilio, entre otras cosas facilitando los procedimientos de asilo, refugio o naturalización.
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