MONTEVIDEO – Siete días después de empezar su segundo gobierno, Donald Trump ordenó preparar la base naval estadounidense en la Bahía de Guantánamo, en Cuba, para detener a 30 000 migrantes. Hasta ahora, 177 venezolanos, catalogados como “extranjeros ilegales” fueron trasladados a la base encadenados, para ser deportados a su país unos días después. Otros 17 migrantes llegaron el domingo 23.
La decisión de Trump provocó indignación, y con razón. Pero nada de esto es nuevo en Guantánamo.
Llegué a Guantánamo como periodista el 27 de enero de 2017, justo una semana después de que Trump comenzara su primera administración (2017-2021). En campaña había dicho que “la tortura funciona” y que iba a llenar la prision militar ilegal con “tipos malos”. Apenas después de que fue elegido, el comandante de la prisión Peter Clarke reunió a sus oficiales en el cine al aire libre de la base para dar respuesta a sus preocupaciones.
Para entonces, el gobierno de Barack Obama (2009-2017) había intentado clausurar la prisión, en la que 780 hombres (y algunos adolescentes) musulmanes habían sido puestos en detención indefinida por George W. Bush (2001-2009) entre 2002 y 2008, por presuntos actos terroristas. En el momento de mi visita quedaban 41 prisioneros; todavía hoy hay 15.
Bush eligió Guantánamo, “el equivalente legal al espacio exterior”, para esquivar las Convenciones de Ginebra sobre el trato a prisioneros de guerra y la justicia y la Constitución de Estados Unidos. Los detenidos eran “combatientes ilegales” y no se merecían ningún derecho.
En muchos casos fueron torturados para extraerles dudosas informaciones de inteligencia y evidencias que nunca serían admisibles en un juzgado.
En 2015, luego de varias investigaciones notorias sobre las prácticas de las cárceles secretas de la CIA, incluido Guantánamo, una ley federal prohibió la tortura. Era hora.
Pero en esencia nada más cambió en Guantánamo durante los años de Obama. Su administración redujo la cantidad de detenidos, enviando a decenas a sus países de origen o a terceros estados, y ordenó a los militares otorgar a los que quedaban los derechos estipulados en las Convenciones de Ginebra. Serían prisioneros de guerra hasta que terminara la guerra al terrorismo. Prisioneros eternos.
En la reunión de 2017 en el cine de Guantánamo, un oficial le preguntó a Clarke qué iba a pasar si Trump ordenaba volver a torturar.
El comandante contestó: “Creo que hay cero posibilidades de que yo reciba una orden que tenga que decir ‘esa no es una orden legal y no la voy a cumplir’, lo que en definitiva sería lo que pasaría. ¿De acuerdo? Porque en alguna parte de la Constitución está ese derecho, esa responsabilidad, que tenemos los líderes, los que usamos uniforme, de cumplir órdenes legales. Y torturar a alguien no podría ser legal”.
Dos meses después, junto con otros colegas periodistas que estábamos en Guantánamo presionamos a Clarke sobre esto y él retaceó bastante su respuesta: “Simplemente sostuve que debíamos esperar para conocer cuál será la nueva política. Las cosas que se dicen en campaña electoral son solo eso».
«En definitiva, confío en que no va a cambiar el trato humanitario que damos a nuestros detenidos. Seguiremos conduciendo la detención de una manera segura y humana, coherente con el derecho internacional y con las leyes y políticas nacionales”, prosiguió.
Como Obama, Trump fue inconsecuente con su promesa de campaña. No llegaron más detenidos en su primera presidencia, y no volvió la tortura – aunque la alimentación forzosa, el aislamiento y la detención indefinida de personas acusadas de ningún delito son tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes para el derecho internacional humanitario.
Pero la ley nunca fue una línea roja para Trump, ni para Estados Unidos cuando se trata de la base naval, estratégicamente situada en la costa suroriental de Cuba, en la árida y pobrísima provincia de Guantánamo.
Torres de control dominan el perímetro de los Campos V y VI en el centro de detención de la Bahía de Guantánamo, en el oriente de Cuba. Imagen: Diana Cariboni
La base es un remanente de la guerra hispano-estadounidense y de la intervención militar de Estados Unidos en la guerra de independencia cubana contra el régimen colonial español – el cáliz envenenado de la enmienda Platt de 1901, que hizo de Cuba un protectorado estadounidense.
La ocupación estadounidense de la Bahía de Guantánamo se formalizó en 1903 y más tarde pasó a estar regulada por el tratado de 1934.
Según ese acuerdo, Cuba le alquila la zona a Estados Unidos por unos miles de dólares al año – un pago simbólico porque La Habana se niega a cobrar el cheque en protesta por lo que considera una ocupación “ilegal” de su territorio. El alquiler solo puede terminar si las dos partes así lo deciden o si Estados Unidos abandona la base.
Esto hace de Guantánamo la base militar estadounidense más antigua en suelo extranjero y la única rechazada por el país donde se encuentra.
Washington reconoce la soberanía cubana sobre ese pedazo de tierra y mar, y la ha esgrimido a conveniencia para negar a migrantes, trabajadores civiles extranjeros, solicitantes de asilo y sospechos de terrorismo los derechos garantizados por la Constitución estadounidense y el derecho internacional. Un limbo legal.
Como escribí en mi libro de 2017 sobre seis exprisioneros de Guantánamo enviados a Uruguay, ‘Guantánamo entre nosotros’, años antes de que Bush inaugurara la prisión ilegal para presuntos terroristas, la base ya había sido una gigantesca cárcel a cielo abierto para decenas de miles de haitianos y cubanos que huían de sus países.
La crisis migratoria haitiana (1991-1994) estalló luego del golpe de estado contra el presidente democrático Jean-Bertrand Aristide. La guardia costera de Estados Unidos interceptó a más de 38 000 personas que abandonaron el país por mar en los primeros seis meses y los mandó a campamentos superpoblados en Guantánamo, donde las condiciones de vida era deplorables, o los deportó a Haití.
Solamente 10 500 obtuvieron asilo en Estados Unidos luego de pasar por controles y revisiones del personal naval. Esas revisiones incluían una prueba de VIH, y a quienes dieron positivo se les impuso una exigencia mayor para probar que existía un “temor bien fundado” de persecución si regresaban a su país.
Unos 250 refugiados con VIH fueron entonces realojados en un campamento aparte en Guantánamo, con lo cual Estados Unidos se convirtió en el único país con un campo de prisioneros exclusivo para personas con VIH.
En 1993, un juez estadounidense ordenó a la administración de Bill Clinton cerrar el centro de detención por VIH y brindar a los detenidos atención de salud adecuada y acceso a defensa legal para procesar sus pedidos de asilo.
El juez dijo que mantener a los haitianos bajo “arresto arbitrario e indefinido” violaba sus derechos al debido proceso. Su detención prolongada, agregó, “no sirve otro propósito que el de castigarlos por estar enfermos”.
Fue la primera vez que la justicia estadounidense ordenaba al gobierno cerrar un centro de detención en Guantánamo. A lo largo de los años, Washington se ha negado implacablemente a hacerlo. Al contrario, un gobierno tras otro ha aprovechado las ventajas de ese agujero negro legal que el propio Estados Unidos cavó en el extremo oriental de Cuba.
Mientras la crisis haitiana evolucionaba, otra empezó: miles de balseros cubanos se lanzaron al mar en embarcaciones improvisadas luego de que el presidente de Cuba, Fidel Castro, levantó en agosto de 1994 la prohibición de emigrar.
La gente escapaba de la represión política y de la escasez y penurias de la profunda recesión que experimentaba el país (conocida como el ‘período especial’), cuya economía enferma había perdido las muletas luego de la implosión de la Unión Soviética en 1991.
Cientos de miles se habían ido de Cuba hacia Estados Unidos desde la revolución de 1959, y en general eran bien recibidos. Pero ante el temor de un flujo migratorio incontrolable, el gobierno de Clinton ordenó interceptar a los balseros en el mar y encerrarlos en Guantánamo.
En menos de dos meses, más de 32 000 personas fueron capturadas y llevadas a campamentos de detención separados de los migrantes haitianos.
En su apogeo en 1994, Guantánamo llegó a albergar a casi 50 000 refugiados viviendo en tiendas, sin agua corriente y con escaso acceso a comida, higiene y un sistema apropiado para salir de allí y ser admitidos en Estados Unidos. Hubo protestas e incidentes de violencia. A los revoltosos los pusieron en un sitio aparte que los militares llamaron Campo Rayos X.
Algunos cubanos fueron enviados temporalmente a Panamá, pero la mayoría logró al final permiso para vivir en Estados Unidos.
Para 1996 no quedaban migrantes detenidos en Guantánamo. Quedó, en cambio, el Campo Rayos X – el sitio y el nombre de lo que sería el primer experimento de una prisión militar para sospechosos de terrorismo.
Si tenés suficientes años, puede que recuerdes las imágenes del Campo Rayos X: prisioneros en uniformes anaranjados, encadenados y con las caras cubiertas por mascarillas y antiparras, los oídos con orejeras y las manos esposadas y con mitones. Están sentados sobre las rodillas en una postura insoportable y vigilados por militares en unas jaulas al aire libre, rodeadas de alambres de púas. Si no, podés googlearlas.
Vuelvo a mi visita a Guantánamo en 2017.
El comandante Clarke y sus oficiales nos dijeron a los periodistas que era importante que diéramos el mensaje de que entonces los prisioneros eran tratados de manera humana y de acuerdo a las Convenciones de Ginebra, uno de cuyos artículos establece que “los prisioneros de guerra deberán ser protegidos en todo tiempo […] contra los insultos y la curiosidad pública”.
Por esta razón, alegó Clarke, no podíamos hablar con los hombres ni fotografiar sus caras.
En cambio, sí podíamos mirarlos, tomar fotos y filmarlos, siempre que no aparecieran los rostros. Podíamos espiarlos en silencio a través de ventanas de vidrios unidireccionales mientras rezaban o cenaban en un espacio común en el Campo VI. Solamente se nos prohibía entrevistarlos. No podíamos hacer oír sus voces – extraña interpretación de lo que es la “curiosidad pública”.
Un videoclip posteado en X por la actual Casa Blanca expone cómo las autoridades estadounidenses deshumanizan y se burlan de los migrantes indocumentados, a los que se ve encadenados antes de abordar un avión para ser deportados.
El video titulado ‘ASMR: Illegal Alien Deportation Flight’ (vuelo de deportación de extranjeros ilegales) muestra cadenas que tintinean cuando las sacan de una caja y se las colocan a una persona. ASMR significa ‘respuesta sensorial meridiana autónoma’ y se usa para describir una sensación física placentera que se dispara al mirar videos con sonidos inusuales.
La crueldad sin ley no es nueva, pero puede empeorar.
Este artículo se publicó originalmente en openDemocracy.
RV: EG
