LIMA – La lucha por el derecho a decidir de las mujeres en América Latina y el Caribe, por su acceso al aborto legal, seguro y gratuito sigue vigente en la región donde hay países que lo penalizan totalmente, otros que mantienen regulaciones severas y unos pocos que garantizan mejores condiciones, mientras persisten amenazas de retrocesos.
Este sábado 28 de septiembre, como cada año, se conmemora el Día de la Acción Global por el Acceso al Aborto Seguro y Legal que nació en 1990, en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, celebrado en Argentina.
Desde entonces la jornada internacional por el aborto seguro se ha ido nutriendo con los acuerdos logrados en la Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo, en 1994, donde se reconocen los derechos sexuales y reproductivos como parte de los derechos humanos y de los mandatos de diferentes Comités de Derechos Humanos que han venido exigiendo a los Estado la despenalización del aborto y la protección de los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres.
“Esta es una lucha histórica del movimiento feminista. Hemos avanzado en la región en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres, pero los referidos a los sexuales y reproductivos y al aborto siguen siendo polarizantes, sin embargo, no tenemos duda de que deben estar integrados al conjunto de nuestros derechos”.
Así lo afirmó Aidé García, directora del no gubernamental Católicas por el Derecho a Decidir de México y exdirectora de la Red Latinoamericana de esta organización con presencia en 10 países.
“Hemos visto la gran influencia de los grupos de derecha fundamentalistas religiosos en los países donde está criminalizado el aborto y en otros donde apenas está avanzando en las causales de riesgo de vida de la mujer, malformaciones y peligro para la salud”: Aidé García.
La activista habló con IPS desde Nueva York, donde participaba la última semana de septiembre en diversas reuniones en el marco de la sesión de Alto Nivel de la 79 Asamblea General de Naciones Unidas y de la Cumbre del Futuro.
En América Latina y el Caribe, con más de 660 millones de habitantes, cerca de 51 % son mujeres. Esta población enfrenta desigualdades de género diversas según dio cuenta un reporte conjunto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y ONU Mujeres del 2023.
Según ese informe, tres de cada 10 mujeres en la región se haya en situación de pobreza; una de cada diez vivió situaciones de violencia y, además, la tasa de mortalidad materna es de 87,6 por cada 100 000 nacidos vivos.
En ese contexto, impedir a las mujeres que deciden libremente poner fin a un embarazo o perseguirlas y criminalizarlas por hacerlo, agrava la vulneración a sus derechos humanos y tiene detrás una connivencia entre el patriarcado aún imperante y el peso de la Iglesia católica y ahora aún más de las confesiones evangélicas.
Un estudio del Instituto Guttmacher reveló que entre 2010–2014 ocurrieron 6,5 millones de abortos inducidos en la región. Cuando estos se realizan en condiciones inseguras por barreras legales o falta de recursos económicos causan daños a la salud integral de las mujeres y muchas muertes.
La otra cara de la moneda son las maternidades forzadas.
Un panorama con brechas
“Hay una gran desigualdad en América Latina y el Caribe sobre el tema del aborto” sostuvo García, quien es trabajadora social y feminista, con una vasta experiencia en el aporte a los debates sobre este tema en su país y espacios internacionales.
“Hemos visto la gran influencia de los grupos de derecha fundamentalistas religiosos en los países donde está criminalizado el aborto y en otros donde apenas está avanzando en las causales de riesgo de vida de la mujer, malformaciones y peligro para la salud”, dijo.
Entre los 10 países o territorios donde el aborto está totalmente penalizado se encuentran Belice, El Salvador, Haití, Jamaica, Honduras, Nicaragua, República Dominicana y Suriname.
Es legal en Cuba, el primero en despenalizar plenamente la interrupción voluntaria del embarazo en la región, en 1965, al que siguió Guyana en 1995 y ya en este siglo Uruguay, Argentina, Colombia y México, primero en 13 estados y luego a nivel federal.
En la mayoría, la legislación lo regula solo por causales restringidas –y en muchos casos lleno de obstáculos para llevar a la práctica-, de violación sexual, salud y riesgo para la vida de la gestante, inseminación artificial no consentida y malformaciones fetales incompatibles con la vida.
Se considera que los marcos más favorables son los de Colombia donde el aborto está legalizado durante las primeras 24 semanas de gestación, Argentina y Guyana donde es legal hasta la semana 14, Uruguay y México hasta la semana 12, y Cuba durante el primer trimestre.
Estas incisiones legales para el acceso al aborto reflejan también la resistencia a reconocer el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente un embarazo.
“Luchamos porque se respete la autonomía y la posibilidad que tenemos las mujeres y personas con capacidad de gestar de decidir sobre nuestra reproducción. Reivindicamos el reconocimiento de la autoridad moral que nos compete porque desde una cultura judeo cristiana donde interviene muchas veces el ámbito religioso, culpabilizan a las mujeres que toman decisiones sobre la sexualidad”, sustentó García.
Llamó la atención sobre grupos de interés político, religioso y económico que en la región buscan conservar una tradición fundamentalista que niega a las mujeres decisión y participación pública y política.
“Tiene que ver con un sentido patriarcal y misógino del papel que nos asignan en la sociedad, y esa es una gran lucha que tenemos desde el feminismo porque al final de cuentas, es el control de nuestros cuerpos”, subrayó.
Las mujeres y los movimientos feministas de la región latinoamericana, en contrapartida, luchan extendiendo por la región la marea de pañuelos verdes, nacida en Argentina, con que llenan las calles en varias manifestaciones al año y que simboliza la lucha por el derecho al aborto legal y seguro.
Criminalizadas y perseguidas
Brenda Álvarez es abogada y presidenta de Proyecta Igualdad, organización no gubernamental en Perú, que a través de su línea Justicia Verde brinda acompañamiento legal a fin de evitar situaciones de criminalización en la atención de emergencias obstétricas vinculadas al aborto, una realidad dramática y poco conocida en el país.
Con 33 millones de habitantes, el país sudamericano es uno de los más restrictivos en el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres. Desde 1924 el aborto está penalizado, salvo por razones terapéuticas, cuando está en peligro la vida de la gestante o existe riesgo de un daño grave y permanente en su salud.
Las luchas feministas y de los movimientos de mujeres de las últimas décadas por despenalizarlo se toparon con la oposición de conservadores ligados a grupos religiosos católicos y evangélicos, al punto que, pese a que el aborto terapéutico cumplió 100 años de vigencia este 2024, el protocolo para su implementación apenas 10 y con limitaciones.
“En plena pandemia nos enteramos del caso de Diana Aleman, venezolana migrante irregular que murió en un hospital público a causa de la criminalización del aborto y el hostigamiento que vivió. Al acompañar el caso nos dimos cuenta que no era el único, que más personas vivían esta situación y que estaban siendo procesadas”, declaró Álvarez a IPS en su oficina en Lima.
Refirió que las mujeres que acuden a los establecimientos de salud por una emergencia obstétrica relacionada al aborto están en pobreza y precariedad, desinformadas de sus derechos y en esas circunstancias enfrentar la violencia estatal.
“No solo es una mala atención médica o una hostilización al momento del servicio, sino lidiar en la misma sala de emergencia con interrogatorios de la policía, de la fiscalía, incluso tomas de muestra con representantes del Instituto de Medicina Legal como fue el caso de una adolescente hace unas semanas que llegó inconsciente con neumonía y un shock séptico. Así querían tomarle su declaración”, reveló.
Realizaron entre 2020 y 2021 el estudio Nacer con Útero donde se indica que cada año se reportan más de 184 denuncias policiales por aborto y más de 633 de investigaciones fiscales. “Era alarmante, incluso se perseguían y judicializaban casos de aborto terapéutico que no son punibles, hallamos 55; y encontramos sentencias incluyendo a adolescentes”, alertó.
El personal de salud denuncia las emergencias obstétricas si sospechan de abortos en seguimiento del cuestionado artículo 30 de la Ley General de Salud N°26842 y “las autoridades acuden prestas como si no hubiera en el país delitos graves que perseguir”. Álvarez explicó que no se cumple la garantía del debido proceso y son procesos ilegales.
“Esto es problemático porque muchas veces la única prueba que termina en condena de aborto es la declaración que toman de las mujeres, niñas y adolescentes en los servicios de salud en un contexto de coacción y de absoluta orfandad de protección legal”, denunció.
Entre los impactos de la criminalización del aborto en la vida de las mujeres mencionó la pérdida de oportunidades laborales y de salud mental, la incertidumbre que supone tener antecedentes penales para la posibilidad de tener o no trabajo, lo onerosos que significa acudir al sistema de justicia “aun cuando la defensa legal sea de oficio que, hemos visto, es ineficiente e ineficaz y parte del sistema de condena.
Planteó, además de la urgencia de despenalizar el aborto, la necesidad de promover un empoderamiento ciudadano generando herramientas para que las mujeres puedan saber cuáles son sus derechos y que puedan ejercerlos cuando acuden a un hospital con una emergencia obstétrica. En ese sentido, su organización ha desarrollado materiales de divulgación y sensibilización.
Mejorar la ley y riesgos en la región
Hace 12 años Uruguay aprobó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo hasta las 12 semanas de gestación, significó un avance importante en la región y fue resultado de una lucha larga de las mujeres y feministas por la legalización del aborto. La ley estableció también causales en casos de riesgo grave de salud de la mujer, de violación y de malformaciones incompatibles con la vida extrauterina.
Soledad Gonzales, politóloga especializada en género, sostuvo en declaraciones a IPS desde Montevideo, la necesidad de trabajar por una nueva ley que quite las restricciones persistentes.
Ellas, en la práctica, significan barreras para el ejercicio del derecho como son la junta interdisciplinaria que evalúa la solicitud de la mujer, la cita con ella para informarla de alternativas y tras cinco días como mínimo ella expresar su ratificación o no para según lo decidido proceder.
“Hay que hacer una nueva ley. Por ejemplo, no siempre las mujeres se dan cuenta de que están embarazadas a los tres meses. Terminan abortando en la clandestinidad habiendo comenzado el aborto en la legalidad”, manifestó.
Gonzales adelantó que las posibilidades que tenga esta propuesta en la que coinciden organizaciones de mujeres y feministas dependerá de los resultados de las elecciones generales el 30 de octubre en su país.
García, de Católicas por el Derecho a Decidir, también evaluó que depende de las posiciones de los gobiernos, si son conservadores o progresistas, para incrementar los riesgos de retrocesos en los derechos reproductivos de las mujeres, como es la libertad de decidir sobre sus cuerpos y acceder al aborto en condiciones seguras y gratuitas.
“Eso es parte de la lucha histórica que nos lleva a no bajar nunca la guardia”, dijo.
ED: EG
