NUEVA DELHI – Una comunidad local se enorgullece de cuidar desde hace siglos una región sensible y biodiversa con la administración del Parque Nacional de Kaziranga, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y situado en el noreste de India. Pero actualmente las autoridades rechazan, a veces de forma agresiva, sus intentos de seguir participando en su conservación.
Así que la comunidad en general, que vive cerca de las zonas de conservación de los tigres del Parque, también se enfrenta a la amenaza de un desalojo masivo.
«Nos enorgullece el hecho de que las comunidades de los alrededores de Kaziranga hayan sacrificado tanto para preservar esta región de biodiversidad tan especial», afirma Pranab Doyle, coordinador del Comité de Derechos Humanos y de la Tierra del Gran Kaziranga y fundador del Comité de Derechos de Todas las Comunidades Afectadas de Kaziranga.
Detalla que «es una de las zonas donde las comunidades se han sacrificado para proteger a los rinocerontes unicornios, los tigres y los elefantes, y comparten una relación simbiótica con ellos».
«Pero el departamento forestal o la industria moderna de la conservación son muy contrarios a la forma en que las comunidades ven los espacios compartidos», se lamenta.
Kaziranga, un parque nacional y un proyecto de tigres del estado nororiental de Assam, es famoso por la conservación del rinoceronte indio de un cuerno.
Según un artículo publicado en 2019, entre 2008 y 2018 se mataron 102 rinocerontes unicornios en varios parques de la India.
También hay estadísticas sobre el número de cazadores furtivos muertos (40) y arrestados (194). Otra información más reciente asegura que en 2022 no se mató a ningún rinoceronte en el parque.
Los rinocerontes de Asia y África son a menudo cazados furtivamente por sus cuernos, que se utilizan en la medicina tradicional de algunos países asiáticos.
A pesar del éxito en la lucha contra la caza furtiva, la comunidad se enfrenta a conflictos debido a las tácticas de mano dura de las autoridades que gestionan la vida silvestre.
La comunidad afirma que hubo un tiempo en que los santuarios de vida silvestre se utilizaban para el pastoreo de animales, como zonas de recreo y para recoger alimentos, y que la comunidad compartía sus cosechas con los animales que vivían allí.
Sin embargo, debido al poder conferido al Departamento Forestal regional y nacional, solo se tiene en cuenta la vida silvestre o la agenda del departamento, afirma la comunidad.
«Esto ha llevado a un proceso muy militarizado en Kaziranga, donde se establecen múltiples líneas de posicionamientos militares en nombre de la protección de la vida silvestre», dice Doyle.
Asegura que se sobreponen «fuerzas especiales, batallones forestales, fuerzas de comando y el uso de modernas técnicas de vigilancia y armamento en nombre de (la lucha contra) la caza furtiva».
En consecuencia, las autoridades suelen recurrir a victimizar a las personas de la comunidad.
En 2010, se concedió un poder especial al Servicio Forestal de la India, que recibió inmunidad judicial al enfrentarse a los cazadores furtivos.
«En el año 2010, el gobierno confirió el poder de usar armas a los funcionarios forestales y la inmunidad al personal forestal en el uso de armas de fuego en virtud del artículo 197 (2) del Código Penal de la India de 1973», según un comunicado publicado en 2017.
Doyle cuestiona las estadísticas oficiales y afirma que, desde 2010, más de 100 personas han muerto a causa de esta ley. Dice que, aunque legalmente debería haber investigaciones del poder ejecutivo al respecto, no ha habido ninguna.
Según el sitio web de periodismo ambiental de investigación Oxpeckers, las investigaciones han incluido pesquisas sobre sindicatos de caza furtiva.
Las tácticas de mano dura utilizadas por las autoridades dan lugar a una relación tensa con las comunidades vinculadas a Kazaringa.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
«Hemos estado luchando constantemente contra ello y, como resultado, el departamento forestal nos trata como enemigos. En lugar de vernos como personas cuyos derechos han sido violados y darnos la oportunidad de dialogar, nos tratan como delincuentes y nos han imputado múltiples casos», dice Doyle.
Detalla que «no podemos pescar en nuestros propios lagos, cultivar nuestras propias tierras y recolectar algunos productos forestales menores básicos, que tradicionalmente forman parte de nuestra cultura, aniquilando así todo lo que constituye nuestra identidad».
Según la comunidad que ha administrado y cuidado a Kazaringa y a sus tigres y rinocerontes, las autoridades suelen cancelar las reuniones públicas a pesar de los compromisos previos y tomar represalias con acciones legales cuando se les presiona mediante acciones de protesta.
Lo que es más preocupante es el desalojo de comunidades indígenas de los alrededores de las reservas de protección de tigres por parte de la Autoridad Nacional para la Conservación del Tigre (NTCA, en inglés).
El problema de las comunidades con las autoridades forestales no se limitan a Kazaringa.
Doyle afirma que quieren desalojar a 64 000 familias de 54 reservas de tigres en el país.
Según datos de la NTCA de 2019, desde 1972 el gobierno indio ha desalojado a 56 247 familias de 751 aldeas en 50 reservas de tigres. Son medidas que han dado lugar a demandas de reversión y protestas de las localidades cercanas a esas reservas.
Doyle asegura que la ley no da autoridad a la NTCA para aprobar ordenes de esta magnitud.
«Nosotros, como comunidades que vivimos con tigres, elefantes y rinocerontes y que llevamos generaciones viviendo allí, exigimos enérgicamente que se revoquen estas órdenes», insiste.
A su juicio, «todos los organismos que dicen proteger los derechos indígenas deberían tomar nota de ello inmediatamente y hacer responsable de lo que está ocurriendo al departamento forestal.
Ashok Dhawale, presidente de All India Kisan Sabha y miembro del Buró Político del Partido Comunista de la India , afirma que las medidas de conservación forestal excluyentes que comenzaron durante la colonización británica continuaron después de la independencia.
«El gobierno (colonialista) tomó el control de los bosques, arrebatándoselos a nuestros pueblos tribales. Aunque los bosques siempre habían pertenecido a las tribus, que los protegieron durante generaciones, la independencia trajo pocos cambios», asegura.
La gente esperaba que las tierras forestales fueran devueltas a las comunidades tribales, pero no sucedió así en la Ley de Conservación de Bosques de 1980.
Esta ley se concentró en la conservación de los bosques sin tener en ninguna cuenta la protección de los derechos de las personas que los habían salvaguardado durante siglos.
«Para hacer frente a esta injusticia histórica, reconocida explícitamente en el preámbulo de la ley, el Parlamento aprobó la Ley de Derechos Forestales en 2006 tras inmensas luchas en todo el país», recuerda Dhawale.
Destaca que «esta legislación histórica pretendía garantizar que a los adivasis (grupos tribales) se les concediera la propiedad de las tierras que han cultivado y cuidado durante generaciones».
Pero desde entonces, la India ha introducido leyes y enmiendas que socavan los derechos de las comunidades tribales y forestales.
Por ejemplo, la Ley Jan Vishwas-Promesa del Pueblo (Enmienda de Disposiciones), de 2023, tiene por objeto despenalizar y racionalizar los delitos para promover una gobernanza basada en la confianza y facilitar la vida y los negocios.
Sin embargo, también aumenta significativamente los poderes de los funcionarios forestales, lo que suscita preocupación por su impacto en los derechos y medios de vida de estas comunidades vulnerables.
Otro ejemplo, según Dhawale, es el de la importante enmienda de la Ley de Conservación Forestal (FCA) de 1980, ahora conocida como Van Sanrakshan Evam Samvardhan Adhiniyam, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2023.
En la nueva norma, asegura, se ha hecho hincapié en la seguridad nacional con el pretexto de ejecutar proyectos de importancia nacional que conducen a una fuerte militarización en las respectivas zonas protegidas.
Madhuri Krishnaswami, de Jagrit Adivasi Dalit Sangathan (Comunidad Dalit Tribal Despierta), en el central estado indio de Madhya Pradesh, afirma que todos estos cambios legislativos están diseñados para socavar la Ley de Derechos Forestales de 2006.
Krishnaswami afirma que la expansión empresarial impulsada por el capital perjudica al clima, pero que se culpa injustamente a las comunidades ecológicamente sensibles que promueven la sostenibilidad de los recursos forestales, incluida su fauna.
Doyle añade que la relación de las comunidades indígenas con la tierra está profundamente arraigada, mucho más que la de los nuevos actores que llegan a las zonas protegidas y conservadas por los grupos tribales con prejuicios y pocos conocimientos sobre la realidad sobre el terreno.
«La supervivencia y la salud de la tierra y el medio ambiente dependen de que las personas actúen como administradores para cuidarlos, un hecho demostrado a lo largo de la historia», afirma.
Critica que «en lugar de empoderar a las comunidades para preservar y mejorar su medio ambiente, el Estado las está desalojando con el pretexto de la degradación climática».
A juicio de Doyle, «este enfoque debe ser completamente repensado y rediseñado para priorizar y apoyar a las mismas personas que tienen las soluciones para combatir el cambio climático.
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