LIMA- Los territorios de los pueblos indígenas de la Amazonia peruana se encuentran en mayor peligro de devastación ante la extensiva presencia de monocultivos que están destruyendo los bosques y reduciendo la biodiversidad de la que dependen las familias. “Es fatal”, asegura la lideresa asháninka, Ketty Marcelo.
Esta situación ocurre en el marco de la aplicación de la Ley N° 31973, llamada ley antiforestal, que entró en vigencia el 11 de enero del 2024 con su publicación en el diario oficial El Peruano, pese a las protestas de organizaciones de pueblos indígenas, instituciones y colectivos diversos de la sociedad civil.
La norma modificó la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, de 2015, y promovió la actividad agrícola en forma indiscriminada en áreas de las comunidades nativas. Al cumplir un año de su implementación, crece el cuestionamiento de las organizaciones indígenas amazónicas de Perú.
“Es una preocupación enorme el futuro de nuestros bosques, de nuestros territorios, porque esta ley ha abierto las puertas al monocultivo que está proliferando en toda nuestra selva, afirmó Marcelo, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (Onamiap).
Y añadió: “Aquí donde yo vivo, por ejemplo, se ha incrementado terriblemente la producción de cúrcuma (Curcuma longa) y de jengibre (Zingiber officinale)”, cultivos ajenos a las regiones andinas y amazónicas de este país sudamericano de 34 millones de habitantes y uno de los ocho de la cuenca del Amazonas.
“Es una preocupación enorme el futuro de nuestros bosques, de nuestros territorios, porque esta ley ha abierto las puertas al monocultivo que está proliferando en toda nuestra selva”: Ketty Marcelo.
En su diálogo con IPS desde su comunidad, Pucharín, en el municipio de Pichanaki, en la selva central del departamento de Junín, la lideresa indígena reveló que el recorrido permanente que realiza por las diferentes comunidades de las comunidades nativas de la zona, le permitió constatar el impacto negativo de la ley.
“Se ha flexibilizado la entrada de productos para el monocultivo que para nosotros es una fatalidad: para cultivar cúrcuma y jengibre tumban los árboles, luego siembran, cosechan y dejan los suelos arrasados e improductivos”, sostuvo la también presidenta de la Organización de Mujeres Indígenas Asháninkas Amazónicas de la Selva Central (Omiaasec), que integra la Onamiap.
Según documentos oficiales, en la Amazonia peruana, que representa 60 % del territorio nacional, viven más de cuatro millones de personas, entre ellas quienes integran los 51 pueblos originarios reconocidos por el Ministerio de Cultura. Su población se estima en más de 330 000 mujeres y hombres y su presencia en estos territorios se remonta a tiempos precolombinos.
Su situación de alta vulnerabilidad es agravada por la pobreza que supera el promedio nacional de 30 %, las brechas en el acceso a servicios básicos, el cambio climático, la deforestación y la amenaza de las actividades extractivas legales e ilegales, no es atendida por las políticas de Estado.
Por el contrario, este acrecienta los embates que enfrentan los pueblos indígenas, como sucedió con la aprobación de la ley antiforestal por un Congreso Legislativo cuestionado por crecientes denuncias de corrupción y la inacción de un Ejecutivo que, pese a tener la potestad de hacerlo, no objetó la decisión legislativa.
Pérdida de biodiversidad
Marcelo afirmó que, como organización, tienen la certeza que detrás de la Ley N°31973 están grandes empresarios que se aprovechan de la necesidad de los pueblos indígenas con el beneplácito de las autoridades locales.
Recordó que en mayo del 2024 se realizó en Pichanaki la primera convención internacional del jengibre, auspiciada por el presidente del Gobierno Regional de Junín, Zósimo Cárdenas.
“Vinieron muchos empresarios de fuera. Y lo que vemos es que van como arrendatarios a las comunidades nativas ofreciendo 10 000 soles (unos 2700 dólares) por el alquiler de cinco hectáreas para sembrar su producto. Después de cosecharlo se van, y la familia indígena se queda con la tierra devastada”, sustentó la lideresa asháninka.
El jengibre, llamado kion en Perú, de origen asiático, tiene una alta demanda mundial por sus propiedades culinarias, medicinales y aromáticas, por lo que su presencia se ha insertado en la agricultura de Perú, mayormente en los monocultivos de agroexportación, uno de los rubros más dinámicos en el país.
En 2023 ya se exportaron 30 000 toneladas y según cifras del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a finales del 2024 el país ya era el tercer exportador a nivel mundial y más de 90 % de la producción proviene del departamento de Junín.
El territorio amazónico de Perú está cada vez más deforestado por diferentes causas, entre ellas la expansión de monocultivos y el ansía por extenderlos en las vulnerables tierras de la región y en las que pertenecen a las comunidades indígenas.
Según el estudio de la organización internacional contra la pobreza Oxfam, titulado “El laberinto verde” y publicado en enero de este año, entre el 2015 y el 2022 se perdieron en ese territorio más de 770 000 hectáreas de bosques.
“Para sembrar grandes cantidades de productos de exportación se tumban los árboles, desparecen nuestras plantas medicinales, nuestros frutales, se secan los ojos de agua (fuentes hídricas), los suelos ya no son productivos. Se afecta mucho nuestra economía y la relación que tenemos con la madre naturaleza”, remarcó la presidenta de Onamiap.
Detalló que tras la cosecha del jengibre, las familias indígenas esperan seis meses para sembrar sus propios cultivos, los que les proporcionan alimentos, pero es muy poco lo que logran cosechar en la tierra dañada.
“La biodiversidad, de la que dependemos, está desapareciendo, no solo en Junín”, detalló y citó a título de ejemplo los casos de otros dos territorios amazónicos: el departamento de Ucayali, donde prolifera la palma aceitera (Elaeis guineensis), o la papaya (Carica papaya) en el municipio de Yurimaguas, en el departamento de Ato Amazonas.
“Y así pasa con diferentes monocultivos en nuestros territorios amazónicos”, deploró.
Invasión de tierras
Ana Leyva, responsable del Programa Amazónico de la no gubernamental CooperAcción, indicó a IPS en su sede institucional en Lima, que aun cuando no existen estudios sobre el impacto de la Ley N° 31973 al primer año de su aplicación, los testimonios de representantes de organizaciones indígenas son claros.
Explicó que estos dan cuenta de que hay un incremento de la deforestación destinada a la agricultura y ganadería, invasión de tierras de las comunidades, aumento del tráfico de estos bienes y de la migración.
Además, también están perjudicando a las comunidades originarias en su lucha por el derecho a sus territorios, en especial por la titulación comunitaria de las tierras que ocupan por siglos. Les dan largas y eso lo están aprovechando los invasores y los traficantes de tierras, incluso con aquellas de las que ya tienen títulos de pertenencia.
“Eso permite la impunidad para quienes deforestan y debilita las funciones ambientales del ecosistema, pone en riesgo los medios de vida de comunidades indígenas y conduce al incumplimiento de nuestros compromisos internacionales de reducción de emisiones procedentes de la deforestación, que son parte del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático”, puntualizó Leyva.
Especialista en temas ambientales, Leyva remarcó que la ley incentiva y legaliza la deforestación, que a su vez afecta la regulación del clima del planeta y la provisión de agua dulce de millones de personas.
Consideró que en la aprobación de la ley primaron intereses económicos particulares, muchos de ellos ilegales.
“Estos congresistas ven a la Amazonia como una fuente de recursos a explotar a cualquier costo, sin impórtales la crisis climática y la vida del planeta, ni vulnerar la ley de consulta previa a los pueblos indígenas y su reglamento”, dijo.
En espera del Tribunal Constitucional
Tres colegios profesionales introdujeron ante el Tribunal Constitucional un recurso de inconstitucionalidad, en que participaron como terceros responsables tres organizaciones indígenas, entre ellas Onamiap. En noviembre del 2024 se realizó la audiencia de sustentación y se está a la espera de la resolución del alto tribunal.
“Estamos a la espera de una respuesta que declare inconstitucional la ley y deje de ser aplicable. Ya hemos ganado una demanda al Congreso en esta misma instancia que establece que cualquier medida legislativa o administrativa que afecte a los pueblos indígenas nos debe ser consultada”, subrayó la lideresa Marcelo.
ED: EG
