SANTIAGO – Los migrantes en Chile suman 1,6 millones y unos 250 000 sobreviven sin documentos, sufriendo graves carencias que claman una solución humanitaria para hacerles justicia.
El Censo Nacional 2024 reveló que los habitantes de este alargado país sudamericano son 18,4 millones de los cuales un 8,8 % son migrantes. En los últimos años vinieron mayoritariamente desde Venezuela y antes desde Haití, Colombia y Perú.
Los resultados del censo se están dando a conocer por etapas y en la segunda, publicada el 4 de mayo, incluye lo relacionado con la población migrante.
En Chile, la fuerza trabajadora migrante aporta 13,4 % al producto interno bruto (PIB), según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Reemplaza un déficit de mano de obra por una población envejecida y con natalidad en descenso, donde el aporte al crecimiento demográfico de los migrantes representa 35,2 %.
Joel, de 25 años, migró a Chile desde el departamento Libertad, en el noroeste de Perú, y no ha podido regularizar su situación. Pero tiene contrato como jardinero y paga imposiciones en una Administradora de Fondos de Pensiones gracias a un documento provisorio de identidad.
“Llegué hace cuatro años y no estoy regularizado porque la documentación se está llevando virtual y no obtengo respuestas de las entidades encargadas”, contó a IPS en el condominio donde trabaja en el municipio de La Reina, uno de los que conforman Santiago.
“Presenté mis papeles hace dos años. Estoy con contrato de trabajo que me hizo un conocido. Estoy imponiendo (tributando) como un ciudadano”, agregó Joel, quien pidió no publicar su apellido.
“Al denominar migrante a una persona rápidamente desaparecen el nombre, el apellido, la profesión, los conocimientos, los capitales culturales y se transforma en un enemigo”: María Emilia Tijoux.
El venezolano José Hernández, de 51 años, nació en Caracas y se crio en el occidental estado de Zulia, hasta que en 2017, se sumó al éxodo masivo de la población de su país y entró a Chile como turista.
“Soy un desplazado, no un inmigrante porque no vine por decisión propia”, dijo a IPS en el edificio adonde trabaja como conserje en el municipio capitalino de Las Condes.
“Llegué donde un amigo. Entonces había trabajo, pero no te contrataban si no tenías Rut (documento legal) y para conseguir el Rut debías tener contrato de trabajo. Era una contradicción”, recordó.
Logró a un empleador, quien se aprovechó de su condición para no pagarle la previsión social ni otras obligaciones. “Pagaba lo que consideraba y ahorraba las imposiciones (laborales). Así estuve seis meses sin aportar al Estado”, aseveró.
Ahora tiene residencia definitiva, solicitó la nacionalidad chilena y cuenta que “puedo sobrevivir. Me alcanza para mantenerme, enviar dinero a los seres queridos en Venezuela y a mi hijo que vive en Argentina”.
Vidas en peligro y luego discriminación
María Emilia Tijoux, profesora titular de la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile, encabeza un proyecto sobre migración y trabajo, y subraya que en toda la región latinoamericana las migraciones están cruzadas por la pobreza y desplazamientos en condiciones extremadamente precarias.
“Pasan por el Darién (el tapón selvático entre Colombia y Panamá, considerado entre las rutas más peligrosas del mundo) o hacen trayectos horrorosos donde se pierden niños, se secuestran familias. Ahí hay un mundo delictivo gigante funcionando con tráfico y coyotes (traficantes)”, describió en un dialogo con IPS.
La gente parte con poco y queda sin nada, añadió y aludió a los campos minados que los migrantes atraviesan al pasar caminando por la frontera norte de Chile.
“Pienso en muchas cosas que se han hecho en el norte chileno, en cuánta gente llega mutilada cuando pasan el desierto y hay que amputarle los pies, las manos. Ha ocurrido varias veces con familias completas”, denuncia.
Según Tijoux, en Chile y otros países entienden la migración como una construcción política, cultural, económica “donde al denominar migrante a una persona rápidamente desaparecen el nombre, el apellido, la profesión, los conocimientos, los capitales culturales y se transforma en un enemigo”.
Los migrantes son objeto de discriminación, racismo y xenofobia, sentencia.
“Es muy grave que desde el 2017 se utilice la migración como elemento y argumento político para crear pánico moral y generar miedo en la sociedad”: Eduardo Cardoza.
“La construcción de enemigos ha sido políticamente siempre estable en las sociedades. En algún momento podría ser una persona del mundo indígena o podría ser un joven del mundo popular”, explica.
Esa denostación desconoce el aporte de los migrantes.
«Toda la contribución que las personas migrantes hacen a Chile queda en la oscuridad o no se quiere hablar de ella porque son cifras muy altas”, indica.
La especialista subraya que en Chile los migrantes están en todos los rubros, desde obreros en el mundo agrícola a migrantes altamente calificados pero desvalorizados. Recuerda que hay nichos laborales, como el del trabajo doméstico, donde son migrantes 50 % de los que lo ejercen.
“La mayoría de la mano de obra agrícola en Chile, alguna muy escondida por los empleadores, es irregular lo cual es ideal para la explotación y el maltrato porque la urgencia lleva a aceptar cualquier trabajo”, describe Tijoux.
Los migrantes efectúan en Chile, masivamente, el servicio en los hogares cuidando niños, adultos mayores, enfermos terminales. Pero, frecuentemente son presentados por los medios como gente vinculada al narcotráfico y la delincuencia.
Para Tijoux, es urgente regularizar la migración porque “cuando se regulariza se sabe que ese trabajador en faenas es una persona con nombre, apellido, origen. Sin regularizar estaremos sujetos a problemas”.
También urgió a modificar el trato con niños migrantes en el sistema de salud, la educación y la vida cotidiana porque “lo están pasando súper mal”.
Tijoux lamentó que durante el actual período preelectoral será difícil modificar esta situación porque “la migración es un tema que quema las manos, quema las bocas y también las conciencias”. En Chile habrá elecciones presidenciales y legislativas en noviembre.
Sigue imperio de la Ley de Seguridad
Según el nuevo censo de población, 41,6 % de los migrantes en Chile proceden de Venezuela. Le siguen peruanos y colombianos. Tienen en promedio 33,5 años, cinco menos que la edad promedio de los chilenos. Y 51,7 % corresponde a mujeres.
Para el uruguayo Eduardo Cardoza, del Movimiento de Acción Migrante, las personas en situación de irregularidad viven momentos críticos y coincide con especialistas y activistas en que es urgente cambiar el marco legal porque genera irregularidad.
La dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) elaboró una restrictiva legislación migratoria en 1975, reformada solo en 2021 por el presidente derechista Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), mediante la ley 23135 que ahora se busca modificar.
Cardoza planteó a IPS que esa ley “mantiene la lógica de seguridad nacional sin adecuarse a los flujos migratorios” en la región y en Chile.
“Es una ley regresiva y hasta racista porque hace diferencias notorias respecto a la condición de migración e incluso con respecto a tratados internacionales de derechos humanos”, aseveró.
“Hay siete millones de venezolanos que están circulando en América Latina, pero no le podemos achacar a esa migración la culpa de la situación en Chile porque aquí el proceso migratorio viene creciendo desde comienzos de los años 2000”, agregó.
Cardoza critica la ley 23135 porque permite “una realidad terrible: que después de dos regularizaciones del gobierno de Piñera, estemos con miles de personas en irregularidad migratoria”.
Para Cardoza “es muy grave que desde el 2017 se utilice la migración como elemento y argumento político para crear pánico moral y generar miedo en la sociedad”. Esa argumentación, dijo, incrementa la percepción negativa de los ciudadanos sobre la migración.
El problema de la xenofobia entre los chilenos es una constante alentada por los medios que al informar sobre asaltos y hechos de violencia siempre resaltan la nacionalidad de los participantes cuando son extranjeros.
La más reciente encuesta al respecto reveló que la mayoría de la población tiene una percepción negativa de los migrantes. Pero cuando a los entrevistados se les pregunta si han tenido problemas con algún migrante, solo 6 o 7 % responde que “alguna vez”.
“Y no ha habido políticas interculturales para que la población entienda los fenómenos de movilidad humana que se están dando”, lamentó Cardoza.
Más barreras, más ingreso irregular
El Servicio Jesuita al Migrante informó que los ingresos irregulares pasaron de 1109 el año 2012 a 53 875 el 2022. Contradictoriamente, aumentaron cuando crecieron las exigencias y se endureció el control fronterizo, incluso con militares.
Al 30 de junio del 2023 hubo más de 130 000 autodenuncias en la Policía de Investigaciones por ingresos por pasos no habilitados.
En la frontera norte chilena con Perú (167 kilómetros) y con Bolivia (782 kilómetros) existen unos 50 pasos irregulares. En 37 hay flujo clandestino de personas y vehículos.
Quienes ingresan quedan vulnerables pues se convierten en invisibles.
El actual gobierno del izquierdista Gabriel Boric impulsó un empadronamiento voluntario de inmigrantes y a diciembre del 2022 se registraron 107 322 personas en situación irregular. Del total, 65,9 % eran venezolanos.
La vulnerabilidad migrante se expresa en 24,7 % de hogares no adscritos al sistema de salud y el incremento de quienes habitan campamentos de emergencia que pasaron de 24 964 familias el 2022 a 39 000 el 2023.
Macarena Rodríguez, miembro del directorio del Servicio Jesuita al Migrante, pide centrar la preocupación en quienes ingresaron desde el 2019 y son irregulares. Ese año, Chile puso barreras al ingreso de turistas venezolanos, haitianos, dominicanos y cubanos.
“Esas personas hoy no tienen posibilidades de regularizarse. No importa cuán honestos o trabajadores sean, si tienen hijos aquí, si vienen con niños”, explicó a IPS.
“Es una olla a presión porque tienes a personas que siguen viviendo aquí, trabajan, se vinculan, pero no pueden regularizarse. Esto se complejiza porque hay quienes tienen otra finalidad, como el crimen organizado. Y para ellos el mejor escenario es el actual y no les interesa regularizarse”, aseveró Rodríguez.
ED: EG
