LA HABANA – Tras más de un año de haber sido aprobada por el parlamento de Cuba, entró en vigor el 4 de octubre la Ley de Comunicación Social, que promete transformar el panorama mediático del país, en un contexto marcado por el escepticismo de variados sectores de la ciudadanía.
La norma, acompañada de dos decretos regulatorios, es la primera de su tipo en esta nación insular caribeña.
A la vez, regula el ejercicio de los medios en el país, aunque según periodistas y activistas no parece que dé garantías de que se flexibilice el control estatal sobre los medios de comunicación, por más que sí refiera la responsabilidad de las instituciones estatales a la hora de ofrecer información pública.
También permite abiertamente el empleo de la publicidad y el patrocinio como vías de financiamiento a los medios legalmente reconocidos, una práctica hasta ahora prohibida y apenas perceptible en reducidas excepciones.
“No ha existido en Cuba y no existe en prácticamente ningún lugar del mundo una norma que tenga una conceptualización del proceso de comunicación social con la envergadura y complejidad que el país asume”, afirmó Onelio Castillo, vicepresidente del Instituto Cubano de Información y Comunicación Social, en un panel dedicado a la publicación de la norma en la Gaceta Oficial, en junio de este año.
“Permitir la publicidad en los medios nacionales es la dirección correcta, pero no están preparados ni los directivos ni los trabajadores. Se necesita antes mucha capacitación. Todavía veo lejano en Cuba el ideal del autofinanciamiento de la prensa”: Israel Leiva.
De acuerdo a Castillo, con esa publicación se cierra un ciclo más de 40 años de “debates, aspiraciones, insatisfacciones y sueños de sectores profesionales y académicos que plantearon la necesidad de transformar el sistema comunicacional de Cuba”.
Su demora es, en efecto, uno de los aspectos más criticados de la ley, pues ha sido un reclamo de los sectores periodísticos y comunicacionales tener alguna regulación respecto a los procesos de comunicación social en los distintos ámbitos de la sociedad.
Desde la vigencia de la actual Constitución, en 2019, la aprobación de este documento jurídico se ha ido aplazando en el cronograma legislativo, mientras se iba debatiendo y reescribiendo múltiples veces: en total, participaron en los debates presenciales más de 7000 personas de diferentes áreas profesionales.
“Tener una ley es mejor que no tener ninguna. Me interesa más cómo se podrá aplicar en la realidad lo escrito en el papel”, dijo a IPS Juana, una residente en La Habana que pidió no difundir su apellido.
Contenidos prohibidos
En Cuba rige un modelo socialista y de partido único, el Partido Comunista de Cuba (PCC), con una economía en la que los medios fundamentales de producción pertenecen al Estado, si bien ha habido un aumento de actores privados e inversión extranjera en la economía en los últimos años.
En el caso de los medios de comunicación, los de mayor circulación (de organizaciones políticas y sociales) se subordinan al PCC y coexisten con otros del Estado. Además, están acreditadas agencias y otras publicaciones internacionales.
La nueva ley permite la creación de otros medios con objetivos y perfil editorial específicos, que funcionen como complemento comunicacional de la actividad de su titular; pueden pertenecer, según el artículo 29, a “órganos, organismos y entidades del Estado, organizaciones políticas, de masas y sociales, formas asociativas o a otros actores económicos y sociales legalmente reconocidos».
Sin embargo, actores económicos no estatales, como las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), no podrán crear y gestionar sus propios medios.
Asimismo, pese a que en los últimos años han proliferado publicaciones, la mayoría digitales, autodenominadas independientes que no tienen respaldo legal en el país, estas seguirán estando prohibidas ante la nueva ley.
Esta ley nació rodeada de controversias: muchos líderes de opinión de la sociedad civil, por ejemplo, han expresado preocupaciones sobre que esta ocasione una mayor censura.
“La ley ofrece toda una serie de regulaciones específicas que quedan a interpretación de quien vaya a aplicarla. Esa interpretación va a determinar quién es culpable o no (por violar algún enunciado de esta)”, dijo a IPS Yoelkis Torres, activista por los derechos humanos y las personas en estado de vulnerabilidad.
Para Torres, la ley tiene un nexo bastante amplio con el vigente Código Penal, en vigor desde diciembre de 2022, y podría desencadenar sucesos, a partir de las mencionadas interpretaciones, que atenten contra la libertad de expresión.
El Artículo 13 de la norma, el cual regula los contenidos en los distintos espacios mediáticos, resulta uno de los más polémicos para algunos especialistas, por algunos vacíos que dejan margen a la ambigüedad.
Si bien ofrece garantías de veracidad, apego a la ética y condena la discriminación por razones de sexo, género, orientación sexual, prohíbe que dichos contenidos puedan utilizarse para “subvertir el orden constitucional y desestabilizar el Estado socialista de derecho y justicia social”.
Publicidad en los medios
La flexibilización en el uso de la publicidad ha sido uno de los enfoques de la norma más novedosos para el contexto cubano.
Humberto Fabián Suárez, miembro de la comisión redactora de la Ley de Comunicación Social, se refirió al Decreto 102, el reglamento para el ejercicio de la publicidad y el patrocinio, como una norma inédita en los últimos 70 años en Cuba.
“La última disposición que regulaba la publicidad esencialmente en los medios data de 1955”, aclaró Humberto Suárez ante medios oficiales.
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Según las cláusulas de la reciente ley, la publicidad debe ser transparente y no engañosa, respetar la identidad histórica y cultural del pueblo cubano, salvaguardar “los valores de la sociedad socialista”, así como promover la inclusión y los intereses nacionales.
Además, promueve la formación de una cultura de consumo responsable, razón por la que en el artículo 82 se dictamina que habrá límites de tiempo o espacio para la difusión publicitaria según las características de cada medio.
También se prohíbe, a diferencia de muchos otros países, la interrupción de programas televisivos para reproducir un video comercial, y que se incluyan estos en la programación dirigida a niños y adolescentes, noticieros y espacios informativos.
“Me parece bien que se proteja a los niños de la publicidad. Son espectadores que caerían muy fácilmente ante la promoción de cualquier chuchería (golosina) o cualquier otra cosa”, comentó Juana.
Según un estudio de la española Universidad de Cádiz, la publicidad dirigida a menores de edad debe tratarse con mucho cuidado, pues una mala praxis pudiera incitar, entre otras reacciones perjudiciales, al consumo de alimentos nocivos para la salud.
Incluso en la adolescencia, indica la investigación, “el menor se convierte en un ‘consumidor’ manipulable muy atractivo para los anunciantes, que aprovechan su deseo natural de destacar socialmente, de llegar a ser alguien diferente y admirado por su entorno, para presentarles sus productos o servicios como la clave para alcanzar algo que puede estar solo en su mente”.
La apertura a la publicidad, más allá de los peligros que conlleva, devino como una posible solución a los problemas financieros de los medios de prensa, presupuestados en su mayoría por el Estado, cuyas arcas adolecen por la crisis económica nacional.
Sin embargo, aquello demanda nuevos desafíos para tales medios tradicionales.
Israel Leiva, periodista de la estatal Agencia Cubana de Noticias (ACN) hasta hace pocos meses, explicó que el gobierno permitió a varios medios estatales –entre los que se encontraba su antiguo empleador–, probar nuevos mecanismos de financiación mediante la publicidad con las pequeñas y medianas empresas, antes de la entrada en vigor de la ley.
Según dijo Leiva en diálogo con IPS, la principal dificultad del llamado “experimento”, residía en el escaso personal de la ACN para manejar su agenda pública rutinaria mientras lidiaba con la producción de contenidos patrocinados.
“Permitir la publicidad en los medios nacionales es la dirección correcta, pero no están preparados ni los directivos ni los trabajadores. Se necesita antes mucha capacitación. Todavía veo lejano en Cuba el ideal del autofinanciamiento de la prensa”, agregó.
ED: EG
