BRATISLAVA – La comunidad internacional debe tomar medidas para defender el derecho internacional humanitario, afirman defensores de la salud y los derechos humanos, ya que los ataques contra la asistencia sanitaria en zonas de guerra alcanzaron un récord el año pasado y la tendencia sigue.
Un nuevo informe de la Coalición para la Protección de la Salud en los Conflictos (SHCC), publicado el lunes 19 de mayo, documenta más de 3600 ataques contra médicos y trabajadores sanitarios, hospitales y clínicas en zonas de conflicto armado en 2024, lo que supone un aumento de 15 % con respecto a 2023 y de 62 % desde 2022.
Los autores del informe afirman que los ataques contra la asistencia sanitaria en zonas de guerra no solo son más numerosos, sino también más destructivos y se llevan a cabo con armas más pesadas: se ha producido un aumento del uso de armas explosivas en los ataques contra la asistencia sanitaria, que ha pasado de 36 % de los incidentes en 2022 a 48 % en 2023.
El uso de drones contra centros de salud por parte de los autores de los ataques ha impulsado gran parte de este aumento, ya que su uso se ha cuadruplicado, según el informe.
Por otra parte, el año pasado fueron asesinados más de 900 médicos, lo que supone un aumento de 21 % con respecto a 2023, y casi 500 fueron detenidos. Más de 100 fueron secuestrados.
Sin embargo, el informe sugiere que los ataques contra la asistencia sanitaria en zonas de guerra pueden ser aún más generalizados, ya que la recopilación de datos sobre la violencia se ve obstaculizada por la inseguridad, los bloqueos de las comunicaciones y la renuencia de algunas entidades a compartir datos sobre la violencia.
También afirma que el aumento de los ataques ha coincidido con los intentos de los autores de limitar las protecciones legales para la asistencia sanitaria y los civiles en la guerra.
Destaca cómo Israel ha «tratado de diluir los requisitos legales de precaución y proporcionalidad durante los conflictos», mientras «se están llevando a cabo campañas para deslegitimar la Corte Penal Internacional (CPI)».
En ella participan, entre otros, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, imponiendo sanciones al personal de la CPI y a sus familias por haber acusado a israelíes de crímenes de guerra, Rusia criminalizando la cooperación con la CPI o cualquier tribunal extranjero que trate de exigir responsabilidades a los rusos, y otros países anunciando planes para abandonar la CPI.
Los autores afirman que los regímenes de todo el mundo están incumpliendo cada vez más las leyes internacionales de derechos humanos y que es necesario tomar medidas para llevar ante la justicia a los responsables de estos ataques, so pena de que se multipliquen los ataques militares contra la asistencia sanitaria.
Christina Wille, directora de Insight Insecurity, miembro del SHCC, dijo a IPS que la comunidad internacional tiene un papel que desempeñar.
«No se está respetando el derecho internacional humanitario, que establece que la asistencia sanitaria en los conflictos debe protegerse. La comunidad internacional debe unirse para garantizar que se rindan cuentas por estos ataques y que los responsables sean llevados ante la justicia», afirmo Wille.
Pero, añadió, «si no se hace nada y esto continúa, otros Estados pueden considerar que atacar la asistencia sanitaria es una táctica que pueden utilizar en los conflictos sin riesgo de censura o sanción y seguirán adelante con ella».
Aunque el informe documentó más países que denunciaron ataques contra la asistencia sanitaria el año pasado, la mayoría de los incidentes registrados se produjeron en un puñado de Estados.
El mayor número de ataques contra la asistencia sanitaria, más de 1300, se produjo en Gaza y Cisjordania, pero también hubo cientos de ataques en otros países que han sufrido conflictos brutales, como Ucrania (544), Líbano (485), Myanmar (308) y Sudán (276), donde hay pruebas de ataques sistemáticos contra instalaciones y trabajadores sanitarios locales por parte de las fuerzas atacantes o de las fuerzas que se oponen a ellas.
Las consecuencias de estos ataques han sido nefastas, no solo en términos de víctimas inmediatas entre el personal sanitario y la población civil, sino también por los efectos secundarios sobre la población civil local debido a la destrucción de las instalaciones, ya que en algunos casos incluso los servicios médicos más básicos han dejado de estar disponibles.
El informe señala que en Gaza todos los hospitales han sido alcanzados, muchos de ellos en múltiples ocasiones, lo que ha tenido graves repercusiones en su capacidad para atender el gran número de lesiones traumáticas, tratar enfermedades crónicas e infecciosas y garantizar partos seguros.
«El sistema sanitario de Gaza se ha colapsado. Los hospitales y las clínicas han quedado completamente destruidos, al igual que la infraestructura civil», dijoa IPS Simon Tyler, director ejecutivo de Médicos del Mundo, la sección británica de la red internacional de derechos humanos Médicos del Mundo.
Hoy en día, agregó, «solo 22 de los 36 hospitales funcionan parcialmente, lo que significa que solo pueden atender a unos pocos pacientes al día. La mayoría de los laboratorios no funcionan, hay muy poco material disponible, el personal está agotado y algunos siguen detenidos».
Una organización benéfica que trabaja en Gaza, Medical Aid for Palestinians (MAP), afirmó que los devastadores ataques contra dos hospitales —el Hospital Europeo de Gaza (EGH) y el Hospital Nasser, en el sur de Gaza— durante la última semana habían empeorado la situación.
«Los ataques dejaron fuera de servicio al EGH y aumentaron la presión sobre los servicios del Nasser, además de destruir partes del hospital, incluida la unidad de quemados. El EGH era el único hospital de Gaza que prestaba servicios oncológicos tras la destrucción del Hospital de la Amistad Turca en marzo», afirmó a IPS Max Slaughter, responsable de comunicación de MAP.
Las fuerzas israelíes han afirmado en numerosas ocasiones que los hospitales de Gaza se estaban utilizando como bases para las operaciones militares de Hamás.
Sin embargo, la ONU ha declarado que los ataques de las fuerzas israelíes contra la atención sanitaria en Gaza constituyen un crimen de guerra.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
Médicos de Myanmar, que hablaron con IPS bajo condición de anonimato por razones de seguridad, afirmaron que el uso intensificado de drones por parte de las fuerzas gubernamentales que luchan contra los grupos rebeldes en los últimos 18 meses «supone una grave amenaza para la prestación de ayuda humanitaria y servicios de atención sanitaria».
«Los ataques deliberados contra instalaciones sanitarias, incluidos hospitales, centros de salud rurales y otras infraestructuras relacionadas, han provocado graves daños a las instalaciones sanitarias, heridos, muertos y, en algunos casos, discapacidades permanentes entre los trabajadores sanitarios», afirmó uno de ellos.
Los médicos añadieron que la combinación del miedo a viajar y los frecuentes desplazamientos de los centros de servicios sanitarios ha perturbado considerablemente el acceso a la atención médica esencial, y que los ataques con drones contra actividades grupales, como la prestación de ayuda humanitaria, dificultan la eficacia de la prestación de servicios al disuadir las reuniones de personas y crear problemas logísticos.
Mientras tanto, el riesgo que estos ataques suponen para los trabajadores humanitarios ha reducido la presencia de organizaciones sobre el terreno, lo que ha disminuido la disponibilidad de ayuda para las poblaciones afectadas.
En Ucrania, el sistema sanitario ha sufrido una destrucción generalizada similar.
A principios de este mes, el Ministerio de Sanidad de Ucrania afirmó que las fuerzas rusas habían dañado o destruido más de 2300 instalaciones de infraestructura médica desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022.
En algunas zonas cercanas a la línea del frente, los sistemas sanitarios han desaparecido prácticamente por completo, y la población se ve obligada a depender de grupos de ayuda locales y oenegés para recibir atención básica y medicamentos esenciales, o a recorrer largas distancias en condiciones difíciles para llegar a centros que siguen funcionando.
Pero no solo los hospitales han sido objeto de ataques, ya que las tropas rusas atacan regularmente las ambulancias: desde el inicio de la invasión a gran escala, 116 ambulancias han sido dañadas, 274 destruidas y 80 confiscadas.
Pero los hospitales y clínicas de zonas alejadas de los combates tampoco se han librado. En uno de los peores ataques contra la sanidad desde el inicio de la invasión a gran escala de Rusia, el Hospital Infantil Okhmatdyt, uno de los más grandes de Europa, fue alcanzado por un misil el 8 de julio del año pasado. Dos adultos murieron y al menos 34 personas, entre ellas nueve niños, resultaron heridas.
A pesar de las negativas iniciales del Kremlin de que sus fuerzas hubieran alcanzado el hospital, las pruebas demostraron que el edificio había sido deliberadamente alcanzado por un misil hipersónico.
Otro problema al que se enfrentan muchas zonas de conflicto es el impacto que tienen los ataques a otras infraestructuras, como las instalaciones energéticas, en la atención sanitaria.
Volodymyr Hryshko, asesor jurídico principal del grupo ucraniano Truth Hounds, aseguró a IPS que los intensos ataques rusos contra las infraestructuras energéticas en 2024 habían tenido un impacto devastador en la atención sanitaria.
En una encuesta realizada por el grupo, 92 % de los médicos afirmaron que dichos ataques habían provocado cortes de electricidad en sus lugares de trabajo, y 66 % señalaron que los procedimientos médicos se habían visto afectados.
Los ataques provocaron muertes por falta de oxígeno al fallar los sistemas de soporte vital y el personal de algunos hospitales se vio obligado a trabajar en completo apagón.
«Pero el impacto no es solo un riesgo inmediato para los pacientes, sino también la degradación a largo plazo del sistema, el agotamiento del personal —denunciado por más de 80 %— y el trauma psicológico tanto de los pacientes como de los profesionales sanitarios», afirmó.
Sin embargo, a pesar de la muerte y la destrucción causadas por estos ataques, el informe muestra que su número está aumentando.
Wille afirmó que las razones son diversas y que no todos los ataques contra instalaciones médicas documentados pueden ser deliberados.
«Es posible que las armas no sean tan precisas como se cree, y las armas pesadas también pueden tener un efecto de «área amplia»: es posible que los atacantes no tuvieran la intención de alcanzar un hospital, pero el impacto del ataque lo dañó», afirmó.
Sin embargo, señaló que los ejércitos son conscientes de que pueden obtener una ventaja en los conflictos si atacan los sistemas sanitarios.
«Las partes en conflicto suelen considerar que los sistemas sanitarios son un sistema que puede ayudar al enemigo a seguir adelante, ya que tratan las lesiones, ayudan a los heridos a recuperarse y les proporcionan un lugar donde descansar y recuperarse, dijo.
A su juicio, «los ataques contra los sistemas sanitarios también pueden dañar significativamente la moral, ya que las instalaciones y los trabajadores sanitarios prestan servicios que la población, especialmente los niños y los ancianos, necesitan desesperadamente».
Pero los grupos que trabajan para proporcionar ayuda médica y humanitaria en zonas de guerra creen que el hecho de que los regímenes responsables de estos ataques los lleven a cabo con aparente impunidad está alimentando los continuos ataques contra la asistencia sanitaria en las zonas de guerra.
«El principio de que los civiles y los trabajadores humanitarios deben ser protegidos se viola una y otra vez. En los últimos tiempos, hemos visto clínicas bombardeadas, convoyes atacados y a nuestros colegas convertidos en la diana de ataques simplemente por hacer su trabajo en Gaza, Cisjordania y Ucrania», afirmó Tyler.
Consideró que «ya no podemos confiar en la protección de nuestro personal y nuestros servicios, ni garantizarla».
«Los civiles, los trabajadores humanitarios, los trabajadores sanitarios y las infraestructuras nunca deben ser objetivos. Condenamos firmemente todos los ataques contra la asistencia sanitaria y pedimos una investigación independiente y que se responsabilice a los autores», dijo.
Tyler añadió que «la continua inacción de algunos de los gobiernos más poderosos del mundo ante el bloqueo mortal impuesto por las autoridades israelíes es indefendible y podría considerarse complicidad en virtud del derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos».
«Debemos exigir responsabilidades a todos los responsables de las violaciones para garantizar la justicia a las víctimas, disuadir de nuevas violaciones y prevenir futuras escaladas», concluyó.
Slaughter, de MAP, advirtió que «el bloqueo deliberado de la ayuda y los continuos ataques contra la asistencia sanitaria por parte de Israel, todo ello sin rendir cuentas y con total impunidad, están sentando un precedente según el cual la comunidad internacional permitirá que se cometan tales atrocidades sin ningún tipo de recurso».
El informe del SHCC insta a los Estados miembros de las Naciones Unidas a que adopten medidas para garantizar la protección de la asistencia sanitaria en los conflictos.
Entre otras cosas, se pone el fin a la impunidad mediante el fomento de las investigaciones, el intercambio de datos, el enjuiciamiento a través de la Corte Penal Internacional y el empoderamiento de los órganos de supervisión.
Wille admitió que, aunque puede ser difícil alcanzar un consenso internacional sólido que permita poner fin a estos ataques, o al menos reducirlos significativamente, «es fundamental que la comunidad internacional se mantenga firme en su compromiso con el derecho internacional y la responsabilidad internacional».
«Tengo poco optimismo en que los gobiernos puedan impedir tales ataques en el clima actual. Cuando las grandes potencias que deberían defender el orden internacional basado en normas cuestionan su legitimidad, e incluso erosionan el Estado de derecho en sus propios países, como ocurre en Estados Unidos, resulta casi imposible alcanzar el consenso internacional necesario para hacer cumplir esas normas», dijo.
Sin embargo, añadió, «sigue siendo esencial seguir pidiendo que cesen estos ataques y que se enjuicie a los responsables, porque incluso un orden internacional fracturado puede repararse, y la justicia exige persistencia».
