GINEBRA – El Comité de Protección de los Trabajadores Migratorios, de las Naciones Unidas, expresó este jueves 24 su preocupación por la falta de claridad en los acuerdos migratorios entre México y Estados Unidos, y por la creciente militarización de la gestión migratoria en el país latinoamericano.
Su declaración llamó la atención sobre “la externalización del control fronterizo por parte de las autoridades estadounidenses”, y advirtió sobre “la tercerización de sus obligaciones internacionales en materia de asilo y otros derechos humanos” en que incurre Washington.
El Comité, un órgano de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), presentó su cuarto informe periódico sobre México, reconoció los esfuerzos legislativos e institucionales del país, y formuló recomendaciones en materia de protección de los derechos de los migrantes.
Destacó en particular los avances de México en la armonización de su Ley de Migración con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, mediante la reforma legal de 2020, para poner fin a la detención de niñas, niños y familias migrantes.
Además, acogió con satisfacción las recientes iniciativas del Estado para fortalecer la asistencia y la protección consular de sus nacionales en el extranjero, especialmente en Estados Unidos.
A pesar de esos progresos, el Comité identificó una serie de cuestiones preocupantes, entre las que destacó “la falta de claridad y transparencia respecto a la existencia y el contenido de acuerdos, formales o informales”, entre México y Estados Unidos.
Indicó que esos acuerdos “pueden implicar la externalización del control fronterizo por parte de las autoridades estadounidenses, la tercerización de sus obligaciones internacionales en materia de asilo y otros derechos humanos”.
También alertó sobre “las prácticas sistemáticas de devolución hacia México, bajo dichas medidas, de nacionales de terceros países”, explicando que esas personas quedan en una situación de gran vulnerabilidad, y sufren diferentes formas de violencia y violaciones de sus derechos.
Refirió también las expulsiones de Estados Unidos por vía aérea, toleradas por México, hacia el sureño estado mexicano de Chiapas, de mexicanos y extranjeros, que no reciben información ni apoyo institucional adecuados, quedando expuestas a riesgos de violencia, trata de personas o explotación.
Alertó asimismo del posible agravamiento de esa situación con las medidas anunciadas y aplicadas por Washington desde inicios de 2025, que pueden profundizar la situación de crisis humanitaria y vulneración de derechos en el norte de México.
En ese sentido, recomendó a México aclarar la naturaleza y el contenido de cualquier acuerdo, formal o informal, con Estados Unidos, asegurando que toda cooperación migratoria cumpla con las obligaciones internacionales de derechos humanos.
Entre esas obligaciones están las disposiciones de la Convención y el principio de no devolución y el acceso a procedimientos individualizados de protección.
Del mismo modo, instó a México a robustecer la protección de los derechos de sus trabajadores migrantes en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos.
Esa protección implica mayores esfuerzos diplomáticos para garantizar que los países receptores de mexicanos trabajadores respeten sus derechos laborales y humanos, promoviendo la ratificación de la Convención en esos países.
Otra de las preocupaciones del Comité es la creciente militarización de la gestión migratoria, la participación de empresas de seguridad privadas, y el uso generalizado de operaciones de verificación migratoria en todo el país por parte de actores que no cuentan con las facultades legales para hacerlo.
Al respecto, instó al Estado a cesar la participación de las fuerzas armadas en las funciones migratorias, a poner fin a la externalización de funciones esenciales de política migratoria a actores privados, y a fortalecer los mecanismos nacionales de supervisión y rendición de cuentas.
Otras recomendaciones destacables del Comité incluyen revisión de la Ley de Migración, para garantizar que se ajuste plenamente a los principios de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares.
Propone fortalecer la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, aumentando los recursos financieros y humanos destinados a mejorar la eficiencia en el procesamiento de solicitudes de asilo, y garantizar una atención adecuada a las personas solicitantes.
También solicita acceso a servicios básicos para migrantes, independientemente de su estatus migratorio y sin que estas personas tengan temor a ser detenidas o deportadas.
Finalmente, plantea prevenir la detención arbitraria, asegurando que cualquier privación de libertad se realice de acuerdo con la ley y con respeto a los derechos humanos.
La embajadora mexicana Francisca Méndez Escobar asistió a la presentación del informe en esta ciudad suiza, y reafirmó “el compromiso de México con la protección de los derechos de los migrantes y su disposición para colaborar con la comunidad internacional en la mejora de las condiciones de movilidad humana”.
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