JOHANNESBURGO – La intersección entre el derecho, la diplomacia y la ciencia será el centro de atención en las audiencias de la Corte Internacional de Justicia que comienzan este lunes 2 en La Haya, cuando el tribunal inicie sus deliberaciones sobre las obligaciones de los Estados miembros de las Naciones Unidas, en virtud del derecho internacional, de proteger a las personas y los ecosistemas del cambio climático.
El caso lo iniciaron los Estudiantes de las Islas del Pacífico que Luchan contra el Cambio Climático (PISFCC, en inglés) con el apoyo de Ishmael Kalsakau, entonces primer ministro de Vanuatu, un pequeño país insular del Pacífico. Ahora Vanautu será el primero de los 98 países que harán presentaciones durante la quincena de audiencias, tras las cuales el tribunal emitirá un dictamen consultivo.
Grace Malie, activista juvenil y climática de Tuvalu que interviene en la cumbre climática de Bakú, entre el 11 y el 23 de noviembre, afirma que la opinión consultiva establecerá una «línea de base que no puede ignorarse», especialmente para los jóvenes de los países afectados por el cambio climático.
Tuvalu, un pequeño atolón de baja altitud, se enfrenta a un futuro incierto debido a la subida del nivel del mar, y se calcula que para 2050 la mitad de la superficie de la capital quedará inundada por las mareas.
Aunque cuenta con ambiciosos planes de adaptación, también ha desarrollado un proyecto Te Ataeao Nei (Futuro Ahora) que esboza cómo gestionará la condición de Estado en caso de que se enfrente al peor de los escenarios y se hunda debido a la subida del nivel del mar.
«Lo que esto significa para los jóvenes del Pacífico es que las conversaciones sobre el clima ya no pueden descartar nuestras preocupaciones existenciales como negociables», asegura Malie.
A su juicio, fomentará un entorno que asegure las islas como «prósperas» y «resistentes», en lugar de como recuerdos «lejanos».
La sentencia, en su opinión, garantizará los derechos de los jóvenes del Pacífico, entre ellos el de permanecer arraigados a la cultura, la tierra y el patrimonio protegidos por el derecho internacional.
Las audiencias y la opinión consultiva de la CIJ son únicas en el sentido de que no se centran únicamente en un solo aspecto del derecho internacional.
Por el contrario, incluyen la Carta de las Naciones Unidas, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el deber de diligencia debida, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el principio de prevención de daños significativos al medio ambiente y el deber de proteger y preservar los entornos marinos.
El tribunal se pronunciará sobre las obligaciones de los Estados, en virtud del Derecho internacional, de garantizar la protección del sistema climático para las generaciones presentes y futuras.
También estudiará las consecuencias jurídicas de causar daños significativos al sistema climático y al medio ambiente y su impacto en otros Estados, incluidos lo del grupo de Pequeños Estados Isulares en Desarrollo (Peid), que se ven afectados por el cambio climático, y los pueblos y personas, tanto de las generaciones presentes como futuras, afectados por los efectos adversos del cambio climático.
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El fiscal general de Fiyi, Graham Leung, afirma que el tribunal no sustituye a las negociaciones, que son complejas y laboriosamente lentas.
«El dictamen de la CIJ sentará precedente. Es decir, abarcará, debatirá y analizará las cuestiones jurídicas y científicas, y llegará a una decisión muy, muy importante o autorizada que tendrá un gran peso moral», asegura.
Aunque el tribunal no tenga derechos de ejecución y no sea jurídicamente vinculante, funcionará a través de la persuasión moral.
«Va a ser un país muy valiente el que se oponga a una opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia, porque si estás en esa minoría que viola la opinión del tribunal, puedes ser considerado un paria o un proscrito en la comunidad internacional», considera Leung.
Las audiencias se producen cuando el resultado de las negociaciones de la COP29 fue recibido con críticas, especialmente en lo que respecta a la financiación de los impactos del cambio climático.
Antes de comenzar las audiencias en La Haya, el responsable mundial de Clima y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), el peruano Manuel Pulgar-Vidal, declaró: «Dado que la mayoría de los países están muy por debajo de sus obligaciones de reducir las emisiones y proteger y restaurar la naturaleza, esta opinión consultiva tiene el potencial de enviar una poderosa señal jurídica de que los Estados no pueden ignorar sus deberes legales de actuar».
Otras críticas al statu quo actual incluyen la creencia de que las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, en inglés) son inadecuadas, y que la financiación climática, concebida como un mecanismo de quien contamina paga, no ha llegado a los más afectados.
En ese sentido, ponen como ejemplo el de los países del Pacífico que solo han recibido el 0,2 % de los 100 000 millones de dólares anuales prometidos para la financiación climática.
Cristelle Pratt, secretaria general adjunta de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (OACPS), está de acuerdo en que la decisión del tribunal facilitará la negociación sobre la financiación climática y las disposiciones sobre pérdidas y daños al dejar esto más claro.
Se espera que la CIJ publique su opinión consultiva final en 2025.
T: MF / ED: EG
