MÉXICO – El oceanólogo independiente Efraín García se refugió en el baño de su casa en la ciudad de Acapulco, en la sureña costa occidental de México, durante las dos horas y media que duró el paso del devastador huracán Otis por esa zona en octubre de 2023.
“Era de los lugares más protegidos, buscabas alejarte de ventanas o puertas, porque se rompen. Tuve suerte, porque no pasó nada, se rompieron algunas ventanas, cayó una barda de los vecinos y unos tinacos (depósitos de agua). La mayor parte del daño fueron portones de acceso”, recordó para IPS desde el puerto turístico de Acapulco, con unos 800 000 habitantes y en el estado de Guerrero.
Conforme se acercó a la costa del Pacífico, el huracán tomó fuerza y alcanzó la categoría 5, la mayor en la escala Saffir-Simpson, según la intensidad del viento. Otis arrasó Acapulco, con un legado de 47 personas muertas, 59 desaparecidas, una cantidad indeterminada de heridos y pérdidas por más de 16 000 millones de dólares.
“No había un poste eléctrico en pie, había cerros de basura, láminas, muebles, todos los artículos regados por la calle, a una altura de tres o cuatro metros. Todos tuvimos consecuencias”, recordó García.
La ciencia climática ha predicho que el calor acumulado en el mar acrecienta el poder devastador de los huracanes y los vuelve más destructivos. Los océanos han atrapado parte del calor generado por el consumo de carburantes fósiles y que se acumula en la atmósfera. El agua rebota una porción y absorbe otra, combustible para las tormentas intensas.
“Empezamos por reconocer que lo que vivimos es algo que no se va a terminar. Nos quedó claro que puede volver a suceder muy pronto. El fondo es para una reacción rápida de las cosas, ni siquiera hay una oficina para que la gente se prepare para los distintos efectos del cambio climático”: Efrén García.
A lo largo de este siglo, Guerrero, uno de los estados más pobres y vulnerables a los efectos de la catástrofe climática en el país, ha sufrido el impacto de al menos seis huracanes y tormentas fuertes que han dejado cicatrices en el territorio, como deslaves e inundaciones.
A pesar de esta condición, el territorio, donde viven 3,61 millones de personas, carece de un fondo climático, pese a que una ley climática del estado, vigente desde 2023, establece ese instrumento.
Esa carencia limita la aplicación de acciones de adaptación a las consecuencias climáticas y de remediación, y deja a los estados en dependencia de los fondos para desastres de la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría (ministerio) de Seguridad y Protección Ciudadana, luego de la supresión del nacional Fondo de Desastres Naturales en 2021.
“Empezamos por reconocer que lo que vivimos es algo que no se va a terminar. Nos quedó claro que puede volver a suceder muy pronto. El fondo es para una reacción rápida de las cosas, ni siquiera hay una oficina para que la gente se prepare para los distintos efectos del cambio climático”, lamentó García.
Desfondados
El problema es mayor, porque Guerrero no es un caso excepcional.
De los 32 estados mexicanos y la entidad federativa de Ciudad de México, 24 carecen de los fondos climáticos establecidos en sus legislaciones, mientras que dos de ellos, el central Aguascalientes y el occidental Nayarit, carecen de leyes climáticas, según un análisis documental y solicitudes de acceso a información pública elaboradas por IPS.
Las legislaciones climáticas regionales cumplen con crear los fondos para el clima, pero la mayoría de los gobiernos de los estados han hecho caso omiso a establecerlos y dotarlos de recursos.
Los estados se nutren con el presupuesto nacional y con ingresos propios, pero los recortes financieros aplicados desde 2019 han limitado el margen operativo y los gobiernos regionales argumentan que los fondos climáticos no operan debido a la falta de asignaciones presupuestarias.
Pilar Salazar, investigadora asociada de la Alianza Internacional de Acción del Carbono, señaló que se trata de un problema estructural vinculado a la falta de capacidades locales para la lucha climática y opacidad presupuestaria.
Parte del problema es “cómo funciona la federación y la asignación presupuestaria, porque no está etiquetado, de dónde viene el dinero y a dónde se destina. Los fondos suelen estar planteados muy bonitos en el papel, pero cuando lo tienen que aplicar, allí se limita, porque no hay asignaciones para eso”, dijo a IPS desde Berlín, donde está becada actualmente.
“Un aspecto fundamental es la sostenibilidad financiera del mecanismo. Si no se garantiza desde el diseño del proyecto, no va a jalar”, añadió la investigadora mexicana.
“Los fondos suelen estar planteados muy bonitos en papel, pero cuando lo tienen que aplicar, allí se limita, porque no hay asignaciones para eso. Un aspecto fundamental es la sostenibilidad financiera del mecanismo. Si no se garantiza desde el diseño del proyecto, no va a jalar”: Pilar Salazar.
Un caso paradigmático es el de la suroriental península de Yucatán, conformada por tres estados -Campeche, Quintana Roo y Yucatán-, cuyos gobiernos y la no gubernamental The Nature Conservancy lanzaron con artificio el fondo climático regional en 2016.
Pero la fiesta duró hasta que la cartera quedó vacía y desde 2020 no opera por falta de recursos, en una región amenazada por tormentas intensas, aumento de la temperatura y subida del nivel del mar.
Desde 2014, México aplica un impuesto nacional a las emisiones de carbono de combustibles fósiles, por tipo de carburante y cuyo máximo ronda dos dólares. Pero medidas como los millonarios subsidios a la gasolina anulan su efecto y los ingresos, que van a las arcas nacionales, no se destinan a la lucha climática.
Al menos 11 estados cobran ese gravamen, pero solo tres estados revelan total o parcialmente el uso de los fondos, especialmente para reducir emisiones o en adaptación.
Para enfrentar las catástrofes, el Banco Mundial emitió cuatro bonos catastróficos en 2020 que proveyeron a México de cobertura contra terremotos y huracanes por unos 485 millones de dólares por cuatro años.
Los daños de Otis activaron esos instrumentos financieros que permiten a países en desarrollo acceder a cobertura contra desastres naturales y otros eventos extremos y México los cobró en 2024, año en el cual el Banco Mundial realizó otra operación con cuatro bonos por una protección de 595 millones hasta 2028.
En el caso de Otis, el gobierno mexicano aportó en total unos 3456 millones de dólares para la reconstrucción.
Pérdidas y daños
El impacto de los desastres también conlleva menoscabos materiales y pérdidas humanas. Desde 2015, México ha registrado al menos 84 sucesos relacionados con inundaciones que han dejado 636 muertes y 687 632 afectados, según datos del no gubernamental Centro para la Investigación sobre Epidemiología de Desastres, con su base en Bélgica.
Cuatro de ellos ocurrieron en varias zonas de Guerrero, con 52 muertes y 24 000 damnificados y cuatro más específicamente en Acapulco, con una cuenta de 12 fallecimientos y 24 000 perjudicados.
Asimismo, 146 tormentas provocaron 1640 muertes y 4,37 millones de afectados en todo México. Tres de ellas en Guerrero, que ocasionaron 108 decesos y 12 600 perjudicados. En Acapulco, cuatro tempestades dejaron 336 defunciones y 3,95 millones damnificados.
La previsión meteorológica mexicana advierte de una temporada activa en materia de tormentas y huracanes este año, en la cual habría 17 ciclones tropicales en el océano Atlántico y 19 en el Pacífico.
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El oceanólogo García subrayó las lecciones aprendidas y admiró la naturaleza resiliente de su ciudad, en vías de recuperación del desastre.
“Es la parte que tenemos que rescatar de un evento de esta naturaleza, qué debimos hacer diferente o no haber hecho. Lo aprendimos de la peor forma. Hay que platicar con gente de otras ciudades, ver errores en la construcción. Hay que hacer muchos cambios”, planteó el científico especializado en océanos y ambientes costeros.
Para Salazar, es necesario un enfoque transversal para reducir emisiones y diseñar medidas de adaptación, así como impulsar el cambio climático en las agendas políticas.
“Es necesario un cambio de abajo hacia arriba. Si se refuerza el impuesto al carbono, daría espacio fiscal para invertir en actividades de mitigación y adaptación. El gobierno puede fijar las reglas del juego para incentivar la inversión en adaptación”, sugirió.
Y se preguntó: ¿Cuánto dejamos de ahorrar por no invertir en cambio climático?”.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres calcula que un dólar invertido en preparación e infraestructura resiliente redunda en cuatro billetes verdes de beneficios.
ED: EG
