MONTEVIDEO – El 1 de junio, México hizo historia al convertirse en el único país del mundo en elegir a todos sus jueces por voto popular, desde los locales hasta los del Tribunal Supremo. En este proceso sin precedentes, los votantes mexicanos eligieron a los candidatos para 881 cargos judiciales federales, incluidos los nueve magistrados de la Suprema Corte, además de miles de cargos locales en 19 estados.
Sin embargo, lo que el gobierno anunciaba como una transformación que convertía a México en «el país más democrático del mundo»» podría acabar siendo un peligroso engaño.
La independencia judicial bajo ataque
Las elecciones judiciales fueron la culminación de una controvertida reestructuración constitucional impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-octubre 2024) y respaldada por su sucesora, la actual presidenta Claudia Sheinbaum.
El partido gobernante, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), promovió el cambio como una medida democrática audaz para eliminar la corrupción, aumentar la transparencia y hacer que los jueces rindan cuentas ante el pueblo en lugar de ante las élites políticas o económicas.
Pero este discurso ocultaba una realidad más preocupante. La reforma judicial fue la pieza final de un ataque sistemático contra las instituciones que controlaban el poder ejecutivo durante la presidencia de López Obrador.
Entre 2018 y 2024, el Instituto Nacional Electoral sufrió repetidos recortes presupuestarios y ataques legislativos. El Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública fue eliminado a finales de 2024, dejando la supervisión del acceso a la información pública en manos de una secretaría dependiente del ejecutivo.
El poder judicial se convirtió en un objetivo prioritario después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazara en repetidas ocasiones las principales propuestas legislativas de López Obrador por considerarlas inconstitucionales.
El presidente respondió con agresivas críticas públicas, acusando a los jueces de corrupción y recortando el presupuesto del poder judicial. Cuando la Suprema Corte invalidó su intento de poner a la Guardia Nacional civil bajo mando militar, López Obrador declaró que el poder judicial necesitaba democratizarse.
Tras la aplastante victoria de Sheinbaum en junio de 2024, cuando ganó con cerca de 60 % de los votos y Morena se aseguró una mayoría cualificada en el legislativo Congreso, el gobierno saliente presentó enmiendas constitucionales como parte del «Plan C», cuyo eje central eran las elecciones judiciales.
A pesar de las protestas de los trabajadores judiciales, los estudiantes y los grupos de la oposición, el proyecto de ley se aprobó en septiembre.
El nuevo sistema sustituyó los nombramientos por méritos por un proceso en el que los candidatos son preseleccionados por comités de evaluación controlados por los poderes ejecutivo, legislativo y judicial antes de someterse a elecciones populares.
Se han acortado los mandatos judiciales y se han alineado con los ciclos políticos, mientras que los salarios de los jueces están ahora vinculados a los del presidente, lo que en la práctica otorga al ejecutivo el control sobre la remuneración judicial, en violación de las normas internacionales que exigen una financiación judicial estable y políticamente independiente.
Otro hecho preocupante es la creación del nuevo Tribunal Disciplinario Judicial, cuyos cinco miembros, elegidos por votación popular, tienen amplios poderes para investigar y sancionar al personal judicial mediante decisiones definitivas e inapelables.
Este tribunal amenaza con convertirse en una herramienta de intimidación política contra los jueces que fallan en contra de los intereses del Gobierno, lo que socava fundamentalmente la independencia judicial.
Efecto corrosivo sobre los derechos
Al final, las elecciones judiciales solo alcanzaron una participación de 13 %, muy lejos dela de 61 % que votó en las últimas elecciones generales.
Esto sugiere una desconexión generalizada de la ciudadanía con el proceso, lo que pone en tela de juicio la legitimidad democrática que sus defensores afirmaban buscar. La complejidad de elegir entre tantos candidatos desconocidos parece haber disuadido a muchos votantes.
Resulta preocupante que se haya identificado a decenas de candidatos con posibles vínculos con los cárteles de la droga, entre ellos el antiguo abogado defensor del famoso narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán, que resultó elegido en el estado de Chihuahua.
La vulnerabilidad a la infiltración criminal es especialmente alarmante en el contexto mexicano, donde la violencia política ha alcanzado niveles sin precedentes —con al menos 32 candidatos y 24 funcionarios públicos asesinados durante la campaña de 2024— y donde las organizaciones criminales ejercen un control gubernamental de facto en muchos territorios.
La comunidad internacional ha respondido con condenas. El Laboratorio de Impacto del Estado de Derecho de la Facultad de Derecho de Stanford se unió al Colegio de Abogados de México para presentar un amicus curiae (amigo del tribunal) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el que se cuestiona la constitucionalidad de la reforma.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) expresó su «grave preocupación» por la independencia judicial, el acceso a la justicia y el estado de derecho. Estas preocupaciones fueron compartidas por el relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados y la Asociación Internacional de Abogados.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
Es probable que las elecciones judiciales tengan un efecto corrosivo sobre la democracia y los derechos humanos.
Al hacer que los jueces rindan cuentas ante la mayoría popular en lugar de ante los principios constitucionales, es probable que el nuevo sistema debilite la protección de los grupos excluidos, como las mujeres, los migrantes y las comunidades indígenas, que dependen de la intervención judicial para protegerse contra la discriminación.
Los primeros análisis sugieren que los jueces alineados con el partido gobernante obtuvieron buenos resultados en las elecciones, lo que podría dar a Morena una influencia sin precedentes en la toma de decisiones judiciales.
Desde la perspectiva del gobierno, las elecciones parecen haber logrado su objetivo político subyacente: consolidar el control en todos los poderes del Estado. Esto elimina los mecanismos de rendición de cuentas necesarios para evitar una deriva autoritaria.
La experiencia de México pone de relieve la peligrosa tensión entre el populismo y la democracia constitucional. Con menos barreras institucionales para impedir una mayor concentración del poder, las instituciones democráticas del país se enfrentan ahora a su mayor prueba.
Para el resto del mundo, México ofrece una lección aleccionadora sobre cómo las reivindicaciones populistas de legitimidad democrática pueden socavar sistemáticamente los cimientos institucionales de los que depende la democracia.
Inés M. Pousadela es especialista sénior en Investigación de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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