MONTEVIDEO – Venezuela se encuentra en una coyuntura crítica cuando Nicolás Maduro comienza un controvertido tercer mandato como presidente. Su toma de posesión el 10 de enero, tras un período postelectoral marcado por protestas generalizadas contra el fraude electoral y una mayor represión, representa un importante revés para las aspiraciones democráticas en un país devastado por años de colapso económico y opresión política.
La confirmación de Maduro al frente del país es el último capítulo de un proceso que ha durado décadas y que ha transformado a Venezuela de un faro de aspiraciones democráticas izquierdistas a un régimen autoritario en toda regla, donde la última pizca de legitimidad —la elección popular— ha desaparecido.
Las implicaciones de la crisis de Venezuela se extienden mucho más allá de sus fronteras, desencadenando el mayor éxodo de refugiados en América y creando importantes desafíos para los países vecinos. Casi ocho millones de venezolanos viven en el extranjero, y las proyecciones sugieren que otros dos o tres millones podrían irse en los próximos años.
Esta crisis llega en un momento en el que, a diferencia del pasado, se dan dos factores clave que podrían conducir a una transición democrática: una unidad de la oposición sin precedentes capaz de sostener un movimiento de protesta y un creciente apoyo internacional, con gobiernos latinoamericanos progresistas que se distancian cada vez más de Maduro.
Sin embargo, la voluntad de Maduro de utilizar la represión violenta y su capacidad para mantener la lealtad militar sugieren un difícil camino por delante para la restauración democrática.
Las elecciones presidenciales de 2024 despertaron inicialmente esperanzas de cambio democrático. Estas esperanzas se vieron truncadas cuando Maduro se declaró ganador a pesar de las claras pruebas de que el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia, había obtenido una victoria significativa.
La campaña electoral se desarrolló en un contexto de intensificación de las restricciones al espacio cívico y estuvo lejos de ser libre y justa. El gobierno inhabilitó a la popular líder de la oposición María Corina Machado y bloqueó su propuesta de sustitución, obligando a la oposición a presentar a González Urrutia.
Otras irregularidades adicionales incluyeron la persecución sistemática de los líderes de la oposición, el abuso de los recursos públicos, la manipulación de los medios de comunicación y las tácticas de supresión de votantes, dirigidas en particular a los aproximadamente cuatro millones de votantes venezolanos en el extranjero.
A pesar de estos desafíos, la oposición demostró una unidad y organización sin precedentes.
A través de su iniciativa Plan 600K, movilizó a unos 600 000 voluntarios para vigilar los colegios electorales, recoger los recuentos producidos por las máquinas de votación y calcular los resultados de forma independiente.
Su recuento paralelo reveló que González obtuvo alrededor de 67 % de los votos, frente a 29 % de Maduro, cifras respaldadas por sondeos independientes a pie de urna. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral dejó de publicar los resultados tras contar el 40 % de los votos, y finalmente declaró una inverosímil victoria de Maduro sin aportar ningún dato que lo respaldara.
El fraude provocó un malestar generalizado, con 915 protestas espontáneas que estallaron en ciudades venezolanas en los dos días posteriores a las elecciones. La respuesta del régimen fue rápida y severa.
Calificó las protestas de «brote fascista»» y acusó a muchos manifestantes de terrorismo e incitación al odio. Las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza letal, lo que provocó al menos 25 muertes, mientras que los paramilitares progubernamentales se dedicaron a la intimidación y la violencia.
La represión se extendió más allá de los manifestantes y se dirigió contra líderes de la oposición y de la sociedad civil. Varias figuras prominentes se vieron obligadas a esconderse o exiliarse, mientras que otras se enfrentaron a detenciones arbitrarias. La represión se intensificó en el período previo a la toma de posesión de Maduro, con 75 nuevas detenciones políticas solo en los primeros 11 días de enero.
Día de la toma de posesión
La toma de posesión de Maduro reflejó tanto el aislamiento del régimen como su carácter cada vez más autoritario. Solo dos presidentes, de Cuba y Nicaragua, asistieron a la ceremonia, mientras que otros gobiernos enviaron representantes de menor rango.
La ceremonia de juramento tuvo lugar 90 minutos antes de lo previsto, por temor a que el presidente electo de la oposición, en el exilio en España y entonces en viaje por países latinoamericanos, pudiera materializar de alguna manera su intención declarada de entrar en Venezuela y celebrar una contratoma de posesión paralela.
El gobierno implementó medidas de seguridad extraordinarias para asegurarse de que esto no sucediera, cerrando las fronteras terrestres con Brasil y Colombia, cerrando el espacio aéreo venezolano y desplegando un número sin precedentes de fuerzas de seguridad en toda Caracas.
La militarización se extendió al cierre de barrios controlados por la oposición y a la detención preventiva de docenas de figuras de la oposición.
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El discurso inaugural de Maduro y sus apariciones posteriores fueron especialmente polémicos. Anunció planes de cambios constitucionales para consolidar aún más el poder y declaró el comienzo de una nueva fase de gobierno basada en una fuerte alianza entre las autoridades civiles, las fuerzas militares, la policía y el aparato de inteligencia.
Habló abiertamente de la disposición de Venezuela a tomar las armas contra la intervención junto con Cuba y Nicaragua, enmarcando a la oposición política como una amenaza a la soberanía nacional.
Respuestas internacionales e implicaciones regionales
En América, solo Bolivia, Cuba, Honduras y Nicaragua reconocen a Maduro como el presidente legítimamente elegido, y solo un puñado más en todo el mundo, incluidos China, Irán y Rusia, mantienen su apoyo.
Estados Unidos respondió a la toma de posesión de Maduro aumentando a 25 millones de dólares la recompensa ofrecida por información que conduzca a la detención de Maduro, al tiempo que aplicaba nuevas sanciones a su círculo más cercano.
La Unión Europea (UE) también impuso nuevas sanciones. Los ministros de Asuntos Exteriores del Grupo de los Siete (G7) y la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Kaja Kallas, emitieron una declaración conjunta en la que condenaban la «falta de legitimidad democrática» de Maduro y la represión continua de la sociedad civil y la oposición política.
Lo más significativo es que las posiciones de los Estados latinoamericanos parecen estar cambiando lentamente, y algunos líderes de izquierda, en particular los de Brasil y Colombia, no se están alineando automáticamente con el régimen de Maduro por primera vez, mientras el de Chile va más allá y califica al régimen de Maduro de «una dictadura» .
Sin embargo, el enfoque pragmático de Colombia revela las complejidades a las que se enfrentan los vecinos de Venezuela: aunque no acepta los resultados oficiales de las elecciones sin más, Colombia no ha llegado a condenarlos y ha tenido cuidado de mantener sus relaciones diplomáticas, alegando la necesidad de gestionar las cuestiones fronterizas y la situación de los refugiados.
Perspectivas de cambio democrático
El camino hacia la transición democrática se enfrenta a importantes obstáculos, y el apoyo militar sigue siendo crucial para que Maduro se mantenga en el poder.
El régimen se ha asegurado la lealtad militar mediante una combinación de integración institucional, coerción y privilegios económicos, con altos cargos militares que cosechan generosas recompensas.
El régimen ha encontrado capas adicionales de protección en estructuras de seguridad que incluyen la Guardia Nacional Bolivariana, unidades especiales de policía y milicias progubernamentales, y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, fuertemente respaldado por el G2, el servicio secreto de Cuba.
Pero el régimen autoritario tiene vulnerabilidades.
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El creciente aislamiento internacional, combinado con el continuo deterioro económico, puede eventualmente tensar el sistema de clientelismo que mantiene la lealtad de la élite, incluso entre los militares. El compromiso de la oposición con la resistencia pacífica, aunque aparentemente ineficaz a corto plazo, sigue ganándole autoridad moral y apoyo internacional.
Si bien la combinación de resistencia pacífica, presión internacional y posibles divisiones internas dentro del régimen puede eventualmente crear las condiciones para el cambio, el futuro inmediato sugiere una lucha continua entre un sistema autoritario atrincherado y un movimiento democrático resistente. El resultado tendrá profundas implicaciones para Venezuela y para toda América Latina.
Inés M. Pousadela es especialista sénior en Investigación de Civicus, codirectora y redactora de Civicus Lens y coautora del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.
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