GINEBRA – El relator de las Naciones Unidas sobre tóxicos y derechos humanos, Marcos Orellana, presentó un escrito ante la Corte Constitucional de Ecuador para ayudar a una pronta decisión en favor de dejar bajo tierra el petróleo del Bloque 43 en el Parque Nacional Yasuní, en la región amazónica de ese país.
En una consulta popular el 20 de agosto de 2023, la ciudadanía ecuatoriana votó a favor de “dejar bajo tierra indefinidamente” el petróleo en ese bloque -dentro de la gran región petrolera del noreste-, y la Corte Constitucional le dio al Gobierno un plazo para cumplir con el fallo, que implica desmantelamiento de instalaciones.
«El incumplimiento de la voluntad popular y de la sentencia de la Corte Constitucional de Ecuador pone en peligro uno de los ecosistemas más biodiversos del mundo, amenaza los derechos de los pueblos indígenas y socava el Estado de Derecho», advirtió Orellana en una declaración emitida en esta ciudad suiza.
Orellana, jurista chileno, integra los grupos de relatores especiales y expertos independientes que conforman los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de 47 Estados miembros.
El gobierno ecuatoriano “ha continuado con la extracción de hidrocarburos en el Parque Nacional Yasuní», lamentó Orellana.
En su escrito de amicus curiae, el experto subrayó la relación entre los derechos de los pueblos indígenas y la protección de un medio ambiente sano.
Amicus curiae, “amigo de la corte”, se refiere a escritos que presentan personas o grupos que no están directamente involucrados en un caso legal, pero que tienen conocimientos o experiencia para ayudar al tribunal a tomar una decisión.
Orellana expuso que “las normas internacionales de derechos humanos sobre el cumplimiento de las sentencias judiciales adquieren una importancia aún mayor cuando el incumplimiento pone en peligro la supervivencia de los pueblos indígenas y amenaza con causar daños medioambientales significativos”.
Señaló que los pueblos indígenas que viven en la selva amazónica en Yasuní enfrentan graves amenazas para su salud, tierras y territorios, como consecuencia de la exposición a sustancias peligrosas y residuos generados por la extracción de petróleo.
También destacó la importancia de que la Corte Constitucional evalúe el cumplimiento de su sentencia en este caso. “Los tribunales constitucionales tienen un papel crucial en el esfuerzo por incorporar las normas internacionales de protección de los derechos humanos en el derecho interno”, aseveró.
“Para hacer realidad el desarrollo sostenible, el Acuerdo de Escazú sobre derechos ambientales en América Latina y el Caribe (en vigor desde 2021) prioriza el acceso a la justicia en materia ambiental y exige a los Estados Partes contar con mecanismos efectivos para hacer cumplir las decisiones judiciales”, añadió Orellana.
La organización Amazon Watch, basada en Oakland, Estados Unidos, dijo que la decisión del pueblo ecuatoriano permitirá mantener bajo tierra más de 726 millones de barriles (de 159 litros) de petróleo crudo en el parque Yasuní. Deben cerrarse 246 pozos que se encuentran en producción y se cancela la perforación de otros cientos.
Amazon Watch lo considera un precedente particularmente valioso, porque recibió 59 % de aprobación en un país en el que el petróleo, con una producción de 467 000 barriles diarios en 2024, representa un tercio de los ingresos por exportaciones.
Asimismo, recordó que la decisión en el referendo de 2023 fue el resultado de décadas de campañas de los pueblos indígenas y organizaciones de la sociedad civil, e inspiró un gran aumento en el voto de los jóvenes, que acudieron a las urnas con la esperanza de tener un planeta habitable para ellos y las generaciones futuras.
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