NACIONES UNIDAS – Cuatro años después del golpe militar, Myanmar se enfrenta a una policrisis, marcada por el colapso económico, la intensificación de los conflictos, los riesgos climáticos y el agravamiento de la pobreza, según un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud).
El 1 de febrero de 2021 el ejército tomó el poder en ese país del sudeste asiático, después de que el partido de la Premio Nobel de la Paz 1991, Aung San Suu Kyi ganó las elecciones parlamentarias de finales de 2020, detuvo a centenares de políticos civiles y enfrentó con dura represión las protestas por el golpe.
En un contexto de conflictos étnicos, surgieron movimientos guerrilleros y la confrontación con el ejército se ha tornado severa sobre todo en zonas de frontera, en ese país de 676 000 kilómetros cuadrados y 55 millones de habitantes.
El informe del Pnud, “La persistente policrisis de Myanmar: cuatro años de un tumultuoso viaje” muestra el sombrío panorama de una nación en caída libre, con casi la mitad de la población viviendo por debajo del umbral de la pobreza, los servicios esenciales desmoronándose y la economía en desorden.
Tom Andrews, relator sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, dijo que “cuatro años de opresión militar, violencia e incompetencia han arrojado a Myanmar al abismo”.
“Las fuerzas de la junta militar han asesinado a miles de civiles, bombardeado e incendiado aldeas y desplazado a millones de personas. Más de 20 000 presos políticos siguen en prisión. La economía y los servicios públicos se han derrumbado y la hambruna se cierne sobre amplios sectores de la población”, dijo Andrews.
Agregó que “los planes de la junta, incluida la celebración de elecciones simuladas este año en un contexto de creciente conflicto armado y violaciones de los derechos humanos, son un camino a la ruina”.
El informe del Pnud estima que “sin solución política a la vista, el año que viene pondrá a prueba la resistencia de Myanmar hasta el límite”, y pide un compromiso internacional urgente para mitigar el sufrimiento y evitar el colapso total.
Desde 2020, el producto interior bruto (PIB) de Myanmar se ha contraído nueve por ciento, invirtiendo el progreso económico de la década anterior. La inflación superó 25 % en 2024, erosionando aún más el poder adquisitivo de los hogares.
Además, el déficit comercial se disparó hasta 2,2 % del PIB, exacerbado por las severas restricciones al comercio transfronterizo. La moneda cayó en picado desde 1330 kyat por dólar estadounidense en 2021 hasta 4520 en 2025, haciendo inasequibles las importaciones y disparando los precios.
La situación económica empeoró aún más cuando el país fue incluido en la lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional por no combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En ese contexto, la economía ilícita prospera, y Myanmar se ha convertido en el principal productor mundial de opio y heroína, y en uno de los mayores fabricantes de metanfetaminas.
La industria del jade, valorada en miles de millones de dólares anuales, sigue sin estar regulada en gran medida, lo que alimenta la corrupción y la degradación medioambiental. El juego ilegal, el tráfico de personas y las operaciones de estafa han florecido a lo largo de las porosas fronteras del país.
La situación de conflicto ha desplazado a más de 3,5 millones de personas dentro del país y obligado a muchas otras a cruzar sus fronteras. Los desplazados internos carecen de asistencia y protección vitales, y las comunidades de acogida se tambalean ante la escasez de recursos.
Además, casi 50 % de la población vive por debajo del umbral de pobreza, y 25 % apenas lo supera. El hambre alcanza niveles catastróficos y la productividad agrícola ha disminuido 16 % desde 2021, debido en gran parte a los conflictos y las catástrofes relacionadas con el clima.
Los servicios públicos también se ven gravemente afectados. Más de la mitad del país carece de acceso a la electricidad, y hay hospitales fuera de servicio en las zonas de conflicto.
Las tasas de escolarización también han descendido, debido a los conflictos y dificultades económicas. En el curso 2023/2024, más de 20% de los niños no iban a la escuela.
La grave situación económica y de seguridad ha provocado el éxodo de los jóvenes de Myanmar, y se calcula que unos 3,7 millones han ido a la vecina Tailandia.
Muchos jóvenes en el país se enfrentan a la explotación y al trabajo forzoso debido a las restrictivas vías legales de migración, mientras que los que se quedan corren el riesgo de ser reclutados a la fuerza por el ejército.
A los problemas sociales y económicos se suma la degradación del ecosistema. Myanmar ha perdido 38 % de sus manglares y 19 % de su cubierta forestal desde 2000, con un declive acelerado en ambas categorías desde 2021.
A pesar del cuadro sombrío, existen oportunidades de recuperación según el informe del Pnud, que destaca la resistencia de las comunidades locales y el potencial de las organizaciones de la sociedad civil para reconstruir la cohesión social.
Plantea involucrar a la diáspora a través de la educación, y ampliar las oportunidades para las mujeres en los negocios y el empleo para impulsar los ingresos familiares.
También, la revitalización de la agricultura, mediante cultivos resistentes al clima e irrigación, y la inversión en protección medioambiental, como la reforestación y la restauración de manglares, lo que puede salvaguardar puestos de trabajo.
“Un Myanmar más estable y pacífico, que prospere gracias a una economía legal, proteja sus recursos humanos y naturales e invierta en la seguridad y prosperidad de toda su población, redunda también en interés de sus vecinos y de la comunidad internacional en general”, concluye el informe.
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