KATMANDÚ – Audacia y no consenso. Ese fue el lema lanzado con desesperación por miembros de la sociedad civil en el ocaso de la quinta ronda de negociaciones para el Tratado sobre la Contaminación de Plásticos en Busan, Corea del Sur, concluida el 1 de diciembre.
Como ahora sabemos, las negociaciones no arrojaron los resultados que habrían ayudado al planeta Tierra a establecer una meta innovadora para reducir la cantidad de plástico que se produce.
Mientras tanto, la comunidad internacional se encuentra en otra reunión crucial en Riad, la capital de Arabia Saudí, para discutir los esfuerzos globales contra la desertificación.
Será otro proceso de la COP, lo que se conoce formalmente como la 16 Conferencia de las Partes (COP16) de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (Cnuld), que se desarrolla desde el 2 de diciembre y hasta el viernes 13.
Al parecer, esta vez, el país anfitrión, Arabia Saudí, va a liderar un esfuerzo tremendo para garantizar un resultado sólido. En los últimos dos meses y medio, Riad, en lugar de ser un líder mundial para garantizar la supervivencia de nuestro planeta, un defensor de la sostenibilidad, ha sido un disruptor.
Los saudíes estuvieron entre quienes han estado socavando la COP29 sobre el clima, celebrada en Bakú del 11 al 23 de noviembre, y en menor medida la COP16 sobre la biodiversidad en Cali, Colombia.
Pero un análisis de lo que sucedió en los últimos dos meses y medio también traería consigo una acusación por acto de omisión no solo para los estados petroleros sino también para todas las naciones desarrolladas.
De hecho, el grito de guerra de última hora –“audacia, no consenso”– debería haber sido adoptado como la Estrella del Norte por todas aquellas naciones que estaban dispuestas a dar pasos audaces en los tres procesos de la COP recientemente concluidos.
En Busan, como explicó el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (Ciel, en inglés), “los negociadores tenían varias opciones de procedimiento disponibles, incluida la votación o la celebración de un tratado entre los dispuestos”.
Sin embargo, las naciones más progresistas, alrededor de 100 países, incluida la Unión Europea (UE) y 38 naciones africanas y sudamericanas, no se atrevieron a ir más allá del enfoque tradicional de buscar un consenso a cualquier costo.
Irónicamente, lo que ocurrió en la COP16 de Cali y la COP29 de Bakú fue igualmente una parodia de la justicia, ya que las naciones desarrolladas no se movieron de sus posiciones.
Al final, los acuerdos finales sobre biodiversidad y financiación climática fueron en ambos casos extremadamente decepcionantes, especialmente en relación con la primera.
De hecho, en Cali, no hubo ningún acuerdo en cuanto a encontrar los recursos necesarios para implementar el ambicioso Marco Mundial para la Diversidad Biológica Kunming-Montreal.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
Según BloombergNEF (BNEF), en su informe Biodiversity Finance Factbook, “la brecha entre la financiación actual de la biodiversidad y las necesidades futuras se ha ampliado a 942 000 millones de dólares”.
El Fondo Marco Mundial para la Diversidad Biológica (GBFF, en inglés), el vehículo financiero para implementar el Marco, aún está muy lejos de convertirse en un verdadero elemento de cambio.
Los millones de dólares que un pequeño grupo de naciones europeas han prometido durante las negociaciones en Cali, son todavía una contribución minúscula en relación con lo acordado dos años antes en Montreal, donde se celebró la segunda etapa de la COP15.
En ese caso, el resultado final que sustentaba el Marco exigía la movilización de recursos financieros para la biodiversidad por un mínimo de 200 000 millones de dólares al año para 2030, procedentes de fuentes públicas y privadas, y la identificación y eliminación de al menos 500 000 millones de dólares de subsidios anuales perjudiciales para la biodiversidad.
Lo que se desarrolló en Bakú durante la COP29 sobre el clima también fue, en términos de financiación, embarazoso para las naciones desarrolladas.
El acuerdo, apenas negociado, de triplicar los 100 000 millones de dólares al año para 2035 con el compromiso de alcanzar hasta 1,3 billones (millones de millones) para el mismo año a través de diferentes fuentes de dinero, incluidos gravámenes difíciles de negociar, está lejos de lo que se requiere.
En este frente, la vergüenza no recae solo sobre los países tradicionalmente desarrollados, sino también sobre países como China y los países del Golfo, que se obstinaron en rechazar su responsabilidad de cumplir con su parte en la financiación climática.
Al menos, como parte de un compromiso de último minuto, los países desarrollados (el Grupo de los Siete y algunos otros, como Australia) ahora coliderarán la responsabilidad de encontrar los recursos.
China y otros países ricos que, según una clasificación obsoleta de la ONU, todavía se consideran oficialmente como “en desarrollo”, contribuirán, pero solo de manera voluntaria.
Como vemos, los resultados finales de estas tres COP distaron mucho de ser audaces. En cambio, predominaron los consensos, ejemplificados por conceptos como la “ambigüedad constructiva”, el acuerdo sobre algo que las naciones en las mesas de negociación pueden interpretar de manera diferente.
En este punto, considerando las frustraciones de estas mega reuniones, ¿qué se puede hacer? ¿Es todavía viable el modelo actual de la COP, con sus complejidades, sus interminables demoras y disputas?
El influyente Club de Roma, en los últimos días de la COP29, había publicado un comunicado de prensa enérgico en el que pedía una reforma importante de las formas en que se llevaban a cabo las negociaciones.
“El proceso de la COP debe fortalecerse con mecanismos para exigir responsabilidades a los países”. El documento iba aún más lejos al pedir que se implementara un seguimiento sólido de la financiación climática.
Además, con cada COP, siempre se lanzan una serie de nuevas iniciativas, a menudo solo por el bien de la visibilidad y el prestigio.
El riesgo es que se produzcan multitud de ejercicios y mecanismos que agoten recursos que, en definitiva, no son productivos ni significativos, sino más bien duplicados y, en última instancia, un desperdicio de dinero.
Deberíamos ser aún más radicales. Por ejemplo, la comunidad internacional debería introducir el mismo proceso de revisión entre pares que ya existe en el Consejo de Derechos Humanos, que, francamente hablando, no es precisamente una herramienta revolucionaria.
Y, sin embargo, a pesar de que las naciones con un sólido historial de violaciones de los derechos humanos siguen indemnes en el Consejo, un cambio de ese tipo representaría algunas formas de rendición de cuentas en las áreas de biodiversidad y clima.
Esto podría concebirse como una reforma que debería acompañar la implementación de la tercera ola de contribuciones determinadas a nivel nacional, que se prevé que se realice en 2025.
Deshacerse del modelo de consenso también es algo que debería considerarse seriamente. ¿Por qué no celebrar votaciones que anulen los vetos de una sola nación? ¿Por qué aferrarse tanto a la unanimidad cuando sabemos que no funciona en absoluto?
Como se demostró en Busan, son los países tradicionalmente desarrollados los que carecen de audacia y visión de futuro para seguir un procedimiento que podría volverse en su contra. Esta es, en cambio, una causa a la que al menos la UE, Canadá y Australia se deberían adherir. Sin embargo, todavía estamos muy lejos de alcanzar ese nivel de audacia.
Otra idea extravagante se relaciona con la vinculación de las acciones de los países a la posibilidad de albergar torneos deportivos prestigiosos.
¿Por qué no obligar a los organismos deportivos internacionales como la Fifa (Federación Internacional de Fútubol Asociado) a recompensar los derechos de organización de sus megaeventos solo a los países que son líderes en materia de clima y biodiversidad en la práctica, en lugar de hacerlo mediante declaraciones vacías pero grandilocuentes?
Lamentablemente, nunca habrá consenso dentro de las federaciones de fútbol que dirigen el organismo rector de la Fifa o, por ejemplo, dentro del Comité Olímpico Internacional. Un área más prometedora, aunque tampoco fácil de poner en práctica, sería encontrar formas en las que los actores no estatales tuvieran una voz real en las negociaciones.
Tanto la COP16 como la COP29 alcanzaron algunos avances en relación con dar más voz, por ejemplo, a los pueblos indígenas. En Cali, se decidió crear un nuevo organismo que daría más poder a los pueblos indígenas.
Se trata de lo que se conoce formalmente, en referencia a la disposición relacionada con los derechos de los pueblos indígenas del Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica, como el Órgano Subsidiario Permanente sobre el Artículo 8(j).
Los detalles de este nuevo órgano serán objeto de intensas negociaciones, pero al menos se ha creado una vía para canalizar mejor las demandas de un grupo clave que, hasta ahora, ha luchado por obtener su debido reconocimiento.
También en la COP29 se vieron algunos triunfos para los pueblos indígenas con la adaptación del Plan de Trabajo de Bakú y la renovación del mandato del Grupo de Trabajo Facilitador (FWG, en inglés) de las Plataformas de Comunidades Locales y Pueblos Indígenas.
Seguramente pueden existir algunas soluciones creativas para fortalecer lo que se suponía que era la plataforma para incorporar y hacer participar a los actores no estatales, la Alianza de Marrakech para la Acción Global.
Los miembros de la sociedad civil podrían aportar nuevas ideas sobre cómo tener un papel formal en las negociaciones. Si bien es imposible que los actores no estatales estén al mismo nivel que los Estados miembros parte de las convenciones en torno a las cuales se celebran las COP, seguramente estos últimos deberían estar en una mejor posición y tener algún tipo de poder de decisión.
Por último, una de las mejores maneras de simplificar estas negociaciones complejas e independientes entre sí sería trabajar hacia un marco unificador en relación con la implementación de las convenciones sobre biodiversidad y clima.
En este sentido, la presidencia colombiana de la COP16 marcó algunos hitos importantes con Susana Muhammad, la ministra de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia que presidió los trabajos en Cali, presionando para cerrar la brecha entre las negociaciones sobre biodiversidad y clima.
Ninguna de las propuestas enumeradas aquí va a ser fácil de implementar. Lo que necesitamos es algo simple de entender, pero también extremadamente difícil de alcanzar.
Solo una mayor presión desde abajo, desde la sociedad civil global, puede empujar a los gobiernos a tomar la decisión correcta: dejar de lado, al menos por una vez, la palabra consenso y elegir en su lugar otra que pueda marcar la diferencia y al mismo tiempo infundir esperanza.
Esta palabra se llama audacia.
T: MLM / ED: EG
