WASHINGTON – El brazo del sector privado del Banco Mundial ha subido el listón, y es posible que otros le sigan. El 15 de abril, la Corporación Financiera Internacional (CFI) se convirtió en la primera institución financiera de desarrollo en adoptar una política formal de reparación, publicando su Marco de Acción Correctiva (RAF, en inglés) para abordar los daños ambientales y sociales causados por los proyectos de inversión apoyados por la institución.
Esta medida sienta un precedente y aumenta la presión sobre otros bancos de desarrollo, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo, que se espera que publiquen sus propios marcos de reparación.
Las instituciones de desarrollo como la CFI financian proyectos destinados a mejorar la vida en todo el mundo. Sin embargo, con demasiada frecuencia, estos proyectos han causado daños ambientales, desplazado a comunidades y provocado represalias.
Este nuevo marco es un hito, tanto un salto adelante para la CFI como un signo de esperanza para las comunidades perjudicadas por los proyectos de desarrollo.
El 15 de abril de 2025, la CFI estableció su Marco de Acción Correctiva (RAF), una política explícita sobre medidas correctivas que formaliza el compromiso de abordar los daños ambientales y sociales causados por los proyectos de inversión respaldados por la CFI.
El RAF de la CFI y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (Miga, en inglés) es una piedra angular en un momento en que el Grupo del Banco Mundial está revisando los sistemas de rendición de cuentas tanto en el ámbito público como en el privado.
Este marco sienta un precedente y señala un profundo compromiso de toda la institución para evitar daños. Reconoce que la reparación no solo es posible, sino esencial, y que debe formar parte de un cambio cultural más amplio en toda la institución.
El marco de reparación es el resultado de años de incidencia por parte de las partes interesadas tanto dentro como fuera de la institución, y de los arduos esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil y las personas afectadas por los proyectos en todo el mundo.
Sus contribuciones, basadas en la experiencia directa de los daños y en recomendaciones técnicas, han centrado la reparación en los derechos y las necesidades de las personas perjudicadas.
Casos como los proyectos de hidroelectricidad del Alto Maipo en Chile, la empresa griega Titan Cement y la comercializadora alimentaria india Tata Tea revelaron la insuficiencia de los sistemas de denuncia existentes para responder y remediar los daños ambientales y sociales causados a las comunidades por las iniciativas financiadas.
El impulso necesario se generó con el caso Tata Mundra y el histórico litigio Jam contra la CFI, interpuesto por pescadores indios, cuando la CFI volvió a desestimar las conclusiones de su propio mecanismo de rendición de cuentas.
Con el RAF, la CFI reconoce ahora un principio fundamental del derecho internacional: las instituciones deben evitar infringir los derechos humanos y deben abordar los impactos negativos sobre los derechos humanos cuando han contribuido a causar daños.
El marco introduce un enfoque estructurado para abordar los daños ambientales y sociales basado en tres pilares: prevención y preparación, acceso a la reparación y contribución a las medidas correctivas. Si bien sigue distinguiendo entre las funciones de la CFI/Miga y sus clientes, ya no niega su responsabilidad.
La prevención sigue siendo fundamental. La CFI ha reiterado el valor de sus políticas de sostenibilidad existentes para identificar y gestionar los riesgos ambientales y sociales de forma temprana, algo que la sociedad civil lleva mucho tiempo exigiendo, evitando el daño en lugar de gestionar sus consecuencias.
No obstante, dados los numerosos y preocupantes proyectos fallidos en el pasado en el marco de las políticas existentes, el cambio real dependerá de la aplicación de una perspectiva ambiental y social en todas las operaciones. Este cambio debe guiarse por un enfoque basado en los derechos humanos.
El RAF de la CFI también reconoce el papel central de los mecanismos de reclamación. Es esencial que existan mecanismos y sistemas de reclamación eficaces, fiables e independientes para que las personas afectadas por los proyectos puedan presentar quejas y buscar soluciones cuando las cosas van mal.
Teniendo en cuenta la historia de la CFI con su propio mecanismo de rendición de cuentas, el Ombudsman del Asesor en Cumplimiento, se trata de un paso importante.
La CFI/Miga ha reafirmado su compromiso de utilizar su influencia para impulsar a sus clientes a adoptar medidas correctivas y también prestará apoyo a actividades habilitadoras, como la investigación de los hechos, la asistencia técnica y las actividades de desarrollo comunitario.
Sin embargo, la eficacia de estas contribuciones dependerá de la pertinencia de su colaboración con las comunidades que buscan reparación.
Es importante destacar que el RAF se aplica a todos los proyectos de inversión apoyados por la IFC y a todos los proyectos de inversión cubiertos por las garantías de seguro contra riesgos políticos del Miga, lo cual es una decisión alentadora.
En virtud del Marco de Sostenibilidad de la CFI, los clientes son responsables desde hace tiempo de gestionar los riesgos ambientales y sociales. Ahora, también se espera que financien y apliquen las medidas correctivas.
Esto no es tan sencillo como parece: las operaciones de las instituciones financieras de desarrollo se encuentran en el centro de una división de funciones a menudo difusa.
Si la CFI no supervisa y controla adecuadamente a sus clientes, realiza una diligencia debida deficiente o no detecta a un cliente con poca capacidad, el riesgo de daños aumenta, al igual que la responsabilidad de la institución. Una de las cuestiones más espinosas durante la creación del marco fue el costo de proporcionar soluciones.
Cabe destacar que los clientes del sector privado no se opusieron en principio a las soluciones, sino que cuestionaron cómo se aplicarían y cómo se repartirían los costos. Aceptaron la responsabilidad por los daños causados por la construcción o las operaciones, pero necesitaban claridad sobre la implementación.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
También hay que subrayar que el RAF instruye a la CFI a utilizar sus propios recursos financieros —ya sean fondos del proyecto, fondos fiduciarios de donantes, presupuestos internos o capital de riesgo operativo— para apoyar las medidas correctivas.
Se trata de un cambio importante, que podría influir en otras instituciones financieras de desarrollo y abrir la puerta a un cambio sistémico. Ya se están llevando a cabo debates sobre las medidas correctivas en instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo.
El RAF se aprobó con carácter provisional, con una fase piloto de tres años. El reto que se plantea ahora es convertir la política en práctica. El daño es daño, independientemente de cómo se financie o quién lo cause.
A medida que las crisis medioambientales y climáticas se agravan en todo el mundo y las instituciones financieras multiplican los fondos en busca de soluciones, podemos señalar el primer marco de medidas reparadoras como norma a seguir y como camino a seguir.
Ahora que existe una forma de abordar los daños y proporcionar una reparación, se ha establecido el compromiso de hacerlo y muchos están dispuestos a hacerlo realidad, por difícil que sea sin duda. La reparación debe ser más que un principio. Debe ser una realidad.
T: MF / ED: EG
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