Persiste asedio sobre embajada de Argentina en Caracas

A las redes sociales llegan imágenes de y desde la embajada de Argentina en Caracas, bajo protección de la bandera de Brasil y estrecha vigilancia de fuerzas policiales venezolanas. Los opositores asilados en la residencia denuncian que fueron cortados los servicios de agua y electricidad, mientras crece el reclamo para que se les concedan salvoconductos. Imagen: Efecto Cocuyo

CARACAS – Los seis opositores asilados en la embajada de Argentina en Venezuela denunciaron que persiste el asedio de fuerzas policiales sobre esa sede, privada desde hace dos semanas de servicios regulares de agua y electricidad, mientras que el gobierno calificó como “farsa” el hostigamiento a que estarían sometidos.

“Se mantiene la situación desde el 23 de noviembre. Sin electricidad, solo una pequeña planta mantiene algunos alimentos refrigerados, estamos con mínimas reservas de agua, se restringe el acceso a agua potable y a comida”, denunció en un vídeo en redes sociales uno de los asilados, Pedro Urruchurtu.

En la embajada se refugiaron en marzo seis opositores. Cuatro hombres y dos mujeres, colaboradores de la líder opositora María Corina Machado, quien hacía campaña por el candidato Edmundo González para la elección presidencial del 28 de julio.

La oposición, con apoyo de varios gobiernos de América y Europa, reivindica que la elección fue ampliamente ganada por González, actualmente exiliado en España, mientras que el poder electoral venezolano proclamó al actual mandatario Nicolás Maduro como presidente electo para un tercer sexenio (2025-2031).

Machado, en la clandestinidad, denunció el miércoles 4 que “agentes de cuerpos de represión del Estado” se presentaron ante la sede de la embajada “con actitud agresiva, que incluyó hostigamiento e instrucciones relacionadas con un eventual ingreso a la sede diplomática, generando zozobra y terror en los alrededores”.

Venezuela rompió relaciones y expulsó a los diplomáticos de Argentina -y de otros gobiernos de la región- a comienzos de agosto, una vez que el presidente argentino Javier Milei desconoció el proclamado triunfo de Maduro en la elección.

La legación quedó entonces bajo la protección de Brasil -que izó su bandera en la residencia del embajador de Argentina en una colina residencial del sureste capitalino, donde están los asilados- aunque el gobierno venezolano retiró en septiembre la autorización formal a Brasilia para ese encargo.

El acceso a la estrecha calle que serpentea por la colina donde se ubica la residencia está restringido. Trabajadores al servicio de la embajada son quienes pueden llegar con alimentos hasta la sede.

Los asilados denuncian que no se ha permitido el acceso de camiones cisterna con agua, una vez que el servicio regular por tubería se ha suprimido, y que los fusibles del tablero para acceso de la electricidad fueron robados, por lo que en la residencia están sin el servicio desde finales de noviembre.

En La Haya, el embajador argentino Mario Oyarzábal denunció en una asamblea de la Corte Penal Internacional que el inmueble de su país en Caracas “ha enfrentado situaciones de asedio en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuya vida e integridad se encuentran en peligro”.

Oyarzábal ubicó la situación de la embajada en el contexto postelectoral del 28 de julio, y dijo que “las circunstancias del país se han deteriorado aún más”, pues “los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada”.

Las protestas por la proclamación de Maduro, en los días siguientes al 28 de julio, dejaron un saldo de 27 muertos, decenas de heridos, unos 2000 detenidos -incluidos menores de edad-, y se han tomado medidas y aprobado leyes para acentuar la autoridad del Estado frente a las expresiones de disidencia.

En el caso de los seis refugiados en la embajada argentina, sobre ellos pesan acusaciones de conspiración para generar actos de violencia y terrorismo, e incluso de participar en la planificación de atentados contra las cabezas del gobierno.

El vicepresidente y ministro del Interior, Diosdado Cabello, sostuvo el miércoles 4 en su programa semanal de televisión que el asedio a la embajada es “una farsa” de los opositores allí refugiados, y mostró fotografías de ingreso de bidones con agua a la sede.

Una semana antes, el funcionario dijo en una rueda de prensa que si la sede se ha quedado sin servicios es porque no los han pagado. “Ellos verán. Que paguen la luz pues, que paguen los servicios, tampoco les vamos a regalar nada”, declaró.

El mismo miércoles 4 circularon por redes sociales versiones que no fueron confirmadas de que algunas viviendas vecinas habían sido requisadas para ahondar el cerco sobre la residencia argentina.

La Conferencia Episcopal católica venezolana ha criticado el asedio a la embajada, y su subsecretario, el obispo Rafael Bitter reiteró que “es inhumano cortarles el agua y la luz. Estamos llegando a la Navidad, el asedio debe terminar”.

Expresidentes iberoamericanos reunidos en el grupo Idea han pedido a los gobiernos de Buenos Aires y Brasilia que movilicen la presión internacional para que cese el asedio y se les conceda salvoconductos a los seis asilados, permitiéndoles abandonar el país, una medida hasta ahora rehusada por Caracas.

Estados Unidos de nuevo hizo “un llamado a Maduro y a sus representantes para que garanticen los salvoconductos necesarios para los refugiados en la embajada de Argentina en Caracas”, mediante un comunicado expedido desde Bogotá.

Las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela están cortadas desde 2019, por lo que Washington abrió una embajada especial para el país sudamericano que opera desde la capital de Colombia.

A-E/HM

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