GINEBRA – La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha alertado de que la situación de las garantías fundamentales sigue deteriorándose en Nicaragua, con continuo aumento del poder del Estado para castigar a la disidencia.
“En el país impera un clima represivo y de gran severidad”, resumió la alta comisionada adjunta para los derechos humanos, Nada Al Nashif, al presentar un informe oral ante Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de 47 naciones, en esta ciudad suiza.
Destacó las capacidades de vigilancia y enjuiciamiento del Gobierno sobre las actividades que considere motivadas políticamente, incluidas las redes sociales.
También expuso que el Gobierno ha estado despojando a los ciudadanos de su nacionalidad y sus bienes, dejando a muchas personas en calidad de apátridas. Según fuentes de la oposición exiliada del país centroamericano, al menos 500 personas ya fueron despojadas de la nacionalidad nicaragüense.
El pasado 22 de noviembre la Asamblea Nacional legislativa de Nicaragua aprobó una enmienda a la Constitución que amplía el mandato presidencial de cinco a seis años, eleva el papel de la vicepresidencia al de “copresidencia”, y elimina la prohibición constitucional de censurar a la prensa.
En el país gobierna desde 2006 el presidente Daniel Ortega, jefe del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y desde 2017 ocupa la vicepresidencia del país su esposa, Rosario Murillo, que ascendería a la condición de copresidenta de acuerdo con la reforma constitucional.
La reforma establece que todos los derechos fundamentales pueden ser suspendidos durante un estado de emergencia, y rebaja el umbral que permite la intervención del ejército en la acción policial interna, que ahora puede ser solicitada por el gobierno siempre que lo exija la “estabilidad del Estado”.
Para Al Nashif, estas reformas “tienen el objeto de concentrar más poder en la presidencia, y de tipificar como delito la voz de cualquier disidente”.
“Esto merma aún más la democracia y ahonda la represión del espacio cívico, generando mayor ansiedad en Nicaragua, al igual que entre los nicaragüenses en el exilio”, abundó la responsable.
Según su informe, en Nicaragua continúan las detenciones arbitrarias de opositores políticos, líderes indígenas, defensores de derechos humanos y figuras religiosas, y hay numerosos reportes de tortura y desapariciones forzadas.
Al Nashif especificó que la situación es especialmente grave para las comunidades indígenas de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, donde persisten la violencia y la agresión sexual por parte de los colonos no indígenas.
Agregó que las reformas contienen muchas disposiciones que permiten la interferencia legislativa, judicial y electoral. Dio cuenta también de puntos ambiguos que limitan las garantías fundamentales “incluida la libertad de expresión y la de asamblea pacífica”.
“También se ha omitido el reconocimiento de la prohibición de la tortura, lo cual es especialmente grave”, subrayó.
Mencionó además que a muchos ciudadanos se les han confiscado sus activos.
En ese contexto, instó a rechazar los cambios constitucionales, y pidió la liberación inmediata de los detenidos y el fin de las desapariciones forzadas y la tortura.
Abogó finalmente por el restablecimiento de las instituciones democráticas y el diálogo en beneficio de los nicaragüenses, y llamó a la comunidad internacional a intensificar el apoyo a estos esfuerzos.
Mientras, en Washington se informó que el Gobierno del presidente Joe Biden abrió una investigación sobre abusos a los derechos humanos y laborales en Nicaragua, lo que puede impactar en las relaciones comerciales con el país centroamericano.
“Numerosos informes sugieren que el Gobierno está participando en actos represivos que perjudican a los propios trabajadores y al pueblo de Nicaragua, socavan la competencia justa y desestabilizan nuestra región”, dijo la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, en un comunicado.
Ambos países son parte del Tratado de Libre Comercio entre América Central y República Dominicana (Cafta-DR en inglés), integrado por Estados Unidos y Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana.
Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, de cuyos 6000 millones de dólares anuales en exportaciones cerca de 38 % tienen como destino el mercado estadounidense.
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