WASHINGTON – La presidenta del Perú, Dina Boluarte, debería vetar un proyecto de ley aprobado por el Congreso que restringiría gravemente el trabajo de periodistas independientes y organizaciones de la sociedad civil, expuso este jueves 20 la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW).
Juanita Goebertus, directora de la división América de HRW, dijo que “la presidenta Boluarte debería vetar esta ley abusiva si quiere demostrar que no es cómplice de la erosión del Estado de derecho promovida por el Congreso”.
El Congreso legislativo peruano “está siguiendo los pasos de regímenes autocráticos que demonizan y castigan a las organizaciones de derechos humanos y a los periodistas que reciben fondos del extranjero”, añadió Goebertus.
HRW se suma así a entidades internacionales que han pedido detener la nueva ley, entre ellas la Federación Internacional por los Derechos Humanos (Fidh), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el centro de estudios Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola).
El 12 de marzo, el Congreso peruano aprobó, con 82 votos a favor, 15 en contra y cuatro abstenciones, un dictamen conocido como “ley anti ONG”, que modifica la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional.
La ley daría enormes poderes a la agencia gubernamental competente para controlar a las organizaciones no gubernamentales que reciben fondos desde el extranjero, recordó HRW.
El texto “utiliza un lenguaje demasiado amplio y vago que, en la práctica, otorgaría al gobierno la facultad de multar o sancionar arbitrariamente a organizaciones que critiquen o se opongan al accionar gubernamental”, señala HRW.
Considera que la iniciativa forma parte de un patrón más amplio de acciones del Congreso “destinadas a socavar las instituciones democráticas, debilitar las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos y el crimen organizado y la independencia judicial”.
Según la Constitución, la presidenta tiene 15 días para vetar la ley una vez que sea enviada a su despacho, lo que aún no ha ocurrido. Si Boluarte deja pasar los 15 días sin firmar o vetar el texto, entonces el Congreso la promulga y convierte en ley.
La ley permitiría al gobierno bloquear proyectos que utilicen fondos extranjeros y le otorgaría la autoridad para asegurar “la correcta utilización de los recursos” de la financiación extranjera, para suspender y eventualmente cancelar el registro de organizaciones que “hagan uso indebido” de esos recursos.
Entre el “uso indebido” se incluye la utilización de fondos extranjeros “para asesorar, asistir o financiar, de cualquier forma, acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza, en instancias nacionales o internacionales, contra el Estado Peruano”.
HRW advierte de que esa disposición podría incluir la asistencia jurídica en casos de violaciones de derechos humanos contra autoridades peruanas.
La ley obligaría al gobierno a revelar públicamente las direcciones de las ONG que reciban financiación extranjera, así como sus “planes y proyectos”.
Eso se considera preocupante porque en los últimos años algunos grupos de derecha y de ultraderecha se han reunido, en numerosas ocasiones, frente a casas de periodistas y oficinas de defensores de derechos humanos con el objetivo de intimidarlos.
El Congreso peruano está actualmente controlado por fuerzas de derecha y extrema derecha, encabezadas por Fuerza Popular, el partido heredero del autócrata Alberto Fujimori, que gobernó el país entre 1990 y 2000.
A esa alianza mayoritaría se ha plegado Boluarte, que llegó como presidenta interina en diciembre de 2022, para sustituir al izquierdista Pedro Castillo, detenido y destituido por el Congreso tras un supuesto y confuso autogolpe, el mismo día en que el parlamento se preparaba para privarle del cargo.
La ley llega en un momento en el que la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de recortar la ayuda extranjera está afectando a ONG peruanas y a medios de comunicación independientes, dice HRW.
Entre julio de 2022 y junio de 2023 Perú fue el tercer mayor receptor de ayuda exterior estadounidense en Sudamérica, únicamente superado por Colombia y Ecuador, y el sexto en América Latina y el Caribe, recibiendo más de 240 millones de dólares.
Entre las organizaciones afectadas por estos recortes se encuentran algunas que proveían asistencia para hacer frente a la inseguridad alimentaria en comunidades vulnerables y otras que promovían la independencia judicial.
El Congreso justificó la ley señalando que existía un supuesto “desvío de fondos” cometido por organizaciones de sociedad civil.
En cambio, según HRW, la mayoría de las operaciones sospechosas estaban relacionadas con la minería ilegal y el crimen organizado.
“Si el Congreso estuviese realmente preocupado por el lavado de dinero, dedicaría sus esfuerzos a abordar los flagelos de la minería ilegal y del crimen organizado en el Perú”, afirmó Goebertus. “Al aprobar leyes para socavar investigaciones sobre el crimen organizado, han hecho exactamente lo contrario”, agregó.
Leyes similares para contener el financiamiento y las actividades de las ONG y medios independientes se han aprobado en lo que va de década en países como Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Venezuela.
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