RÍO DE JANEIRO – El ascenso mundial de la extrema derecha ocurre después que las redes sociales prácticamente se universalizaron junto con el teléfono celular, en este siglo, no por coincidencia, sino por una relación simbiótica entre los dos procesos.
La decisión de Meta, empresa propietaria de las plataformas digitales Instagram, Facebook, Whatsapp y Threads, de poner fin a la verificación de datos en Estados Unidos y reducir la moderación de contenidos en el mundo, desnuda esas simbiosis y desafía los países que intentan regular las redes sociales, como Brasil, donde la desinformación se volvió crítica.
El gobierno brasileño del izquierdista Partido de los Trabajadores busca aclarar los efectos del vuelco de Meta en el país, por ahora sin alteraciones en el chequeo, pero sujeto a un aflojamiento general de los bloqueos automáticos de discursos de odio y de las menciones ofensivas, por ejemplo, a los homosexuales y transgéneros.
Las plataformas de Meta prometen remover contenidos que promueven “violaciones graves”, como terrorismo, explotación sexual infantil, drogas, fraudes, golpes y incentivos al suicidio o automutilación.
Pero deja a la evaluación de los propios usuarios denunciar las “violaciones de baja gravedad”, sin definir claramente o especificar sus casos.
“Se trata de un problema económico y geopolítico mundial, un escenario en que las corporaciones denominadas ‘big techs’, con sus monopolios, tienen más poder que los gobiernos”: Flavia Lefevre.
“Será más complicado que el caso de la red X”, prevé Flavia Lefevre, abogada especializada en derecho de la comunicación y consejera del no gubernamental Instituto Nupef (Núcleo de Investigación, Estudios y Formación).
La experta se refiere a la suspensión de las operaciones de X en Brasil del 30 de agosto al 8 de octubre de 2024.
El Supremo Tribunal Federal la castigó porque su propietario, Elon Musk, se negaba a nombrar un representante en el país y cumplir la legislación local. Solo volvió a activarse en su mayor mercado latinoamericano cuando acató las demandas.
Millones dependen de Meta
Las plataformas de Meta tienen 130 millones de usuarios en Brasil y 80 millones dependen de Instagram y Whatsapp para tener acceso a internet, cuando terminan sus créditos en sus celulares, estimó Lefevre a IPS desde São Paulo.
En este país de 2012 millones de habitantes, 60 % de los que acceden a internet lo hacen por el teléfono celular y una gran parte, en general pobres, son abonados al servicio telefónico de pago previo (prepago) de una cierta cantidad de uso.
Agotado el saldo, se bloquea el acceso por las operadoras telefónicas hasta aportar un nuevo pago, pero no por algunas redes digitales, explicó.
Esta realidad hace que suspender las actividades de Meta, si se llega a la confrontación, no parezca una opción razonable.
“Hay que buscar otras salidas, como multas, un ajuste de conducta que puede negociar la fiscalía o la secretaria Nacional del Consumidor”, matizó la abogada de Nupef, un instituto que promueve el uso seguro de las tecnologías de información y comunicación.
En Brasil se busca aprobar una legislación para regular las actividades de las redes digitales, pero un proyecto aprobado en el Senado se paralizó en la Cámara de Diputados por oposición de la extrema derecha y sus aliados que prefieren la ausencia de reglas a lo que definen como restricciones a “la libertad de expresión”.
Poner letreros cuando una publicación es impulsada, es decir gana difusión estimulada, informes periódicos de las plataformas sobre como manejan el flujo de informaciones, criterios de remoción y suspensión de usuarios, son algunas de las reglas del proyecto desechado.
Leyes ya hay
Pero Brasil tiene medios legales para imponer límites y punir violaciones de las plataformas, el Marco Legal de Internet, el Código del Consumidor, el Estatuto de la Niñez y Adolescencia y también el Código Penal para el caso de delitos que amenazan la vida de personas o afectan la economía, por ejemplo.
Un caso ejemplar es la oleada de mentiras que forzó el gobierno brasileño a revocar una medida adoptada el 30 de diciembre, que obligaría a todas las instituciones financieras a informar al Banco Central el uso del Pix, un mecanismo de pagos, más allá de un límite mensual, 5000 reales (830 dólares) para personas y el triple para empresas.
El objetivo era obtener datos para contener la evasión fiscal, pero la extrema derecha inundó las redes sociales con la información de que el gobierno impuso un tributo al Pix, creado en 2020 y que se popularizó rápidamente.
El pánico generado provocó una reducción de 15 % en sus operaciones en la primera quincena del año.
El ministro de Hacienda, Fernando Haddad, anunció el 15 de enero la suspensión de la medida, su sustitución futura por un decreto clarificador y acciones penales contra los autores de las mentiras que constituyen delitos contra la economía popular.
Las campañas de desinformación ultraderechistas contribuyen a la crisis de confianza y de credibilidad que ya sufre el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, principalmente por las incertidumbres fiscales que genera su tendencia a ampliar los gastos públicos.
Falta determinación en aplicar las leyes ya existentes. Pero una específica, que reglamente e establezca las responsabilidades de las redes sociales, facilitaría una contención de las mentiras y los discursos de odio que saturan el ambiente de las plataformas.
Europa avanzó en ese sentido. “Pero se trata de un problema económico y geopolítico mundial, un escenario en que las corporaciones denominadas ‘big techs’, con sus monopolios, tienen más poder que los gobiernos”, y una solución de hecho tendría que corregir eso, sostuvo Lefevre.
En su opinión, “esas empresas tienen lado, actúan no solo por interés económico, sino también político”, sus plataformas digitales son de extrema derecha por naturaleza.
¿Tecnologías neutrales?
No lo ve de la misma manera Natalia Viana, directora ejecutiva de la agencia Pública, de periodismo investigativo.
“La tecnología de las plataformas no es de izquierda ni de derecha, como cualquier tecnología. Son las decisiones adoptadas para que ellas sirvan solo a la finalidad de generar más y más utilidades, sean más y más adictivos, que nos condujeron al estado actual”, afirmó también desde São Paulo.
Internet y las redes sociales eran distintas hasta la oferta pública inicial de acciones del Facebook, en 2012, argumentó. El modelo de negocios elegido, en que las ganancias se obtienen capturando la atención de las personas por más horas, generó las distorsiones que serían evitables en otras opciones, como el servicio por suscripciones, acotó.
Serían alternativas menos lucrativas, no harían de sus dueños los milmillonarios situados entre los hombres más ricos del planeta, reconoció.
Las plataformas también incorporaron los algoritmos que amplían o reducen la diseminación de contenidos, considerando las interacciones que generan y no su calidad o el interés de los usuarios, observó.
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En el caso de Pública, sus publicaciones en Facebook alcanzaban 30 % de sus lectores, pero eso se redujo a 4 % al cambiar el algoritmo y a casi nada después que Mark Zuckerberg, ejecutivo jefe de Meta, decidió eliminar el periodismo de la red social, ejemplificó Viana.
El modelo de negocios de las plataformas digitales “depende de informaciones falsas y los discursos criminales”, escribió Viana en un comentario periódico que envía a los lectores de Pública. “Un debate sano, basado en la realidad y civilizado” lo llevaría a la quiebra, admitió.
ED: EG
