GINEBRA – El gobierno de Venezuela sigue llevando a cabo acciones que constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política, con los delitos de encarcelamiento o privación grave de la libertad física, y otros crímenes, afirmó la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre ese país.
La jurista portuguesa Marta Valiñas, presidenta de la misión, dijo que ese gobierno “sigue ejecutando una dura represión contra personas percibidas como opositoras políticas o que simplemente expresen disidencia o crítica de las autoridades”, incluidos defensores de derechos humanos y periodistas.
“Se trata del mismo patrón de actuación que la misión ha previamente caracterizado como crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, agregó Valiñas al presentar este martes 18 ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en esta ciudad suiza, su actualización sobre la situación de los derechos humanos en ese país.
Indicó que fuentes no gubernamentales documentaron al menos 42 arrestos entre septiembre y diciembre de 2024, y 84 más durante los primeros 15 días de enero de 2025. Algunas de estas detenciones podrían constituir desapariciones forzadas de corta duración.
La organización venezolana de derechos humanos Foro Penal indicó que al 17 de marzo existían en el país 894 presos políticos, de los cuales 167 eran militares, 88 mujeres y cinco adolescentes.
La misión expresó su preocupación por la detención de al menos 150 extranjeros acusados de participar en conspiraciones contra el gobierno. Tanto las familias como las autoridades de los países de su nacionalidad desconocen la suerte y el paradero de esas personas, indicó.
Al respecto, el experto de la misión Francisco Cox, abogado penalista chileno, declaró que los esfuerzos diplomáticos para intentar comunicarse con los detenidos “son ignorados por el gobierno de (el presidente) Nicolás Maduro, en contra del derecho internacional”.
“Las personas detenidas son mantenidas en estrictos regímenes de incomunicación, lo que viola el derecho nacional e internacional”, añadió Fox.
La misión también proporcionó más detalles al Consejo sobre una de las protestas poselectorales de julio de 2024 en el estado de Aragua (centro-norte del país), en la que murieron siete personas.
Confirmó que se realizaron disparos sin previo aviso desde el interior de una instalación militar contra las personas que se manifestaban. Miembros del Ejército y de la Guardia Nacional Bolivariana encargados de controlar la protesta se encontraban dentro de esa instalación.
“La misión identificó a tres generales involucrados en la operación de control del orden público en esa protesta, así como a dos altos oficiales que se encontraban dentro de la instalación militar desde la cual se disparó contra los manifestantes”, señaló la argentina Patricia Tappatá, también integrante de la misión.
El Estado venezolano “debe investigar este incidente, llevar ante la justicia a los responsables y proporcionar reparación a las víctimas”, dijo Tappatá.
La represión en Venezuela arreció desde finales de julio del año pasado, después de que estallaron protestas tras el anuncio oficial de los resultados de la elección presidencial del día 28 de ese mes.
El presidente Maduro fue proclamado ganador de un tercer mandato de seis años con 53 % de los votos frente a 43 % de su principal rival, el opositor Edmundo González.
La oposición sostuvo, con base en actas que recopiló en casi 90 % de centros de voto, que González ganó con 67 % de los sufragios frente a 30 % de Maduro.
El informe de la misión dijo que “el Consejo Nacional Electoral, desconociendo lo que establece la legislación venezolana, nunca publicó ni el acta de totalización (de la elección) ni las actas de escrutinio por mesa (unas 30 000)”.
La misión “ha recibido testimonios creíbles y corroborados de que miembros del Consejo recibieron instrucciones políticas para anunciar un resultado distinto al que se obtuvo en las urnas”, leyó Variñas.
Al cabo de dos semanas de protestas había al menos 25 muertos, decenas de heridos y unos 2200 detenidos. Estos fueron a cárceles bajo acusación de terrorismo y luego centenares fueron excarcelados con condiciones, pero una veintena de dirigentes permanece tras las rejas.
El pasado enero Maduro juró nuevamente como presidente, en tanto González se encuentra exiliado en España.
La misión solicitó al Consejo que inste al gobierno a liberar de manera inmediata e incondicional a todas las personas detenidas arbitrariamente, y a prestarles atención médica adecuada y oportuna mientras sigan en prisión.
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