LONDRES – Arabia Saudí ha ejecutado a 198 personas a lo largo de 2024, el mayor número de ejecuciones registrado en ese país desde 1990, afirmó en un reporte este lunes 30 la organización Amnistía Internacional (AI).
Las autoridades saudíes “están llevando a cabo un baño de sangre implacable, que muestra su escalofriante desprecio por la vida humana, al tiempo que promueven una campaña de palabras vacías para renovar su imagen”, expresó Agnès Callamard, secretaria general de AI.
“La pena de muerte es un castigo abominable e inhumano que Arabia Saudí usa contra las personas por una amplia gama de delitos, incluidos la disidencia política y cargos relacionados con las drogas, tras juicios manifiestamente injustos”, agregó Callamard.
AI deploró que a pesar de las reiteradas promesas de limitar el uso de la pena de muerte, las autoridades sauditas han multiplicado el número de ejecuciones, al tiempo que “incumplen sistemáticamente las normas internacionales sobre juicios justos” y las salvaguardias para las personas procesadas.
Las ejecuciones por delitos de drogas se dispararon este año: 53 hasta la fecha -una ejecución cada dos días solo en julio—, frente a solamente dos en 2023.
“(Las autoridades saudíes) están llevando a cabo un baño de sangre implacable, que muestra su escalofriante desprecio por la vida humana, al tiempo que promueven una campaña de palabras vacías para renovar su imagen”: Agnès Callamard.
Las autoridades también han utilizado la pena de muerte como arma para silenciar la disidencia política, castigando a los miembros de la minoría chiíta del país (la mayoría sigue la rama sunita del islam), quienes apoyaron las protestas “antigubernamentales” entre 2011 y 2013.
AI sostiene que la monarquía árabe debe establecer de inmediato una moratoria de las ejecuciones, “y ordenar que se vuelva a juzgar a las personas condenadas a muerte de conformidad con las normas internacionales y sin recurrir a la pena capital”.
Entre otros casos, destacó que el 17 de agosto de 2024, la agencia saudita de noticias (SPA) anunció la ejecución de Abdulmajeed al Nimr, agente retirado de la policía de tráfico, por delitos de terrorismo relacionados con su pertenencia a Al Qaeda, organización responsable de atentados terroristas en América y el Medio Oriente.
Sin embargo, sus documentos judiciales cuentan otra historia sobre los cargos, que están relacionados con su presunto apoyo a las protestas “antigubernamentales” en la provincia Oriental de Arabia Saudí, de mayoría chiíta.
Al Nimr fue condenado inicialmente por el Tribunal Penal Especializado a nueve años de prisión el 25 de octubre de 2021, acusado de “intentar desestabilizar el tejido social y la unidad nacional participando en manifestaciones […] apoyando disturbios, coreando consignas contra el Estado y sus gobernantes”.
También de “disentir de la decisión de detener y enjuiciar a personas buscadas” y de unirse a un grupo de WhatsApp en el que había personas buscadas por motivos de seguridad. Tras la apelación, su condena fue aumentada hasta la pena de muerte.
Tras su detención el 28 de octubre de 2017, se denegó a Al Nimr durante dos años el acceso a asistencia letrada en los interrogatorios y en el periodo de prisión preventiva. Pasó tres meses detenido sin que se le informara del motivo para ello.
Según un documento judicial, la sentencia condenatoria de Al Nimr se basó únicamente en una “confesión” que, según dijo el condenado, fue obtenida bajo coacción, incluida la reclusión en régimen de aislamiento durante mes y medio.
Entre mayo y junio fueron ejecutadas por delitos de drogas tres personas de nacionalidad extranjera, procedentes de Siria y Nigeria. Este aumento ha continuado y de las 53 personas ejecutadas únicamente por delitos de drogas en todo el país, 38 son extranjeras.
Este repunte de las ejecuciones por delitos de drogas suscita serios temores por la suerte de decenas de personas presas condenadas por delitos similares actualmente en espera de ejecución. Este lunes fueron ejecutados por delitos de drogas dos hombres egipcios que estaban recluidos en la prisión de Tabuk.
Otro caso es el de Omar (seudónimo), quien pudo narrar a AI que “llevo siete años en el corredor de la muerte por la posesión de ocho gramos de hachís. También fui declarado culpable de la intención de recibir drogas, que no confesé y que he negado. ¿En qué otro lugar del mundo se condena a muerte a alguien por esto?”
“Condenar a muerte a personas tras juicios injustos que carecen de transparencia y de las debidas garantías procesales es abominable y pone de relieve la cruda realidad del país”, dijo Callamard.
En su opinión “la única manera de limpiar la imagen del país es a través de una reforma genuina y la adhesión a los derechos humanos y el derecho internacional. De lo contrario, estos hitos represivos quedarán en primera línea de cualquier campaña”.
AI se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado o del método de ejecución utilizado por el Estado.
En 2022, Arabia Saudí ejecutó a 196 personas, la cifra anual de ejecuciones más elevada registrada por AI en los últimos 30 años, hasta que surgió el nuevo registro correspondiente a 2024.
El año pasado fue Irán, con un total de 853 ejecuciones, el responsable de las altas cifras de aplicación de la pena capital en el mundo, 1153, escoltado en la trágica lista por Arabia Saudí, China, Estados Unidos y Somalia.
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