SÍDNEY – La justicia climática reconoce los impactos diferenciales de la crisis climática entre ricos y pobres, mujeres y hombres, y generaciones más viejas y más jóvenes. El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha subrayado que «como siempre ocurre, los pobres y vulnerables son los primeros en sufrir y los más afectados».
Sin embargo, todas las personas deben tener la capacidad de vivir con dignidad. Así pues, la justicia climática contempla la crisis climática desde la óptica de los derechos humanos.
La justicia climática también reconoce que, aunque «ningún país es inmune», los impactos varían entre países ricos y pobres. Y los países pobres, que carecen de medios para hacerles frente, son los que más sufren, aunque son los que menos contribuyen a la crisis.
Esta injusticia pone de manifiesto la desigual responsabilidad histórica que tienen los países en relación con la crisis climática.
Así, la justicia climática sintetiza el reconocimiento de los derechos y los impactos diferenciados. Afirma que todos los individuos y países tienen derecho al desarrollo, y que los países, empresas y personas que se han enriquecido gracias a la emisión de grandes cantidades de gases de efecto invernadero tienen la responsabilidad de ayudar a los afectados por el cambio climático, en particular a los países y comunidades más vulnerables, que a menudo son los que menos han contribuido a la crisis.
Contribuciones e impactos diferenciados
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) informa que entre 2010 y 2020 la mortalidad humana por inundaciones, sequías y tormentas fue 15 veces mayor en las regiones altamente vulnerables.
El IPCC también constata que, a escala mundial, 10 % de los hogares con mayores emisiones por persona contribuyen en 34-45 % a las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en los hogares, mientras que 50 % de los hogares más pobres contribuyen en 13-15 %.
Según advierten los expertos, los niños y los jóvenes de hoy soportarán toda la fuerza de los impactos del cambio climático a medida que avancen en la vida, aunque no hayan contribuido a la crisis climática de forma significativa.
El Banco Mundial calcula que solo una décima parte de los gases de efecto invernadero del mundo son emitidos por 74 países de renta baja (PRB), pero serán los más afectados por los efectos del cambio climático.
También constata que, en comparación con la década de los años 80, estos países de renta baja ya han sufrido aproximadamente 8 veces más catástrofes naturales en los últimos 10 años.
La institución multilateral advierte de que, para 2050, un cambio climático incontrolado podría obligar a más de 200 millones de personas a emigrar dentro de sus propios países, sumiendo en la pobreza a 130 millones de personas y echando por tierra décadas de logros en materia de desarrollo conseguidos con gran esfuerzo.
Dentro de un mismo país, los efectos del cambio climático pueden sentirse de forma desigual debido a desigualdades estructurales basadas en la raza, la etnia, el género y el estatus socioeconómico.
Por ejemplo, las mujeres se ven más gravemente afectadas; las personas con discapacidad corren mayores riesgos, incluidas las amenazas a su salud, seguridad alimentaria, acceso al agua, energía y saneamiento, y medios de subsistencia; y los pueblos indígenas se enfrentan a amenazas y riesgos cada vez mayores para sus vidas, medios de subsistencia y conocimientos tradicionales.
Seis dimensiones de la justicia climática
La justicia climática «insiste en pasar de un discurso sobre los gases de efecto invernadero y el deshielo de los casquetes polares a un movimiento de derechos civiles cuyo núcleo sean las personas y comunidades más vulnerables a los impactos climáticos», afirmó Mary Robinson, expresidenta de Irlanda (1990-1997) y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (1997-2002).
Así pues, la justicia climática engloba ideas de justicia, equidad y responsabilidad ética. Va más allá de la mera mitigación de las emisiones de carbono y profundiza en la distribución de los impactos climáticos, la participación de las comunidades marginadas en la toma de decisiones y el reconocimiento de las diversas perspectivas y experiencias relacionadas con el cambio climático.
Puede leer aquí la versión en inglés de este artículo.
Una encuesta realizada entre grupos ecologistas australianos revela 6 dimensiones de la justicia climática: justicia distributiva, justicia procesal, justicia de reconocimiento, justicia relacional, justicia intergeneracional y justicia transformadora.
La justicia distributiva hace hincapié en que algunos países y comunidades soportan desproporcionadamente el peso del cambio climático y sus costes. La justicia procedimental exige la inclusión de los países y comunidades afectados en los procesos de toma de decisiones.
La justicia relacional subraya la importancia de fomentar las relaciones de colaboración entre países, grupos y comunidades para avanzar en la justicia climática. Las relaciones justas, igualitarias y respetuosas se consideran esenciales para desarrollar respuestas equitativas al cambio climático.
La justicia intergeneracional expresa la preocupación por los efectos del cambio climático en las generaciones futuras. Las protestas de cientos de miles de escolares ponen de manifiesto la injusticia intergeneracional del cambio climático. Exigen a los líderes mundiales que actúen ahora para salvar el planeta y su futuro.
La justicia transformadora se centra en las desigualdades sociales e institucionales que impulsan y perpetúan el cambio climático.
Algunos sostienen que abordar la justicia climática requiere un cambio fundamental que se aleje del sistema económico mundial capitalista. Otros defienden una transición justa hacia un mundo con bajas emisiones de carbono, al tiempo que se crean puestos de trabajo y se impulsa un crecimiento económico más rápido e integrador.
La justicia climática pone de relieve el principio general, «No dejar a nadie atrás», de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
La justicia climática exige hacer realidad los compromisos, permitir una colaboración más estrecha y profunda y afrontar el mayor reto de nuestro tiempo.
Como subrayó Mary Robinson, «trabajando juntos podemos crear un futuro mejor para las generaciones presentes y futuras».
Compromisos fallidos igual a más déficits de confianza
Lamentablemente, como la organización internacional Oxfam señala, el continuo incumplimiento por parte de los países ricos de su promesa de 100 000 millones de dólares para la financiación de la lucha contra el cambio climático, realizada en la Cumbre del Clima de Copenhague de 2009, amenaza las negociaciones y socava la acción por el clima.
Oxfam también denuncia la afirmación de la Organización de Cooperación y Desarrolo Económicos (OCDE) -un club de países ricos- de que «los países desarrollados superaron materialmente su compromiso de 100.000 millones de dólares de financiación para el clima en 2022».
Las evaluaciones independientes realizadas por el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y el Instituto de Desarrollo de Ultramar (ODI) revelan que esta afirmación exagerada se debe a sistemas de contabilidad defectuosos.
Tras ajustar los datos para eliminar la doble contabilidad, arroja cifras inferiores a las de la OCDE. El desglose de la responsabilidad por países muestra que muy pocos contribuyen lo suficiente.
Los analistas de la financiación climática criticaron la calidad de esta y la forma en que la OCDE calcula las cifras.
Harjeet Singh, un veterano activista por la justicia climática, afirmó que el proceso de provisión y contabilización de la financiación climática «está plagado de ambigüedades e insuficiencias».
Ello, añadió, porque «gran parte de la financiación se presenta como préstamos en lugar de subvenciones y a menudo se entremezcla con la ayuda existente, desdibujando los límites de la verdadera ayuda financiera.
La financiación de la lucha contra el cambio climático sigue consistiendo principalmente en préstamos, una gran parte de los cuales no se conceden en condiciones favorables. Esto ha agravado la presión de la deuda.
Los países en desarrollo siguen frustrados y escépticos, ya que han perdido la confianza debido al continuo incumplimiento por parte de los países industrializados de su compromiso global de ayuda de 0,7 % de la renta nacional bruta acordado hace más de medio siglo.
Responsabilidades comunes, pero diferenciadas
De todos modos, el compromiso incumplido de 100 000 millones de dólares expirará en 2025. El objetivo de 100 000 millones de dólares es una fracción de lo que se necesita para ayudar a los países en desarrollo a alcanzar los objetivos del Acuerdo de París sobrecambio climático, acordado en 2015.
La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático considera que los países en desarrollo necesitarán al menos seis billones (millones de millones) de dólares para 2030 para poder cumplir con menos de la mitad de sus actuales contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC).
Como destaca ONU Comercio y Desarrollo (UNctad), los países del Sur en desarrollo se enfrentan al doble reto de invertir simultáneamente en desarrollo y en mitigación y adaptación al clima, al tiempo que afrontan los costes de las pérdidas y los daños.
La magnitud de este reto es asombrosa cuando cerca de 900 millones de personas en el mundo no tienen acceso a la electricidad, y más de 4000 millones de personas carecen de una red de seguridad social en la que puedan confiar.
Este reto solo puede afrontarse defendiendo verdaderamente las «responsabilidades comunes, pero diferenciadas».
Es decir, cuando los países y comunidades ricos reconozcan su no inmunidad y respeten los derechos al desarrollo de los países pobres y las comunidades vulnerables. Solo entonces se abrirá paso un nuevo espíritu de cooperación para establecer la justicia climática.
T: MF / ED: EG
