LONDRES/MANDALAY, Myanmar – Alentando las débiles esperanzas de encontrar aún supervivientes, los equipos de rescate de Myanmar y Turquía sacaron con vida a un hombre de entre los escombros de un hotel de la capital la madrugada del miércoles 2, cinco días después del terremoto.
Pero la esperanza de encontrar más supervivientes es escasa después de que el centro de Myanmar, también conocido como Birmania, fuera devastado por un terremoto masivo el viernes pasado. Ahora, los trabajadores humanitarios están luchando por entregar bolsas para cadáveres, medicinas, alimentos y agua en un contexto de guerra civil.
Con temperaturas de alrededor de 40 grados, el hedor de la muerte impregna montones de escombros que alguna vez fueron hogares, bloques de pisos, hospitales, edificios gubernamentales, templos budistas, mezquitas, mercados, escuelas y guarderías.
Muchas de las víctimas del desastre diurno eran niños, musulmanes en la oración del viernes, funcionarios y monjes que estaban examinándose.
Entre las más de 3000 muertes confirmadas hasta la fecha se encuentran 50 niños y dos profesores que murieron cuando su escuela preescolar se derrumbó en Mandalay, la segunda ciudad de Myanmar, según el coordinador de ayuda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La ONU también dijo que 10 000 edificios en el área alrededor de la capital, Naipyidó, se habían «derrumbado o sufrido daños graves».
«Bolsas para cadáveres, cal viva en polvo, desinfectantes de agua, agua potable, alimentos secos», son igualmente indispensables.
Así comienza la lista de artículos más urgentes solicitados por las organizaciones de la sociedad civil que han creado la Unidad de Coordinación de Respuesta a Emergencias de Myanmar, con sede principalmente al otro lado de la frontera en Tailandia.
La junta militar, que tomó el poder de un gobierno democrático en febrero 2021, hizo un llamamiento rápido e inesperado para obtener ayuda internacional. Pero las esperanzas de al menos una pausa en la guerra se desvanecieron pronto, ya que el régimen continuó con los ataques aéreos diarios contra las fuerzas de resistencia y la población civil.
La declaración unilateral de una pausa de dos semanas en su ofensiva por parte de las fuerzas bajo el Gobierno de Unidad Nacional (NUG), que representa a la administración derrocada, no ha recibido respuesta.
A los equipos de rescate a los que se permite entrar en Myanmar pertenecen principalmente a países «amigos», como China y Rusia (los principales proveedores de armamento de la junta) y a países vecinos como Tailandia y la India.
Un equipo de expertos en catástrofes de Italia (un país acostumbrado a los terremotos) estuvo en espera durante días, pero no se les concedieron visados.
Julie Bishop, enviada especial de la ONU para Myanmar y ex primera ministra de Australia, pidió a todas las partes que «cesen inmediatamente las hostilidades y centren sus esfuerzos en la protección de los civiles, incluidos los trabajadores humanitarios, y en la prestación de asistencia vital».
También solicitó al régimen que permitiera el acceso seguro y sin restricciones a los organismos y socios de la ONU para llegar a todas las personas necesitadas.
Un periodista local de IPS en Mandalay confirmó que «la escasez de combustible y agua es un gran problema. No hay electricidad. El combustible no puede llegar a las zonas afectadas por el terremoto porque las carreteras y los puentes están destruidos».
«La gente sobre el terreno no ha recibido ayuda internacional», añadió. «Muchos particulares locales están haciendo donaciones de alimentos, agua y otras necesidades básicas para las víctimas del terremoto», detalló el periodista, cuyo nombre se omite por seguridad.
Los voluntarios y las organizaciones de la sociedad civil están luchando por hacer llegar la ayuda a las víctimas en las ciudades y zonas rurales controladas por la resistencia, así como a Mandalay, la segunda ciudad más grande del país, que está bajo control militar y se encontraba cerca del epicentro del terremoto de magnitud 7,7.
«Ha habido informes y personas que nos han llamado diciendo que grupos de jóvenes que se dirigían a Mandalay y pasaban por Kalaw e Inle han sido detenidos. Hasta ahora, se han registrado varias docenas. Sus amigos nos han pedido ayuda para que los liberen; algunos eran hombres probablemente reclutados», escribió un activista en una advertencia para los demás.
El número de muertos confirmado aumenta a diario. El 1 de abril, el general Aung Hlaing, primer ministro del regimen militar, dijo en un discurso televisado que se habían recuperado 2719 cuerpos, mientras que la Voz Democrática de Birmania dijo que había documentado 3195 muertos. Hay miles más heridos.
Incluso cuatro días después del terremoto, y con muchas zonas todavía sacudidas por réplicas diarias, ha surgido poca información de franjas del centro de Myanmar, privadas de casi todas las comunicaciones debido a los intentos de la junta de aislar los bastiones civiles de los diversos grupos étnicos armados y las Fuerzas de Defensa Popular, creadas tras el golpe de Estado por el gobierno derrocado.
Además de las comunicaciones, el terremoto ha destruido carreteras, puentes y líneas eléctricas. La extensa metrópolis de Yangon, en gran parte indemne, se encuentra sin electricidad y con escasez de agua.
Tom Andrews, relator especial de la ONU sobre Myanmar, habló de «informes consistentes» de que el régimen está bloqueando la ayuda, negando el acceso a los equipos de rescate y continuando con los ataques aéreos.
El NUG informó de ataques aéreos en siete lugares del país en las primeras horas del 1 de abril.
En términos de territorio, el Consejo de Administración Estatal del ejército apenas puede ejercer su autoridad sobre un tercio del país, habiendo perdido terreno de forma constante ante una compleja y poco cohesionada alianza de fuerzas de la oposición, algunas con largas reivindicaciones históricas contra regímenes dominados por la mayoría birmana.
Pero en términos de población, el régimen domina las mayores áreas urbanas, incluidas Yangon, la antigua capital, Mandalay y la recién construida capital, Naipyidó.
El NUG, que lucha por afirmar su propia autoridad como gobierno paralelo con el objetivo de establecer una Myanmar federal y democrática, ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que movilice recursos.
Un llamamiento independiente emitido por 265 organizaciones regionales e internacionales de la sociedad civil de Myanmar pidió al mundo que no canalizara la ayuda a través del régimen, sino a través del NUG, las «organizaciones de resistencia étnica» y la sociedad civil.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
«Hacemos hincapié en que estos esfuerzos de socorro en casos de desastre, a través de cualquier socio ejecutor, no deben ser explotados, manipulados o utilizados como arma por la junta militar para su beneficio político y militar», afirmaba su carta abierta.
Añadía que «la historia de Myanmar ofrece claras advertencias sobre los peligros de canalizar la ayuda a través de la junta militar».
Se refería así al desastre del ciclón Nargis, que mató a unas 100 000 personas en 2008, cuando el anterior régimen militar se negó inicialmente a recibir ayuda internacional y luego manipuló su distribución antes de un referéndum nacional sobre una nueva constitución.
Las organizaciones de la sociedad civil se dirigieron especialmente a las agencias de la ONU ya estacionadas en Myanmar, advirtiéndoles que no permitieran que el régimen obstruyera o impidiera la entrega de ayuda como lo ha hecho en los cuatro años transcurridos desde el golpe de Estado.
Incluso si la junta cesara sus ofensivas, como están empezando a pedir algunos gobiernos asiáticos, y permitiera el acceso sin restricciones a las agencias de ayuda, la profundidad de la degradación de Myanmar a través de años de conflicto y opresión requeriría cantidades masivas de apoyo que no dan señales de llegar.
Ya antes del terremoto del 28 de marzo, la ONU advirtió de que casi 20 millones de personas en Myanmar, más de un tercio de la población, necesitaban ayuda humanitaria, incluidos unos 3,5 millones de desplazados internos a causa del conflicto.
Varios millones también se han visto obligados o han buscado refugio más allá de las fronteras de Myanmar, incluidos más de 900 000 en el mayor campamento de refugiados del mundo, en el vecino Bangladés.
Hace apenas unas semanas, el régimen intentaba imponer su autoridad cerrando hospitales y clínicas privadas en Mandalay que habían contratado a personal del Movimiento de Desobediencia Civil contra la junta que había trabajado anteriormente en hospitales estatales.
China, que considera a Myanmar un enlace estratégico vital con el océano Índico para los oleoductos y gasoductos y un puerto de aguas profundas, no ha tardado en enviar ayuda y a sus trabajadores de rescate de Blue Sky, que trabajan en estrecha colaboración con el régimen de Mandalay.
El camino de Beijing hacia una mayor influencia sobre Myanmar ya se había allanado con la decisión de la administración estadounidense de Donald Trump, antes del terremoto, de recortar su ayuda, que iba dirigida principalmente a los refugiados, a las agencias de la ONU y a las organizaciones sociales en las zonas fronterizas.
En una declaración ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra menos de dos semanas antes del terremoto, Andrews, el relator especial, condenó las atrocidades del régimen de Myanmar contra la población civil.
Esa violencia se ejerce entre otras formas, dijo, «desplegando aviones de combate y helicópteros artillados para atacar hospitales, escuelas, salones de té, instalaciones religiosas, festivales y campamentos para desplazados internos».
Pero también arremetió contra la «retirada repentina y caótica del apoyo» por parte del gobierno de Estados Unidos, que describió como «un impacto aplastante» en las familias, los campos de refugiados y los defensores de los derechos humanos.
Además, señaló que el Programa Mundial de Alimentos había anunciado que un millón de personas se verían privadas de la asistencia alimentaria que les salva la vida en Myanmar debido a los recortes presupuestarios de Estados Unidos y otros donantes.
NdR: Un corresponsal de IPS en Myanmar, del que se omite su nombre, aportó información para este artículo, desde Mandalay.
T: MF / ED: EG
