LIMA – La idea todavía generalizada en los países de América Latina y el Caribe de que las mujeres están obligadas a ser madres, está en la base de las leyes en relación al aborto que siguen siendo restrictivas parcial o totalmente, vulnerando con ello su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y a desarrollar sus proyectos de vida.
Así analizó para IPS la situación del derecho al aborto en la región Cristina Rosero, abogada del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe, organización parte de Causa Justa, un movimiento amplio en Colombia que nació en 2017 para promover la autonomía reproductiva de las mujeres.
Justamente el 28 de setiembre de cada año se conmemora el Día de Acción Global por la despenalización y Legalización del Aborto, que surgió como una iniciativa, adoptada en 1990 en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe realizado en Argentina, y que luego se extendió a las demás regiones.
“La autonomía reproductiva es clave para decidir si se ejerce o no la maternidad, en qué momento, bajó que condiciones, con qué espaciamiento; son decisiones transformadoras que influencian en el proyecto de vida. La capacidad o no de ejercer esa maternidad es crucial y en ello la discusión sobre el aborto, porque en nuestra región persisten restricciones y prohibiciones”, sostuvo Rosero en una entrevista desde Bogotá.
“El aborto debe ser reconocido como un derecho, porque cambiar esas normas que limitan la capacidad de acceder a este servicio son claves para evitar que esos estereotipos de género sigan forzando a las mujeres hacia un proyecto de vida que no desean”: Cristina Rosero.
Explicó que al hablar de derechos reproductivos se considera el acceso a la educación sexual integral, a la información sobre métodos anticonceptivos, pero que el aborto se torna un punto crítico porque es donde más fuertemente se da la imposición derivada de los estereotipos de género sobre ser madres como una finalidad de las mujeres.
“Inclusive una imposición frente al hecho de seguir adelante con un embarazo sin importar cuánta afectación pueda generar al proyecto de vida individual, a la salud y bienestar de la persona. Las leyes de aborto lo ilustran de forma clara: las mujeres deben ser madres por encima de sus deseos y autonomía”, remarcó la abogada.
Rosero subrayó que “el aborto debe ser reconocido como un derecho, porque cambiar esas normas que limitan la capacidad de acceder a este servicio son claves para evitar que esos estereotipos de género sigan forzando a las mujeres hacia un proyecto de vida que no desean, que no respetan su autonomía y que no tienen en cuenta sus deseos”.
Restricciones y prohibiciones
En la región latinoamericana y caribeña de más de 660 millones de habitantes, más de 50% es población femenina. Diversos estudios dan cuenta de las desigualdades que enfrentan por su condición de género, que se agravan cuando se entrecruzan con el origen étnico, ubicación territorial, orientación sexual, situación económica, edad y condición física.
En esa desventaja estructural, los embarazos no deseados, en gran parte por violación sexual sobre todo en caso de niñas y adolescentes, irrumpen en la vida de las mujeres colocándolas muchas veces al borde del abismo por la criminalización del aborto o las restricciones que enfrentan cuando está despenalizado por causales o es libre.
Un informe de ONU Mujeres y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) dio cuenta en 2024 que solo 31 % de los países de la región cuenta con leyes y regulaciones que garantizan el acceso a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo.
Rosero destacó los avances en México, Argentina y su propio país, Colombia, cuya Corte Constitucional sentenció en 2022 la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación. Se mantienen vigente además las tres causales que lo permitían antes: el riesgo para la vida o salud de la gestante, el embarazo por violación o incesto, o malformación fetal.
También Uruguay, Cuba y Puerto Rico han despenalizado la interrupción voluntaria del embarazo, mientras que en otros países como Brasil, Chile, Perú, Guatemala existen excepciones específicas en las que se permite, aunque diferentes en cada caso.
“Chile tiene causal de violación, de afectación a la vida y casos de inviabilidad del feto fuera del útero, Bolivia considera además el impacto en la salud integral que permite un acceso más amplio, mientras que Ecuador ha incluido la causal de violación para todas las mujeres por un fallo reciente de la Corte Constitucional”, describió la especialista.
Sin embargo explicitó que si bien estas excepciones son un paso delante de las prohibiciones totales, siguen sin ser suficientes porque en la práctica tales causales tienden a interpretarse en forma restrictiva e impiden a las mujeres acceder a este procedimiento.
Finalmente se refirió a los países con una prohibición total como República Dominicana, Haití, Suriname, El Salvador y Nicaragua. También Honduras donde, además, cuenta con una norma para impedir cualquier cambio desde el punto de vista constitucional.
“Lo que ocurre en estos contextos es que la persecución no es solo a las mujeres que necesitan interrumpir su embarazo voluntariamente, sino que el estigma es tan fuerte que se criminalizan casos que no eran de aborto inducido”, denunció Rosero.
Mencionó el caso de Manuela contra El Salvador que su institución representó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se refirió a una mujer que sufrió una emergencia obstétrica y que la denunciaron y sentenciaron a más de 30 años cuando ella no había incurrido en el delito establecido por una ley extrema de prohibición del aborto.
“Ella tristemente falleció por un cáncer linfático que sufre en reclusión y no es atendido adecuadamente. La sentencia de la Corte reconoció que un contexto de criminalización total causa este tipo de condenas injustas y estableció una indemnización para su familia. También ordenó a El Salvador modificar sus normativas para que los profesionales de la salud no prioricen la criminalización, sino la atención de las mujeres”, detalló.
Niñas, no madres
En algunos países como Perú, donde una ola conservadora copa los poderes Legislativo y Ejecutivo, se están produciendo graves retrocesos en los derechos sexuales y reproductivos, hasta el punto que el domingo 28 las mujeres marcharán en defensa del aborto terapéutico y otros derechos perdidos.
El aborto está penalizado en este país salvo por dos causales terapéuticas: cuando es el medio para salvar la vida de la gestante o para evitar un daño grave y permanente en su salud.
“Vamos por la legalización completa, por un aborto legal, seguro y gratuito en el hospital. Sin embargo, analizando el contexto y las amenazas a nuestros derechos -porque no estamos en una democracia plena- también levantaremos la defensa del aborto terapéutico porque está bajo graves riesgos”, sostuvo Shely Cabrera, abogada y vocera de la Asamblea Verde.
Esta Asamblea es un espacio permanente a favor de la legalización del aborto conformado por diversas organizaciones, colectivas, activistas independientes. El color verde simboliza en América Latina la lucha por el derecho al aborto, desde se usó en Argentina en su finalmente triunfante batalla por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Pese a que el aborto terapéutico es legal desde 1924 en Perú, legisladores de confesiones evangélicas persisten en limitar y erradicar su aplicación.
La presión conservadora ha hecho que se aprueben dos normas que dan protección al concebido y al niño por nacer, “término que no es científico, biológico ni jurídico”, precisó Cabrera.
“En la ley aprobada el año pasado de protección del embarazo, del niño por nacer y su entorno familiar, logramos con incidencia y luchas en las calles y redes que sus disposiciones no se contrapongan con la normativa del aborto terapéutico”, añadió.
Es importante la exigencia de que este procedimiento se aplique adecuadamente porque permite garantizar a niñas y adolescentes con embarazos producto de una violación sexual acceder a un aborto legal y que puedan continuar con sus proyectos de vida.
“En Perú es creciente la violencia sexual. De enero a agosto de este año suman 113 las denuncias de violación a niñas de cero a cinco años, 619 a niñas de seis a 11 años y 4 335 a adolescentes de 12 a 17. A la fecha se han producido 606 partos infantiles de niñas menores de 14 años”, reveló la abogada.
Con indignación manifestó que “son cifras que perturban y hacen ver que la ley no se aplica, todas tendrían que haber accedido a un aborto terapéutico por el riesgo que implica en su salud y sus vidas. Exigimos al Estado que cumpla con las políticas públicas existentes y que despenalice el aborto en caso de violación”.
Cabrera indicó que el año pasado se produjeron 1079 partos de niñas-madres. Entre las más afectadas están las que viven zonas rurales andinas y amazónicas empobrecidas. “Esta indiferencia del Estado es inaceptable”, dijo.
Por ello el domingo 28, cuando se celebra el también llamado Día por la Despenalización y Legalización del Aborto, “saldremos a las calles con nuestras consignas ‘niñas no madres’, ‘maternidad por elección y no por obligación'», dijo.
«Así también contribuimos a que se deje de estigmatizar el aborto y a la lucha por estas miles de niñas forzadas a una maternidad. No son números, son proyectos de vida y familias enteras afectadas”, concluyó Cabrera.
ED: EG
