PUYO, Ecuador – Un derrame de petróleo da la bienvenida al bloque 16, ubicado en el Parque Nacional Yasuní. Entre la selva de uno de los lugares más biodiversos del planeta, resalta el crudo que se desliza, desde hace cuatro meses, hacia los ríos de la Amazonia ecuatoriana.
Ene Nenquimo siente la presencia del derrame incluso varios metros antes de llegar. El aire se vuelve más pesado, dice la vicepresidenta de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe).
Ella ya conoce de memoria esa sensación. Hace 50 años llegó la industria petrolera a su hogar. Los waorani son una de las 11 nacionalidades indígenas que habitan en la selva ecuatoriana. Su territorio se extiende por 800 000 hectáreas de las provincias de Napo, Orellana y Pastaza. Estás últimas dos también albergan al Parque Nacional Yasuní.
Aunque Ene convive desde hace más de tres décadas con estos olores, se niega a acostumbrarse a esta situación. “Vamos a empezar una nueva etapa lejos del petróleo”, dice.
Hace un año, la lideresa festejaba que 59 % de los ecuatorianos votó por detener la explotación petrolera en el bloque 43 o ITT del Yasuní.
Aunque aún no hay muestras claras de que el Estado cerrará la operación del ITT, lejos de desmotivarse, Ene y los demás miembros del pueblo waorani se han organizado para exigir que se cumpla el resultado de la Consulta Popular de agosto de 2023.
Junto a una delegación internacional y a un grupo de comunidades waorani que viven en la zona, Ene acudió el 27 de agosto hasta el área del bloque 16, uno de los cinco que opera dentro del área protegida, y que concentra pozos abandonados.
Su idea era mostrar los efectos de la industria petrolera en el territorio y evidenciar lo que puede ocurrir en el ITT, si no hay un proceso adecuado de remediación y abandono.
Este recorrido marcó el inicio de la Cumbre Internacional por el Yasuní, el espacio que eligieron los waorani para crear una hoja de ruta que les permita alcanzar un futuro lejos de la extracción de los combustibles fósiles en su hogar.
Una cumbre por la transición energética
Al día siguiente, un grupo de mujeres waorani dio la bienvenida a los más de 400 asistentes que llegaron a las jornadas de trabajo de la Cumbre Internacional por el Yasuní, en Puyo, la capital de la provincia amazónica de Pastaza.
“Nuestro territorio empieza desde donde nace y se esconde el sol”, cantaban en su lengua en referencia al Yasuní que, más allá de ser un parque nacional, es considerado su territorio ancestral y el hogar de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario.
Representantes de las 87 comunidades que son parte de la Nawe acudieron a la Cumbre para conocer más sobre el proceso de cierre del bloque 43. Los participantes escucharon charlas sobre el desmantelamiento técnico de las plataformas, las implicaciones legales y los impactos sociales y ambientales.
Una de las mesas se enfocó en los resultados de la Consulta Popular de 2023.
“Llamamos a los pueblos del Ecuador a exigir el cumplimiento de la voluntad soberana sobre el Yasuní, uno de los más importantes hitos históricos para la transición ecológica del mundo y de la selva amazónica, de la que depende el equilibrio del planeta”, decía Juan Bay, presidente de la Nawe, en la inauguración del encuentro.
La exigencia de los waorani se relaciona con los plazos establecidos por la Corte Constitucional.
Este organismo dispuso “un retiro progresivo y ordenado de toda actividad relacionada a la extracción de petróleo en un término no mayor a un año desde la notificación de los resultados oficiales”.
La Consulta Popular se realizó el 20 de agosto de 2023 y los resultados se notificaron el 31 del mismo mes.
A un año de que esto ocurra, el Gobierno anunció que se apagó uno de los 247 pozos del ITT.
Pero según Fernando Reyes, consultor petrolero y ambiental, este evento no marca un avance en el cierre del bloque. Este pozo ya era improductivo porque se convirtió en productor de agua, al igual que otros 54 que están en ese bloque, aclara. En promedio en el ITT, dice, de cada 100 barriles, solo se extraen ocho.
Reyes acudió a la Cumbre para explicar cómo se puede realizar el proceso de cierre y afirmó que es posible hacerlo en los plazos establecidos.
Por otro lado, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, envió una solicitud a la Corte Constitucional para que se lleve a cabo una audiencia pública. El gobierno recomienda que se establezca un plazo de cinco años y cinco meses para el cierre y retiro de la infraestructura del ITT.
Los representantes waorani también critican la falta de inclusión de los pueblos y nacionalidades indígenas en el Comité de la Ejecución de la Voluntad Popular, que fue creado en mayo del 2024 por el Gobierno, y está integrado por representantes de los Ministerios de Energía y Minas, Ambiente, Economía y Finanzas, Mujer y Derechos Humanos y la estatal Petroecuador.
“El gobierno tomó mucho tiempo en dar algunas señales de avance. La cumbre adquiere una relevancia en este contexto porque da una señal fuerte de que las organizaciones comunitarias se están preparando”, dice Esperanza Martinez, cofundadora de la fundación Acción Ecológica y quién ha participado en la defensa del Yasuní desde hace más de 30 años.
Como parte de las acciones prioritarias que se establecieron en las mesas de trabajo, exigen que se los incluya en el proceso de decisiones sobre el cierre y reparación de la zona.
Desarrollo con la industria petrolera
Otro de los puntos que se analizó fue el impacto de la industria petrolera en la salud, educación y mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones que viven en las zonas donde se extrae el crudo.
Desde hace tres meses, la nacionalidad waorani está preparando un censo para conocer estos indicadores. Algunos de los datos que se adelantaron en la cumbre revelan que el 43% de la población waorani no tiene servicios básicos en sus comunidades.
“Es la zona más biodiversa del Ecuador y del mundo y están los peores indicadores sociales del país con contaminación de agua, enfermedades etc. Es trágico”, dice Martínez, quién participó en las mesas de discusión.
Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos demuestran que 66 de cada 100 habitantes de Orellana son considerados pobres. Es decir, viven con menos de USD 3 al día. En Pastaza la cifra asciende a 70% y en Napo alcanza el 74%, lo que la convierte en la provincia con índices más altos de pobreza en el país.
La contaminación ha sido otro problema frecuente. Según cifras del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, entre el 2018 y 2022 se registraron 1503 derrames de petróleo en la Amazonía ecuatoriana.
Esto equivale a alrededor de seis eventos por semana. El derrame del bloque 16, por ejemplo, fue notificado el 11 de junio de 2023. Durante la visita del 27 de agosto, la zona permanecía sin limpiar.
Age Omene Ima, habitante de la comunidad waorani de Guiyero, que está en el bloque 16, dice que estos eventos son frecuentes y afectan a los ríos, que antes eran su principal fuente de agua.
Ahora recogen agua de la lluvia. A Age le preocupa que sus hijos naden en este río, ya que una de sus hijas murió cuando tenía 15 años por una intoxicación al beber esta agua.
Algo similar le ocurrió a Ogay Ima Wao en la comunidad de Tiwino, ubicada en la provincia amazónica de Pastaza. Esta mujer perdió a su hijo de un año y seis meses.
“Murió por falta de atención con vómito y diarrea. Estando la compañía, fueron incapaces de ayudarnos a llevarlo al hospital”, dice Ogay sobre su hijo que ya tendría 25 años.
Una de las resoluciones de la Cumbre fue pedir una auditoría para conocer a dónde se están destinando los recursos que se obtienen de sus territorios. Según datos del Banco Central del Ecuador, las exportaciones totales de petróleo en 2023 fueron de USD 7.823,37 millones.
Un futuro lejos de los combustibles fósiles
Uno de los principales anuncios del último día de la Cumbre fue la adhesión de la Nawe al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Así, los waorani se convirtieron en el décimo pueblo indígena en apoyar esta iniciativa que impulsa la cooperación internacional para poner fin al desarrollo de nuevos combustibles fósiles.
Hasta el momento, la integran nueve naciones indígenas de Perú y 13 países: Vanuatu, Tuvalu, Fiyi, Islas Salomón, Tonga, Niue, Timor-Oriental, Antigua y Barbuda, Palau, Samoa, Nauru, República de Islas Marshall y Colombia.
“Es fundamental pensar que el proceso del Yasuní ha sido pionero a nivel global y hoy esa adhesión de la Nawe y el trabajo hecho durante la Cumbre para generar un mandato de acción, son también documentos referentes de un proceso inédito en el mundo “, explica Andrés Gómez, responsable de América Latina y el Caribe para el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles.
El siguiente paso, dice, es apoyar a los Waorani para que se cumpla con lo establecido por la Corte Constitucional. Para el especialista, es esencial enfocarse en la remediación adecuada de esta zona.
Con esta experiencia, otro de los objetivos del Tratado es fomentar la participación de las nacionalidades indígenas dentro de su construcción y respaldo.
“La adhesión es parte de la creación de modelos de desarrollo alternativo post extractivista para la protección del Yasuní y del pueblo waorani”, cuenta Bay.
Además, la decisión está vinculada a la agenda regional amazónica rumbo a la 30 Conferencia de las Partes de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP30), que tendrá lugar en la ciudad amazónica brasileña de Belém, a fines de 2025.
La nacionalidad waorani entregó el 30 de agosto de 2024 el Plan de Acción por el Yasuní a la Corte Constitucional. Ahora están a la espera de una respuesta que marcará el camino hacía una Amazonía libre de extracción.
Este artículo se elaboró con el apoyo de Climate Tracker América Latina.
RV: EG
