RÍO DE JANEIRO – La condena del expresidente Jair Bolsonaro, tres generales y un almirante entre 19 y 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado pone fin a la era militar de la política en Brasil, pero no a las tensiones generadas por ese proceso histórico ni a la fuerza electoral de la extrema derecha.
Aún se esperan las reacciones del gobierno estadounidense de Donald Trump y la intensificación de la lucha de los seguidores de Bolsonaro, de 70 años, por la amnistía a los golpistas, en las calles y en el legislativo Congreso Nacional, proclive a sus postulados.
“Estados Unidos responderá de forma adecuada a esa cacería de brujas”, amenazó el secretario de Estado, Marco Rubio, un descendiente de exiliados cubanos. Trump se declaró sorprendido por la condena de un “buen hombre” que fue “un buen presidente” de Brasil.
“Es muy parecido a lo que intentaron hacer conmigo y no consiguieron”, reconoció Trump, en una identificación que muchos apuntan como el motivo de su decisión de castigar a Brasil con súper aranceles de 50 %, en vigencia desde el 6 de agosto.
Ambos siempre buscaron desacreditar el proceso electoral, boicotearon el combate a la pandemia de covid-19, rechazan los avances civilizacionales contemporáneos y estimularon invasiones salvajes, del Capitolio (sede del Poder Lgislativo) el 6 de enero de 2021 en Washington y de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023.
La sala primera del Supremo Tribunal Federal (STF), compuesta de cinco de los 11 jueces de la máxima instancia judicial del país, condenó por cuatro votos a uno a Bolsonaro a 27 años y tres meses de cárcel más 322 896 reales (59 800 dólares) de multa, al final de un juicio histórico en su sede en Brasilia.
El exministro de Defensa y de la Casa Civil, el general Walter Braga Netto, recibió una pena de 26 años y multa de 130 200 reales (24 100 dólares). Él ya se encuentra en prisión preventiva desde el 14 de diciembre de 2024, acusado de intentar obstruir las investigaciones judiciales.
El almirante Almir Garnier, que comandó la Marina hasta fines de 2022, y otros dos generales del Ejército, Augusto Heleno Pereira y Paulo Sergio Nogueira, que ocuparon funciones importantes en el gobierno de Bolsonaro, recibieron condenas de 19 a 24 años además de multas equivalentes a más de 20 000 dólares.
Delitos en cadena durante años
Las penas son altas porque acumulan condenas por cinco delitos: intento de golpe de Estado, abolición del estado democrático de derecho, organización criminal, daños al patrimonio público y deterioro de bienes históricos.
Estos dos últimos son el resultado de la invasión de las sedes de los tres poderes en Brasilia, por una multitud de bolsonaristas el 8 de enero de 2023, con destrucción en las instalaciones, en un intento de provocar una intervención militar.
Es la primera vez que oficiales del más alto rango de las fuerzas armadas son condenados por la justicia civil en la historia de Brasil, repleta de golpes e intervenciones militares en la política desde el nacimiento de la república en 1889 a través de un golpe militar.
El proceso empezó el 26 de marzo de 2025, cuando el STF acogió la denuncia del procurador general (fiscal general) de la República, Paulo Gonet, en que 34 personas, 24 de ellas militares, fueron acusadas de intentar un golpe de Estado a fines de 2022 y enero de 2023.
El objetivo era impedir la toma de posesión del rival de Bolsonaro en las elecciones de octubre de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva, o derrocarlo tras el inicio de su gobierno el 1 de enero de 2023.
Organización criminal
La fiscalía dividió a los acusados en cinco núcleos que ejercieron distintas funciones, como la jefatura por el denominado “núcleo crucial”, el apoyo jurídico y de inteligencia, la desinformación, “acciones tácticas” -que incluían el asesinato del presidente electo Lula- y presión contra militares opuestos al golpe.
La fase conclusiva del juicio, iniciada el 2 de septiembre y concluido la noche del jueves 11- tuvo como reos los ocho miembros del “núcleo crucial” y resultó la condena del expresidente Bolsonaro, tres generales, el almirante Garnier, dos policías federales y el teniente-coronel del Ejército, Mauro Cid, que alcanzó un acuerdo de “delación premiada”.
La condena de Cid, beneficiado por su colaboración con las investigaciones policiales, se limitó a dos años de prisión en régimen abierto, que puede cumplir en su propia residencia. Él fue el edecán de Bolsonaro durante el gobierno del antiguo capitán del Ejército desde el primer día de 2019 al último de 2022.
Los juicios de los demás encausados, divididos en otros cuatro núcleos, deberá ocurrir en los próximos meses, pero con repercusiones limitadas después de la condena de los cabecillas, cuyo encarcelamiento puede demorar algunas semanas por recursos ante el mismo STF para aclarar las sentencias, sin cambiarlas.
El resultado del juicio a los cabecillas no fue unánime, pero los cuatro votos de condena resultan claves, porque un recurso para la revaluación de la sala plena del STF del juicio, solo hubiera sido posible si hubiese habido dos votos absolutorios y solo hubo uno para seis de los ocho reos del núcleo crucial.
El único voto disidente fue el del juez Luiz Fux, que leyó su sentencia de 429 páginas durante casi 12 horas el 10 de septiembre, donde absolvió a Bolsonaro de todas las acusaciones, al igual que a los otros cinco reos.
Solo condenó al exedecán Mauro Cid y al general Braga, en una decisión de escasa consistencia jurídica, según la mayoría de los juristas que opinaron a respeto.
Contradijo incluso sus propias sentencias anteriores, de duras condenas de los invasores de las sedes del Congreso legislativo, de la presidencia de la República y del STF el 8 de enero de 2023.
Además hay contradicciones en su propia sentencia, al condenar el edecán y absolver su jefe Bolsonaro, por considerar válidas algunas pruebas contra el general Braga e invalidar las mismas en el caso de Bolsonaro y otros reos. Y no se entiende condenar solo dos por el intento de abolir la democracia, una acción necesariamente conspirativa de varios actores.
Además ignoró la sucesión de hechos encadenados que comprobarían la organización criminal y el proceso de construcción del golpe de Estado, que empiezan en los ataques de Bolsonaro contra el sistema de votación electrónica desde 2018, contra el STF y el Congreso Nacional, y las protestas masivas contra varias instituciones democráticas.
Trató cada caso y cada hecho aisladamente, para facilitar sus sentencias de absolución.
Extrema derecha estimulada
Sin embargo, sus argumentos ya comenzaron a alimentar las acusaciones de la extrema derecha e incluso conservadores moderados contra el juicio y el STF, así como el movimiento pro amnistía a Bolsonaro.
Una propuesta en la Cámara de Diputados intenta librar el expresidente de la cárcel y de la imposibilidad de disputar las elecciones de octubre de 2026. Los bolsonaristas no tienen mayoría parlamentaria, pero logran imponer su agenda al atraer legisladores conservadores que codician votos de la extrema derecha muy popular en el país.
Pero los jueces del STF ya dejaron claro que es inconstitucional una amnistía a condenados por intento de golpe de Estado. Los conflictos entre los poderes Legislativo y Judicial tienden a agravarse, pese al desenlace del juicio a Bolsonaro.
Algunos argumentos de Fux, el juez disidente, no le son exclusivos, dividen los juristas y los políticos hace tiempo. Los golpistas deberían ser juzgados en la primera instancia, por jueces y tribunales comunes, y no por el STF, según muchos.
En Brasil existe el llamado “foro privilegiado” que eleva ante el STF el juicio de las autoridades ejecutivas y legislativas. Pero los juzgados en este caso ya no ejercen funciones públicas, por eso sus procesos deberían volver a la primera instancia, argumentan.
La ventaja es que podrían recurrir a instancias superiores, un derecho suprimido cuando son sentenciados por el STF.
Además, en el caso del juicio en la suprema corte, debería ocurrir en el STF pleno, de 11 jueces y no de la sala primera de cinco jueces, añade el argumento. Esa corte distribuye los procesos en dos salas desde hace casi un siglo, para juzgar más rápidamente los millones de procesos que le tocan y evitar su acumulación.
Los críticos argumentan que un juicio tan importante sobre un intento de golpe de Estado e involucrando un expresidente no podría privarse de la participación plena de los 11 jueces que integran el STF.
Son temas que favorecen la ofensiva de la extrema derecha por la amnistía a Bolsonaro e incluso por retaliaciones de Estados Unidos. El hijo del expresidente, el diputado Eduardo Bolsonaro, vive en Estados Unidos desde marzo para promover sanciones contra el país y especialmente contra los jueces del STF.
ED: EG
