CALI, Colombia – José Aruna, un defensor de los bosques de la provincia de Sud Kivu, en la República Democrática del Congo (RDC), recuerda la noche de septiembre de 2019 en que un grupo de hombres fuertemente armados irrumpió en su casa en medio de la noche.
Aruna y su esposa -embarazada de seis meses entonces- estaban en la cama cuando escuchó ruidos de botas en el patio delantero y rápidamente supo que algo estaba a punto de suceder.
Salió silenciosamente de la cama y se escondió detrás de un árbol en la parte trasera de la casa.
«A mi mujer la despertaron unos hombres armados que le preguntaron dónde estaba yo y, cuando les dijo que no lo sabía, le exigieron dinero. Cuando dijo que no tenía dinero, la golpearon en la cara. Luego se turnaron para violarla. Al día siguiente nos fuimos a Ruanda», recuerda Aruna el horror.
Desde entonces, la familia de Aruna vive en Ruanda, pero él ha seguido trabajando en la RDC, a menudo escondido y huyendo, pero sin abandonar nunca la causa.
Dirige un grupo ecologista llamado Congo Basin Conservation Society (CBCS) en las inmediaciones del Parque Nacional de Kahuzi Bieza, que, además de gorilas y chimpancés, es famoso por la secuoya y los vastos depósitos de carbón vegetal.
Los leñadores talan la secoya principalmente para introducirla de contrabando en China, mientras que el carbón vegetal se vende tanto en los mercados nacionales como internacionales. Mientras el CBCS intenta detener a los contrabandistas, sus miembros son atacados con regularidad, secuestrados para pedir rescate y asesinados.
Sobrevivir en los bosques peligrosos
Según el informe Missing Voices (Voces perdidas) de Global Witness 2023, 74 defensores ambientales han sido asesinados en la RDC en la última década, la mayoría en la cuenca del Congo, foco de minería y tala ilegales.
La RDC también figura en el Índice de Paz Mundial como el sexto país más peligroso del mundo. «En la República Democrática del Congo, los rebeldes y las fuerzas armadas campan a sus anchas por determinadas zonas. Los crímenes, como asesinatos, violaciones, secuestros, robos de coches, atracos y asaltos en carreteras, son bastante comunes», dice el informe.
Aruna afirma que los hombres y mujeres de la localidad que intentan preservar la biodiversidad en sus barrios son los que se enfrentan a mayores riesgos.
«Nos aplastan dos males. Por un lado, hay milicias ilegales y armadas que nos persiguen. Por otro, nos amenazan el ejército y los funcionarios corruptos que están directamente relacionados con quienes dirigen negocios ilegales. No tenemos adónde ir», explica.
La superficie total de la cuenca del río Congo es de 3,7 millones de kilómetros cuadrados, el doble que la de su país vecino, Uganda. También se la conoce como el pulmón de África.
Hay docenas de insurgentes armados que operan en la zona, pero es la milicia Owazalendo, asociada con el ejército del Congo y las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo rebelde hutu vinculado al genocidio ruandés de 1994, la más poderosa.
Tanto Owazalendo como las FDLR prestan también apoyo directo a los mineros y madereros ilegales, tanto dentro de los bosques protegidos como fuera de ellos, informa Aruna.
«La mayoría estamos escondidos. Si nos atrapan los rebeldes, nos pedirán que paguemos entre quinientos y cincuenta mil dólares estadounidenses para liberarnos. ¿Te imaginas esa cantidad de dinero?», se pregunta Aruna.
El activista ambiental se encuentra en la ciudad colombiana de Cali, participando en la 16 Conferencia de las Partes (COP16) sobre el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), que comenzó el 21 de octubre y debe concluir este viernes 1 de noviembre.
En la cumbre los representantes de los 196 Estados parte cel CDB negocian la mejor manera de aplicar el Marco Mundial de Biodiversidad (GBF).
La Meta 22 del GBF menciona específicamente que los países deben «garantizar la plena protección de los defensores de los derechos humanos medioambientales», y Aruna cree que es hora de que las partes acepten que los defensores del medio ambiente son muy vulnerables y carecen tanto del apoyo gubernamental como de los recursos necesarios para protegerse.
Armas por armas: el caso de Myanmar
Sunita Kwangta Moomoo es una comunidad indígena karen del estado Kayin, en el sureste de Myanmar, un país bajo gobierno militar y también en plena guerra civil.
El pueblo indígena karen, que junto con el kayin, constituye la mayor parte de la población del estado, reivindica una patria separada para su pueblo, mantiene un conflicto armado que precede al golpe militar y a la caída de la democracia en febrero de 2021.
Sin embargo, las luchas se han intensificado desde que varios grupos prodemocráticos iniciaron una resistencia armada contra el ejército en todo el país, incluido Loikaw, el corazón del estado de Kayin, donde el Ejército de Liberación Nacional Karen lidera la lucha.
Moomoo, que ahora vive en el país vecino, Tailandia, tiene familiares que siguen en Myanmar, explicó a IPS en la Zona Azul de la COP16, que concenta a la sociedad civil que participa en la cumbre.
«La situación es difícil. De vez en cuando, tenemos ataques aéreos de los militares dirigidos a las aldeas. La única forma de escapar a estos ataques aéreos es esconderse en una cueva de la montaña. A veces los militares también realizan incursiones en los pueblos, y siempre siguen una política de ‘tierra quemada’, por lo que lo queman todo -casas, animales, vegetación- a su paso», contó.
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Esto no solo ha destruido vidas humanas, sino también la cultura karena, ya que su sistema de creencias, incluidos los rituales sociales y religiosos, está íntegramente ligado a la tierra y los bosques.
«Cuando sembramos, cuando cosechamos, cuando celebramos un nacimiento, realizamos rituales en la tierra que poseemos o en la que vivimos. Ahora, eso ha desaparecido», explicó Moomoo.
El concepto de defensa del medioambiente, obviamente, tampoco existe ya que la supervivencia se ha convertido en el único objetivo de los karen. Y en la lucha desesperada por la supervivencia, incluso los civiles se han armado. «Ahora todo el mundo es un soldado», lamentó.
«Que los defensores del medioambiente se armen es algo inevitable si el Estado no es capaz de protegerse, y Myanmar es un ejemplo clásico de ello», dijo Joan Carling, directora ejecutiva de la Internacional de Derechos de los Pueblos Indígenas, una organización mundial con sede en Filipinas que trabaja para salvaguardar los derechos de los pueblos originarios.
Filipinas es otro país que ha adquirido notoriedad por los asesinatos de defensores del medio ambiente, especialmente en los territorios indígenas.
Las estadísticas del informe Missing Voices muestran que de los 196 defensores presuntamente asesinados o desaparecidos por la fuerza en todo el mundo en 2023, 17 se encontraban en Filipinas, la cifra más alta de Asia.
En los últimos 11 años han muerto en el país más defensores del medio ambiente que en ningún otro lugar de la región.
Carling, quien también participa en la COP16, revela que el organismo de los pueblos indígenas ha estado exigiendo la formación de un nuevo foro oficial dentro del CDB dedicado a la Defensa de la biodiversidad en conflictos armados.
Pero existen dudas entre los representantes de los pueblos originarios sobre que la COP16 responda a esta demanda y así poder garantizar la seguridad y la inclusión de los pueblos indígenas a medida que comienza la aplicación del FGB en todo el mundo.
La nueva plataforma -un órgano subsidiario permanente- se centraría específicamente en el artículo 8J de la CDB que se compromete, entre otras cosas, a respetar, preservar y mantener los conocimientos, las innovaciones y las prácticas de las comunidades indígenas y locales… para la conservación de la diversidad biológica.
«Necesitamos reconocer a los defensores indígenas del medio ambiente como los actores clave en la conservación de la biodiversidad en esta COP», afirma Carling.
En el punto de mira de los cárteles de la droga
Colombia, país anfitrión de la COP16, ostenta el dudoso récord de ser testigo del mayor número de asesinatos de defensores del medio ambiente.
El país estuvo sumido en un conflicto armado entre el gobierno y la guerrila durante cinco décadas, hasta que firmó un acuerdo de paz con el gobierno en 2016. Durante ese periodo, casi medio millón de colombianos fueron asesinados y desaparecieron forzosamente, de los cuales 200 000 eran civiles.
Hoy Colombia ya no está en conflicto armado, aunque siguen existiendo guerrilleros en algunos puntos, pero sigue siendo testigo de asesinatos de defensores del medioambiente.
El 28 de octubre, en una sesión plenaria centrada en la Meta 22 del Marco Mundial, se reveló que 240 personas habían sido asesinadas entre 2016 y 2024 en Colombia por oponerse a la destrucción de los bosques y la naturaleza. Los responsables de la mayoría de los asesinatos fueron los corredores de los cárteles de la droga.
El 29 de octubre, en un acto paralelo, ponentes de distintas agencias de la ONU y del gobierno de Colombia llamaron la atención sobre la imperiosa necesidad de colaboración internacional para frenar el narcotráfico.
Esto, dijeron, solo podrá hacerse si el tratado de paz se aplica bien y a tiempo y se toman medidas concretas en colaboración con las comunidades internacionales para destruir la cadena de suministro de drogas procedentes de Colombia.
Según José Manuel Peria, responsable de negocios verdes del Ministerio de Medio Ambiente de Colombia, el gobierno ha venido proponiendo nuevas estrategias para garantizar los derechos de los agricultores y de quienes están en primera línea de la conservación del medio ambiente.
Estas incluyen la reestructuración del sistema gubernamental y la construcción de nuevos canales para generar recursos para las comunidades, especialmente con un enfoque medioambiental.
«Ya no se habla solo de producción agrícola, sino de agricultura sostenible. Ahora estamos construyendo esta narrativa en los ministerios y carteras involucrados en todos estos procesos (de implementación del acuerdo de paz). Y de hecho, la biodiversidad y la gestión sostenible de la vida están en el centro mismo de este proceso», afirmó Peria.
Sin embargo, Mary Creagh Raine, Ministra de Naturaleza del Reino Unido, que también intervino en el acto, afirmó que, si bien la actuación a nivel local y nacional era crucial, también era igualmente importante tomar medidas enérgicas contra los mercados internacionales de drogas colombianas.
El Reino Unido, afirmó Creagh Raine, es uno de esos mercados para el cártel de la droga y, si se quiere poner fin al cártel y a la violencia que desata contra los defensores locales del medio ambiente, Colombia y el Reino Unido tendrán que colaborar estrechamente para garantizar que también se cierran la ruta del contrabando y los mercados.
«Aún queda mucho por hacer para garantizar que los delitos contra el medio ambiente y las personas se persiguen y castigan con la severidad que merecen», afirmó Creagh Raine. «La naturaleza transnacional del narcotráfico es moderna, ágil y muy sofisticada. Si realmente queremos ser eficaces, debemos hacer más juntos para demostrar la misma coherencia y coordinación multinacional», añadió.
Sin fin de los conflictos no hay paz con la naturaleza
La COP16 ha tenido como lema «paz con la naturaleza», pero ¿podrá lograrse alguna vez dada la escala actual de guerras y conflictos armados en todas las regiones del mundo y su gran impacto en la biodiversidad?
En respuesta a esta pregunta, António Guterres, secretario general de la ONU, dijo que lograr la paz con la naturaleza solo es posible si hay una solución política a las guerras y conflictos actuales.
«Para hacer las paces con la naturaleza, primero debemos hacer las paces con nosotros mismos. Por eso pedimos un alto el fuego inmediato en Gaza, la liberación de los rehenes y la llegada masiva de ayuda humanitaria a Gaza», dijo a IPS en un receso de la sesión de alto nivel y final de la COP16.
Por eso, añadió, «pedimos la paz en Líbano, una paz que respete la soberanía libanesa, la integridad territorial libanesa y allane el camino para una solución política. Por eso pedimos la paz en Sudán, por la enorme tensión existente».
«Para hacer las paces con la naturaleza, primero debemos hacer las paces con nosotros mismos, porque las guerras se ganan a costa de los impactos más devastadores de la biodiversidad, el clima y la contaminación», consideró Guterres.
T: MF / ED: EG