SENSUNTEPEQUE, El Salvador – El gobierno salvadoreño ha dado luz verde de nuevo a la minería metálica en un país vulnerable ambientalmente y en medio de un rechazo de la población hacia la industria extractiva. Pero ello no le impidió aprobar una ley que daría al Estado salvadoreño la posibilidad de asociarse con empresas transnacionales.
“Es una traición que el gobierno haya decidido apostarle nuevamente a la minería, una traición a esa lucha histórica de estas comunidades de Cabañas y de todo el país que lograron frenarla en 2017”, dijo a IPS la activista Vidalina Morales, de la Asociación de Desarrollo Económico y Social.
Morales se refería así a la Ley de Prohibición de Minería Metálica, aprobada en abril de 2017, que vedó desde entonces esa actividad en El Salvador, el primer país del mundo en dar tal paso.
Sin embargo, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, promovió una nueva norma que permite restablecer la minería en el país.
“Es una traición que el gobierno haya decidido apostarle nuevamente a la minería, una traición a esa lucha histórica de estas comunidades de Cabañas y de todo el país”: Vidalina Morales.
El 23 de diciembre la bancada oficialista, que controla la unicameral Asamblea Legislativa, derogó la prohibición y aprobó una Ley General de Minería Metálica, que reabre las puertas a esa industria altamente contaminante.
Morales es oriunda de Santa Marta, una localidad rural del departamento de Cabañas, en el norte de El Salvador. Ahí inició la lucha social contra la minería luego de que se instalara en ese territorio la transnacional canadiense Pacific Rim Mining Corp., adquirida en 2013 por la australiana Oceana Gold, en una actividad frenada en seco por la prohibición.
Mártires de la minería
Esas primeras luchas contra la minería metálica en El Salvador dejaron tres activistas asesinados en 2009 y que, ahora, a las puertas de un nuevo ciclo extractivista en el país, son recordados como mártires contra esa industria.
Marcelo Rivera, un destacado ambientalista, fue asesinado el 30 de junio; Ramiro Rivera, vicepresidente del Comité Ambiental de Cabañas, el 20 de diciembre y seis días después, el 26, sicarios atentaron contra Dora Recinos Sorto, también de ese comité. Ella tenía ocho meses de embarazo cuando la mataron.
“Traerlos a la memoria, hoy en día, es recordar el compromiso, la entrega y esa convicción en esta lucha”, recalcó Morales, de 56 años, durante una pequeña ceremonia para recordar a aquellos activistas asesinados.
La actividad se realizó el 11 de enero, en el caserío Santa Rosa La Maraña, un asentamiento rural del distrito de Sensuntepeque, en Cabañas, localizado a la orilla del río Lempa, el principal del país y que resultaría afectado por la contaminación producto de la extracción de oro y otros metales.
“El Lempa es fuente de vida en el país, atraviesa el 60 % del territorio nacional, muchas familias dependen de él para la pesca y la agricultura, y ahora está amenazado por la minería”, subrayó Morales, uno de los rostros más visibles en las movilizaciones contra esa industria.
La ceremonia también recogió las demandas de libertad para cinco ambientalistas, también de Cabañas, detenidos en enero de 2023.
La nueva ley “verde”
La nueva ley se aprobó con 57 votos de los 60 diputados el 23 de diciembre, en la última sesión del año de 2024 del pleno legislativo. Se entiende que la fecha escogida fue una argucia para aprovechar que la población estaba pensando más en los regalos y en las fiestas de fin de año que en los problemas del país.
“Lo hicieron de manera cobarde, en vísperas de Navidad, para que la gente no le ponga atención”, explicó a IPS Pedro Cabezas, de la Alianza Centroamericana frente a la Minería, durante una concentración realizada en las afueras de la Asamblea Legislativa, ese mismo 23 de diciembre.
La ley, de carácter general, carece de detalles específicos sobre cómo se realizará la actividad minera, vacíos que se entiende serían explicados en el reglamento que aprobarían los diputados en las semanas venideras, después de entrar en vigor el 10 de enero, al publicarse en el Diario Oficial.
La nueva norma refleja algunas disposiciones que hacen hincapié en que, en este nuevo impulso, la industria extractiva se realizará respetando el medioambiente, tal como lo había adelantado ya el presidente Bukele, en un mensaje en la red X, el 27 de noviembre.
Desde esa fecha el mandatario ha sido duramente cuestionado por voceros del movimiento antiminería al establecer que no hay modo de realizar una minería verde o sostenible, y que el mandatario solo trata de vender el proyecto como ambientalmente amigable, pero en la práctica eso no es posible.
El artículo 2 de la ley señala que corresponde al Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a la Autoridad Salvadoreña del Agua “la vigilancia y cumplimiento de las condiciones medioambientales y de preservación del recurso hídrico derivadas de las actividades mineras metálicas”.
El artículo 8 establece que se prohíbe el uso del mercurio o de cualquier otra sustancia no autorizada en las actividades del ciclo minero metálico. Sin embargo, al mismo tiempo el texto deja la puerta abierta al señalar que “en caso de que se obtenga o genere mercurio u otra sustancia (…) se deberán establecer planes y acciones para su tratamiento”.
De todos modos, subrayó Cabezas, ese metal pesado, utilizado en la fase de extracción, ya estaba prohibido de hecho en El Salvador, pues el país es firmante del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, un acuerdo internacional adoptado en la ciudad japonesa de Kumamoto en 2013.
Héctor Carrillo, abogado de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, comentó a IPS que antes de aprobar una ley de tal envergadura, que pondrá en riesgo los recursos hídrico del país y la salud de la población, el Estado estaba en la obligación de realizar una consulta no solo en el territorio directamente afectado, sino a toda la población del país.
“Tendría que haber sido una consulta a toda la población porque somos un país pequeño, con alta densidad poblacional, con pocos recursos hídricos y la extracción minera afectará a todas las personas”, afirmó.
El Salvador, un país de apenas 20 000 kilómetros uadrados y seis millones de habitantes, es uno de los más vulnerables ambientalmente. Es el segundo más deforestado del hemisferio, detrás de Haití.
Una empresa pública-privada
La nueva ley abre la posibilidad de que el Estado pueda asociarse con compañías transnacionales del sector, pues carece de la tecnología, del equipo y de la experiencia y conocimiento en esa materia.
Bukele ha dado señales de que le apuesta a ese mecanismo de sociedades público-privadas. En diciembre afirmó que la nueva minería ya no será como la del pasado, cuando las empresas se llevaban todas las ganancias y de eso dejaban al país, a lo sumo, solo 1 %.
En efecto, el artículo 6 menciona que el Estado será el único autorizado en explorar, explotar, extraer y procesar las riquezas naturales del país producto de la minería metálica, por medio de instituciones creadas a ese efecto o “a través de sociedades en las que posea participación accionaria y de economía mixta”.
Sin embargo, el economista José Luis Magaña sostuvo que, según ese texto, el Estado no participaría en realidad de las fases vitales para la generación de ganancias: las de comercialización y exportación de los metales extraídos.
“La ganancia está en las fases de comercialización, exportación, es decir, cuando el oro ya se vende”, subrayó Magaña a IPS, durante el acto a orillas del río Lempa.
El artículo 4 define las fases del ciclo minero así: los estudios, exploración, explotación, extracción, procesamiento, comercialización, transporte y exportación de la materia prima extraída.
Claramente, según el artículo 6, el Estado no estaría presente en las últimas tres fases, las que tienen que ver con la venta del oro.
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Magaña dudó de las cuentas alegres que ha hecho el presidente cuando habló de que en 4 % del área potencial identificaron 50 millones de onzas de oro.
“Muchas de las cifras que se han manejado oficialmente son exageradas o en última instancia falsas, son más propagandísticas que científicas”, detalló el economista.
Añadió que, según las cifras que había arrojado la exploración de la mina El Dorado, que pretendió explotar Pacific Rim, se hablaba de que había 400 000 onzas de oro.
Y de todos modos los ambientalistas sostuvieron que, aunque el Estado sí obtenga ganancias al participar de las fases finales del ciclo minero, esos ingresos no compensarán el daño ambiental y a la salud de población, producto de la contaminación que deje la actividad en los yacimientos.
No a la minería
Mientras tanto, una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, ubicada en San Salvador, que se publicó el mismo 23 de diciembre, midió lo que piensan los salvadoreños sobre el nuevo impulso a la minería en el país.
El sondeo reveló que 70 % de los encuestados está consciente de que la minería daña el medioambiente, 60 % aseguró que El Salvador no es un país apropiado para esa industria, 95 % dijo que es peligroso vivir cerca de un yacimiento y 94 % no estaría dispuesto a trabajar en una mina.
Bukele, un presidente neopopulista de derecha, siempre pendiente de lo que piensan las mayorías para moverse política y mediáticamente, con el tiempo podría ir perdiendo apoyo popular a juzgar por esas cifras, apoyo que se mantiene alto, por el orden de 85 % de la población, según diferentes encuestas.
“Probablemente eso impacte en su popularidad, pero entiendo que él tiene un dominio muy grande de cómo se maneja mediáticamente”, para esquivar el golpe, señaló Vidalina Morales.
Luego ella acompañó al resto de presentes en la ceremonia a orillas del Lempa para lanzar flores al río y honrar la memoria de los ambientalistas asesinados en 2009.
ED: EG
