MÉXICO – Los habitantes de la cuenca del río La Antigua, en el sudoriental estado de Veracruz, quieren impedir que la contaminación de este cauce empeore y la situación llegue a un punto crítico, como ha ocurrido con otros cursos fluviales en México.
“Es un río vivo, no está muerto, a diferencia de otros. En la parte alta tiene muchas cascadas. Tan sabia es la naturaleza, tan poderosa, que todo lo que trae de contaminantes, con la caída se va oxigenando, aunque el agua no es potable”, dijo José Millán, integrante de Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por Ríos Libres (Pucarl).
El movimiento aprendió el monitoreo del cauce e instaló 18 estaciones, que detectaron entre 2023 y 2024 materia fecal en todos los sitios. La polución sería mayor, pues en la cuenca operan una refresquera, una planta de leche enlatada y un ingenio de azúcar, además de cultivos rociados con fertilizantes y plaguicidas.
“El saneamiento no está como debería. Si ampliamos el monitoreo, seguramente encontraremos más cosas, metales pesados, agrotóxicos. Desgraciadamente, hay cuestiones que se han normalizado, es muy normal ver un río que lleva desechos. Es muy preocupante”, señaló Millán, de 37 años y quien trabaja en ecoturismo.
El activista habló con IPS desde el municipio de Jalcomulco, a unos 330 kilómetros al sureste de Ciudad de México y con unos 5000 habitantes, cuyas principales actividades consisten en el ecoturismo, la agricultura y la pesca, y donde el agua proviene de manantiales y pozos.
La cuenca del río La Antigua, que surca 148 kilómetros desde las montañas de Veracruz hasta el golfo de México, abarca 27 municipios sobre 2326 kilómetros cuadrados en ese estado y en el de Puebla.
A pesar de ser la fuente hídrica de al menos 12 municipios, otro número similar de ellos arroja residuos líquidos residenciales a su cauce.
“Es un río vivo, no está muerto, a diferencia de otros. En la parte alta tiene muchas cascadas. Tan sabia es la naturaleza, tan poderosa, que todo lo que trae de contaminantes, con la caída se va oxigenando, aunque el agua no es potable”: José Millán.
En la cuenca operan 10 plantas de tratamiento que funcionan por debajo de su capacidad instalada y tres de las cuales arrojan los desechos al río La Antigua. Las autoridades federales ambientales diseñaron un plan de acción de manejo integral de la cuenca en 2017, pero solo se cumplieron parcialmente.
Por la necesidad de saneamiento, Pucarl, que reúne a residentes de 43 comunidades de 12 municipios de la cuenca, interpuso un recurso de amparo en marzo último, el primero en México que persigue que los cauces tengan derechos. Un tribunal les concedió un fallo provisional en abril, por lo que las autoridades deben restaurar los afluentes de la zona.
El colectivo alega violaciones a los derechos humanos al agua y saneamiento, al ambiente sano, a la salud, la alimentación y el trabajo; al territorio y a la identidad colectiva, y demanda acciones inmediatas para sanear ríos y humedales, detener la contaminación, reconocer al río como sujeto de derecho y crear una guardia comunitaria para su protección.
Allí yace parte del problema, pues este país de 129 millones de personas y el tercero de América Latina en extensión carece de una estrategia nacional de saneamiento de los ríos y cuerpos de agua.
Los planes gubernamentales enfocan su mirada en un puñado sumamente investigado, por cuestiones poblacionales y de impacto, sin considerar que mañana la lista tóxica será mayor.
Más de 70 % de ríos, lagos y lagunas están contaminadas en México, según la Secretaría (ministerio) de Medio Ambiente, en un país que cuenta con más de 50 ríos principales, docenas de tributarios y más de 70 lagos con superficies mayores a 100 kilómetros cuadrados.
Eso obedece a que los cuerpos de agua, especialmente los cauces fluviales, se han convertido en vertederos de basura, medicamentos, escorrentía de fertilizantes y residuos industriales, lo que ha ocasionado impactos severos sobre el ambiente y la salud de la población.
A ello se suma la sobreexplotación de las aguas y los efectos de la crisis climática, como sequías y aumento de temperatura.
En Veracruz, sus 18 ríos arrastran contaminantes que provienen de las industrias petroquímica, textilera, alimentaria, de fertilizantes, papeleras, refresquera, agrícola, farmacéutica, cervecera, azucarera, además de plantas de café y residuos líquidos municipales.
Ríos de ayer, ríos de mañana
A cientos de kilómetros al oeste, hay un caudal que puede servir de espejo a ríos como La Antigua, a otra escala, y cuyos habitantes acumulan años de demanda de atención integral.
Se trata del río Santiago, que tiene al menos cuatro afluentes, nace del lago de Chapala, en el occidental estado de Jalisco, es fuente fundamental de aprovisionamiento de agua para la zona metropolitana de su capital, Guadalajara, y desemboca en el océano Pacífico.
Con 475 kilómetros de largo, su cuenca abarca 76 720 kilómetros cuadrados a través de seis estados. En el lago de Chapala desagua también el río Lerma, que nace en el estado de México (contiguo a la capital mexicana) y que también recibe un volumen enorme de porquerías que agrava la situación ecológica de toda la cuenca.
El crecimiento industrial, agrícola y urbano ha convertido a ríos como el Santiago, el más emponzoñado del país, en zonas de sacrificio, en las que los contaminadores cobran los réditos y las comunidades locales heredan los pasivos ambientales.
Alan Carmona, miembro del colectivo Un Salto de Vida, que agrupa a habitantes de los municipios El Salto y Juanacatlán, en Jalisco, recordó que los planes empezaron desde inicios de este siglo, centrados en la contaminación residencial y la instalación de plantas de tratamiento.
“Hubo una simulación muy grande. Ofrecieron construcción inclusiva y nunca cumplieron. Entre las disputas (políticas), siempre quedamos en el limbo los pueblos, afectados por la contaminación desde hace décadas”, señaló a IPS desde El Salto.
A pesar de que comunidades locales han ganado la protección legal de instancias nacionales e internacionales de derechos humanos desde hace años, no han logrado una atención integral.
“Hubo una simulación muy grande. Ofrecieron construcción inclusiva y nunca cumplieron. Entre las disputas (políticas), siempre quedamos en el limbo los pueblos, afectados por la contaminación desde hace décadas”: Alan Carmona.
La gobernación de Jalisco ejecuta desde 2018 el Plan de Saneamiento Integral del Río Santiago, sin la participación comunitaria, con la que se busca el saneamiento del ecosistema en 2050.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) mantuvo indiferencia hacia la contaminación de los cuerpos de agua, mientras que con la administración de su sucesora, Claudia Sheinbaum, en el cargo desde octubre, el problema ha tomado relevancia.
“Pero no sabemos qué va a resultar cuando presente un plan de restauración que toque los intereses (económicos) y no se aplique. No tenemos grandes expectativas, pero al parecer hay un diálogo más honesto”, dijo Carmona, de 34 años.
Este año, las organizaciones han sostenido dos reuniones con representantes gubernamentales y una de las demandas más fuertes es un plan integral de atención médica a los enfermos por la polución.
El Plan Nacional Hídrico 2024-2030, anunciado en noviembre, prioriza el saneamiento de los ríos Santiago, Atoyac, en los sureños estados de Puebla y Tlaxcala, y el Tula, en el central territorio de Hidalgo, catalogados también de zonas de emergencia ambiental, pero no cataloga otros caudales contaminados.
El no gubernamental Comité Ciudadano de Defensa Ambiental de El Salto ha registrado 4146 enfermos y 2842 muertos solo en este municipio desde 2008 y el año pasado cuantificó 168 decesos, la cifra más alta desde el año inicial, 97 casos de insuficiencia renal crónica terminal y 37 de cáncer.
Omar Arellano, investigador de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra de la pública Universidad Nacional Autónoma de México, describió la situación como “un problema estructural”.
“La agenda gris nunca se ha tomado en cuenta. Es un problema generalizado, con unos casos más graves que otros. Por un lado se tiene que empezar. Si estos ríos son las banderas para empezar, está bien”, dijo a IPS el académico en Ciudad de México.
Consideró que “tiene que ser política federal y estatal, cada estado tiene que hacerse responsable, hay mucha resistencia a crearla. Hay que ampliar la investigación”, antes de subrayar la falta de capacidad técnica y financiera para una misión nacional.
Un paso adelante y dos atrás
Ante la devastación ambiental, las autoridades regionales y federales han aplicado variados programas, aunque poco fructíferos, desde la década pasada para el saneamiento de los ríos.
El intento más reciente es el Plan de Saneamiento Integral del Río Santiago, que arrancó en 2018.
Si bien ha avanzado en la instalación de infraestructura de limpieza de agua y monitoreo de polución, aún adolece de problemas de coordinación entre autoridades, freno real a la contaminación, atención adecuada a los problemas de salud de la población aledaña y escasa participación comunitaria.
En febrero, el gobierno de Sheinbaum anunció que invertirá unos 345 millones de dólares entre este año y 2030 en la readecuación de plantas de tratamiento y en la instalación de nuevos colectores de agua.
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En la cuenca del río Santiago existen 133 plantas, de las que 18 no funcionan, y la mayoría solo procesa 56 % del total de capacidad.
Para Millán, en el saneamiento de los cursos fluviales es indispensable que haya complementariedad entre comunidades y gobierno.
“Un trabajo importante que se tiene que hacer es informar a la gente, concienciar a la población, lo hemos aprendido. Los precedentes no nos ayudan mucho, porque no ha habido cumplimiento de los fallos legales. Pero es importante darle el debido seguimiento a los resolutivos, vigilar y tomar acciones para que se aplique lo que se decida hacer”, planteó.
A fin de año, el gobierno tendrá listos decretos de restauración ecológica para las tres cuencas más envenenadas.
“Si hay verdaderamente voluntad política, es frenar procesos de contaminación. No debe ser solo propositiva, sino también a frenar procesos productivos contaminantes y de despojo, para que la restauración sea posible. Se incentiva producción contaminante y se disminuye la capacidad de control. Hay ciertos avances, pero va lento frente a las necesidades del territorio”, subrayó el activista Carmona.
Para el académico Arellano, urge una declaración de veda industrial y urbana en zonas altamente contaminadas, en tanto no se recuperen los cuerpos de agua y se frenen las enfermedades.
“No hay una solución tangible, porque todo sigue como si no hubiera pasado nada. La situación no está para la demagogia de vamos a sanear los ríos. Si esta política se va a aplicar, tomará tiempo para saber si va a frenar los parámetros registrados hasta la fecha y si estados y municipios se coordinen para que trabajos aborden problemas de fondo.”, dijo.
ED: EG
