BRATISLAVA – Varios Estados europeos anuncian su retirada del tratado mundial que prohíbe las minas antipersonal y lo activistas advierten de que innumerables vidas podrían ponerse en peligro por la amenaza al progreso logrado durante décadas en la lucha contra estas armas.
El 16 de abril, el Parlamento de Letonia aprobó la retirada del país de la Convención sobre la prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción, conocida como Tratado de Otawa, por la ciudad canadiense donde se suscribió en 1997.
Ello se produjo pocas semanas después de que Estonia, Lituania, Polonia y Finlandia anunciaran su intención de retirarse del tratado, que entró en vigor en 1999. Estos países han argumentado que la medida es necesaria por motivos de seguridad, dada la creciente agresividad de Rusia.
Sin embargo, los grupos activistas afirman que la retirada del tratado socava el acuerdo en sí mismo y tiene graves consecuencias humanitarias.
«Aunque estamos lejos del fin del tratado, se trata de un gran revés y un acontecimiento muy deprimente. Las minas antipersonales son objetables porque son armas indiscriminadas por naturaleza y por su impacto humanitario a largo plazo», declaró a IPS Mary Wareham, directora adjunta de la División de Crisis, Conflictos y Armas de Human Rights Watch, cofundadora de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres.
Añadió que «los supuestos beneficios militares de las minas terrestres se ven superados con creces por sus devastadoras consecuencias humanitarias».
El Tratado de Ottawa prohíbe el uso, la producción, la transferencia y el almacenamiento de minas antipersonales. Ha sido ratificado o aceptado por 165 países. Pero China, Corea del Norte, Estados Unidos, Irán, Israel y Rusia se encuentran entre los que no lo han firmado.
Los grupos que apoyan la prohibición destacan la devastación que causan las minas terrestres antipersona, no solo por las víctimas directas, sino también por provocar desplazamientos masivos, dificultar la entrega de ayuda humanitaria e impedir la recuperación socioeconómica tras los conflictos.
Mientras tanto, 80 % de las personas que mueren a causa de las minas terrestres son civiles, y los niños son especialmente vulnerables.
«La presencia de minas y otros artefactos explosivos sigue causando un elevado número de muertes y lesiones graves, que a menudo provocan discapacidades permanentes, con un impacto desproporcionado en los niños, las personas con discapacidad y las personas que se ven obligadas a regresar en condiciones desesperadas», dijo a IPS Shabia Mantoo, portavoz de la Agencia de las Naciones Unidas paara los Refugiados (Acnur).
Además del elevado número de muertos, heridos y secuelas, incluidos los daños psicológicos, añadió, «la presencia de artefactos explosivos dificulta el acceso a los medios de subsistencia locales, como pastos, campos, granjas y leña, así como a las infraestructuras comunitarias».
«También afecta a la prestación de ayuda humanitaria y a las actividades de desarrollo», dijo Mantoo.
Para los actores humanitarios, prosiguió, «su capacidad para llegar de forma segura a las comunidades con altos niveles de necesidades humanitarias y vulnerabilidades y prestar asistencia y protección vitales se ve a menudo seriamente limitada por los riesgos que plantean los artefactos explosivos».
Los grupos humanitarios afirman que el tratado ha sido fundamental para reducir el número de víctimas de minas terrestres de aproximadamente 25 000 al año en 1999 a menos de 5000 en 2023. El número de Estados y regiones contaminados también ha disminuido considerablemente, pasando de 99 en 1999 a 58 en 2024.
El tratado también incluye medidas que obligan a los países miembros a despejar y destruir las minas, así como a prestar asistencia a las víctimas, y a finales del año pasado, 33 Estados habían completado la remoción de todas las minas antipersonal de su territorio desde 1999.
Sin embargo, en los últimos años, el número de víctimas de minas terrestres ha aumentado en el contexto de nuevos y cada vez más graves conflictos.
Los datos del Landmine Monitor de 2024, de la Campaña Internacional para la Prohibición de las Minas Terrestres (ICBL), muestran que, en 2023, al menos 5757 personas murieron o resultaron heridas por minas terrestres en 53 países, lo que supone un aumento de 22 % con respecto a 2022.
El mayor número de víctimas, 1003, se registró en Myanmar. Esta cifra triplicó la de 2022. Le siguieron Siria (933), Afganistán (651), Ucrania (580) y Yemen (499).
En un informe especial publicado en abril sobre los riesgos que siguen planteando las minas y los restos explosivos de guerra (REG, en inglés), cuya presencia se conoce como «contaminación por armas», el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) advirtió de que, en 2025, el impacto humanitario de la contaminación por armas probablemente seguirá aumentando.
«El incremento del uso de artefactos explosivos improvisados, los cambios en el frente y el empeoramiento de las condiciones de seguridad harán que las labores de reconocimiento y desminado sean aún más complejas y, por lo tanto, dejarán a las comunidades expuestas a un peligro mayor», afirma el informe.
En dos de los países más contaminados por minas terrestres del mundo, Myanmar y Ucrania, el grave impacto humanitario del uso masivo de minas terrestres se está haciendo terriblemente evidente.
En Myanmar, los grupos de ayuda locales afirman que el uso de minas terrestres por parte de la junta militar gobernante se ha intensificado hasta alcanzar niveles sin precedentes, mientras que los grupos rebeldes también las están utilizando.
Se han minado carreteras y pueblos, aparentemente con fines militares, aunque muchos observadores afirman que se utilizan con la misma frecuencia para aterrorizar a la población local, lo que no solo provoca la muerte y lesiones horribles de civiles, sino que también dificulta la atención médica y los esfuerzos de ayuda vitales.
Otro dato: se han utilizado minas en los 14 estados y regiones de Myanmar, lo que afecta a alrededor de 60 % de los municipios de ese país del sudeste asiático.
Las minas han supuesto un problema adicional tras el devastador terremoto de finales de marzo en Mianmar.
El CICR afirmó pocos días después de la catástrofe, que causó más de 3000 muertos, que, a medida que la población se trasladaba a zonas menos afectadas por el terremoto y las organizaciones locales e internacionales planificaban su respuesta, los REG estaban amenazando no solo la vida de las personas que se desplazaban, sino también la seguridad del suministro de la ayuda humanitaria.
Por su parte, en Ucrania se han utilizado minas terrestres de forma extensiva desde la invasión a gran escala del país por parte de Rusia en febrero de 2022. Las fuerzas rusas han minado vastas extensiones de tierra, mientras que se ha informado de que las fuerzas ucranianas también han utilizado minas antipersonales.
Se estima que aproximadamente 174 000 kilómetros cuadrados, casi 30 % del territorio de Ucrania, están afectados por minas terrestres y REG.
Según la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otan), Ucrania es ahora el país más afectado por las minas del mundo y el que más minas ha sembrado desde la Segunda Guerra Mundial.
«El impacto humanitario de esta contaminación ha sido multifacético: además de la contaminación de vastas extensiones de tierras agrícolas de primera calidad, lo que afecta negativamente a la seguridad alimentaria, también se han visto gravemente afectadas zonas civiles, como escuelas, zonas residenciales, carreteras e infraestructuras clave, lo que ha provocado desplazamientos masivos», dijo a IPS un portavoz de la Fundación Halo, una importante ONG humanitaria que lleva a cabo operaciones de desminado en todo el mundo, incluida Ucrania.
El portavoz añadió que los efectos de la extensa colocación de minas terrestres en el país podrían sentirse durante décadas.
«Los deminadores de Halo están trabajando en las zonas liberadas, pero se necesitarán muchos años, si no décadas, para limpiar Ucrania de minas terrestres», detalló.
Las zonas más cercanas al frente, como Járkov y Sumy, «son las que han registrado el mayor número de desplazados, y algunas partes de estas regiones podrían seguir siendo inhabitables hasta que se garantice su seguridad total». dijo.
«Cualquier nueva colocación de minas prolongará el riesgo para la población civil, la producción agrícola y el comercio mundial durante las próximas décadas», consideró el representante de Halo.
Los activistas contra las minas terrestres también advierten de que, si los países se retiran del Tratado de Ottawa, existe el riesgo de que el uso de minas terrestres se normalice.
«Una mayor aceptación (de las minas terrestres) podría conducir a una mayor proliferación y uso, recreando la extensa contaminación observada en Ucrania, Myanmar y otras zonas de conflicto», dijo a IPS el director de comunicaciones de ICBL, Charles Bechara.
Además, adujo, «la retirada corre el riesgo de normalizar el rechazo de las normas humanitarias en tiempos de inseguridad, lo que podría socavar otras normas internacionales cruciales».
«La ICBL ha advertido de una peligrosa pendiente resbaladiza en la que el rechazo de las normas establecidas durante períodos de tensión podría llevar a reconsiderar otras armas prohibidas (por ejemplo, las armas químicas y biológicas)», alertó Bechara
Para el directivo de ICBL, «los supervivientes de las minas terrestres en todo el mundo están conmocionados y horrorizados por el hecho de que los países europeos estén a punto de socavar estos avances y cometer el mismo error que ahora lamentan decenas de otros países».
«Cuando las naciones europeas se retiran (de la Convención), envían un mensaje problemático a los países que se enfrentan a amenazas internas o externas para su seguridad, en el sentido de que estas armas son ahora aceptables», consideró.
Sin embargo, no es solo la retirada del Tratado de Ottawa lo que preocupa a los grupos contrarios a las minas terrestres.
La financiación de las labores de desminado y de los servicios de ayuda a las víctimas también se ve amenazada.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
Estados Unidos pese a no ser signatario de la Convención de Ottawa, ha sido el mayor contribuyente a los programas humanitarios de desminado y rehabilitación de los supervivientes de las minas terrestres durante los últimos 30 años.
En 2023, aportó 39 % del total de la ayuda internacional, con 310 millones de dólares.
Sin embargo, la actual suspensión de la ayuda exterior estadounidense pone en peligro programas fundamentales, según la ICBL.
«La suspensión de la financiación estadounidense amenaza los avances en países muy contaminados, donde las tasas de víctimas se habían reducido significativamente gracias a una labor constante de desminado», afirmó Bechara.
Añadió que la suspensión de la financiación tendría «graves consecuencias para los objetivos de aplicación del tratado».
Entre ellas, citó la interrupción o el cese de las operaciones de desminado en más de 30 países, la suspensión de los programas de asistencia a las víctimas que proporcionan prótesis y servicios de rehabilitación, y la reducción de las iniciativas de educación sobre los riesgos que ayudan a las comunidades a evitar las minas.
Además, sumó, la pérdida de puestos de trabajo en las organizaciones de desminado y problemas en la ejecución de otras actividades humanitarias y de desarrollo, ya que los organismos dependen del desminado para acceder de forma segura a las zonas.
Mientras tanto, los partidarios de la Convención de Ottawa instan a los países que actualmente tienen la intención de abandonar el tratado sobre minas terrestres a que reconsideren sus decisiones.
«Para Letonia y otros países que están considerando retirarse de la Convención sobre la Prohibición de las Minas, la ICBL tiene claro que las armas que matan y hieren principalmente a civiles no pueden salvaguardar la seguridad de ninguna nación», dijo Bechara.
Destacó que «expertos militares, incluido el propio comandante de las Fuerzas Armadas Nacionales de Letonia, han llegado a la conclusión de que los sistemas de armas modernos ofrecen capacidades defensivas más eficaces sin causar daños indiscriminados a la población civil».
A pesar de las amenazas contra el Tratado sobre la Prohibición de las Minas, «el mensaje de la ICBL es que los países cesen inmediatamente sus retiradas y respalden el tratado», dijo su director de Comunicaciones.
«La seguridad a largo plazo no puede garantizarse con un derecho internacional humanitario debilitado, que fue concebido específicamente para proteger a los civiles en situaciones de grave inseguridad», concluyó.
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