BERLÍN – Un tribunal de Alemania determinó que las grandes empresas emisoras de gases de efecto invernadero pueden ser responsables de daños y riesgos climáticos, al avanzar en un juicio iniciado hace años por el campesino y guía de montaña peruano Saúl Luciano Lliuya contra el gigante alemán de electricidad RWE.
Roda Verheyen, abogada de Lliuya, dijo que “independientemente de la sentencia final, acojo con satisfacción la clara confirmación del tribunal de que los grandes emisores como RWE pueden ser considerados responsables de los daños y riesgos climáticos”.
El Tribunal Regional Superior de la occidental ciudad de Hamm (en el estado de Renania del Norte-Westfalia) concluyó su última ronda de audiencias en el caso pionero presentado contra el gigante energético, para hacer frente a los riesgos del cambio climático causados por las emisiones de carbono de la empresa.
En sus observaciones iniciales, el tribunal reafirmó que los grandes emisores pueden ser considerados responsables de los daños climáticos.
Si el tribunal lo confirma formalmente cuando dicte sentencia, sería la primera vez que se llega a una decisión de este tipo, lo que abriría el camino a otros casos -unos 40 en el mundo- en los que se reclamen daños a los contaminadores históricos de carbono, destacó la organización civil Germanwatch, que respalda a Lliuya.
Se espera que el 14 de abril se conozca la decisión sobre los siguientes pasos del caso.
“Se trata de exigir responsabilidades a las empresas por los daños que han causado y de garantizar que las comunidades vulnerables como la mía no tengan que pagar el precio de una crisis que no hemos creado”: Saúl Luciano Lliuya.
Lliuya (de 45 años, casado, tres hijos), es un agricultor -en época de verano- y guía de montaña -en invierno- en los Andes del departamento peruano de Áncash, cerca de cuya capital, Huaraz, de 165 000 habitantes y a 450 kilómetros al norte de Lima, tiene su casa y el terreno que dedica a la agricultura.
En 2015 demandó a RWE ante la justicia alemana por las emisiones de carbono de la corporación, las cuales, según él, contribuyen al cambio climático y de ese modo al deshielo de un glaciar vecino del lago glacial Palcacocha, a 4560 metros sobre el nivel del mar, que de ese modo amenaza con desbordarse.
Una eventual avalancha acabaría con su casa, el resto de su propiedad y la de vecinos e incluso alcanzaría a la ciudad de Huaraz, 1500 metros más abajo del lago. Ya en 1941 un trozo de glaciar cayó sobre el Palcacocha y se formó una destructora masa de lodo que llegó a la ciudad y causó la muerte de cientos de personas.
La querella contra RWE apunta a que la empresa se responsabilice de costos de proteger la propiedad de Lluiya contra inundaciones a medida que el deshielo del glaciar aumenta el volumen de las lagunas: 17 000 euros (18 400 dólares), en tanto la ciudad de Huaraz requeriría obras estimadas en 3,5 millones de dólares.
Para ello se partió de la base de que RWE ha contribuido con 0,47 % de las emisiones industriales globales de gases de efecto invernadero desde que comenzó la era industrial, aunque estimados recientes de expertos convocados por el tribunal establecieron el cálculo en 0,38 %.
RWE, establecida en 1898, provee electricidad, y también agua y gas, principalmente en Europa y América del Norte -no tiene operaciones en Perú-. El año pasado facturó 26 470 millones de dólares y obtuvo beneficios por 5560 millones de dólares, según el portal español especializado Bolsamanía.
En las audiencias de esta semana, el tribunal examinó si el riesgo de inundación del demandante es jurídicamente suficiente para justificar la demanda, y escuchó tanto a un perito designado como los alegatos de las partes.
Si el tribunal decide que sí existe un riesgo jurídico relevante, se pasaría a la siguiente fase, para establecer en qué medida contribuyeron a este riesgo el cambio climático global y en particular las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de RWE.
En caso contrario, si se decide que Lliuya no está suficientemente afectado, la demanda será desestimada.
Lliuya dijo que “la crisis climática es nuestra realidad cotidiana. Me preocupa mi familia y el futuro de mi ciudad. Este caso no solo es importante para mí y para los habitantes de Huaraz, sino para todas las comunidades que viven bajo la amenaza de la crisis climática”.
“Se trata de exigir responsabilidades a las empresas por los daños que han causado y de garantizar que las comunidades vulnerables como la mía no tengan que pagar el precio de una crisis que no hemos creado. Espero que se haga justicia”, agregó.
Harjeet Singh, director de Compromiso Global, iniciativa del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, comentó que “el caso refuerza una verdad innegable: los que menos han hecho para causar esta crisis son los que más están sufriendo, y deben ser compensados. El mundo está mirando”.
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